Ley de Partidos: Propuestas

Esta sección pone a disposición de los usuarios del Observatorio Político Dominicano (OPD) las propuestas legislativas que han protagonizado, con mayor o menor intensidad, los esfuerzos por una ley de partidos en República Dominicana. Existe más de una versión de algunos proyectos, consecuencia de sus repetidos pasos por el Congreso o de las reconsideraciones de sus proponentes. Ello ocurre con el identificado como COPRYME-Sociedad Civil y con el de la Cámara de Diputados.

Se presentan además, importantes iniciativas en materia electoral que, por ende, guardan relación con el proyecto de ley de partidos.

Proyectos de Ley de Partidos

Otras iniciativas

Unidad de Partidos Políticos

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Cuota femenina en la legislación dominicana y de América Latina

Omar Alejandro
Coordinador Unidad de Partidos Políticos

Artículo publicado originalmente en El Caribe (octubre 9, 2012), p. 12

Las denominadas leyes de cuotas reservan un mínimo de candidaturas a cargos electivos para un segmento específico de la población. Cuando la previsión se orienta a fomentar la participación de mujeres como contendientes en los certámenes electorales se suele denominar cuota femenina.

Se trata de un tipo de acción afirmativa o discriminación positiva que persigue la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder político. Mientras algunos sugieren que el trato diferenciado es contradictorio al propio objetivo planteado, otros argumentan que las condiciones de desigualdad prexistentes solo pueden nivelarse mediante este tipo de acciones positivas.

En palabras de la fenecida socióloga dominicana Isis Duarte, las acciones afirmativas parten de la constatación empírica de que, pese a que la mayoría de las constituciones modernas consagran el principio de la no discriminación, en la práctica existen barreras socioculturales y fuertes condicionamientos históricos que impiden materializar este principio.

La Ley 275-97, promulgada el 21 de diciembre de 1997, determinó por primera vez que en República Dominicana los partidos otorgaran un porcentaje de sus candidaturas a mujeres. La ley definió que un mínimo de 25% de los candidatos a cargos electivos de los partidos debía ser de sexo femenino. Posteriormente, el 30 de marzo de 2000, esta ley fue modificada por la Ley 12-00, que incrementó el porcentaje a 33.33%, pero especificando que no incluía los cargos electivos de senador y síndico (alcalde, a partir de la Constitución de 2010).

Sin embargo, el mismo día fue promulgada la Ley 13-00 que modificó la antigua Ley de Municipios 3455, la cual estipuló que los partidos deberían incluir al menos una mujer en las candidaturas a síndico o a las de vicesíndico de cada municipio. Esto quiere decir que cuando un partido presentare un candidato a síndico, debía presentar una candidata a vicesíndica y viceversa. Este dispositivo se mantuvo en el artículo 34 de la nueva Ley de Municipios 176-07.

Tabla 1. Elección de candidatos en la legislación electoral dominicana y en el Proyecto de Ley de Partidos de la JCE

Fuente. Elaboración propia.

Unidad de Partidos Políticos

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Procesos internos para la elección de candidatos

en República Dominicana y América Latina

Omar Alejandro
Coordinador Unidad de Partidos Políticos

Artículo publicado originalmente en El Caribe (octubre 2, 2012), p. 12

Este artículo se preocupa por las previsiones legales acerca del proceso de elección de candidatos a cargos electivos, contenidas en la legislación electoral dominicana vigente, en los proyectos de ley de la JCE enviados al Congreso y en la legislación latinoamericana.

El proceso de elección de candidatos se lleva a cabo mediante elecciones internas, primarias o convenciones.

Las elecciones primarias o internas, pueden ser abiertas, semi abiertas o cerradas. En las abiertas pueden votar todos los ciudadanos con derecho al voto, independientemente de su militancia partidaria. En las semi abiertas, tienen derecho al voto los miembros del partido y los ciudadanos que no pertenezcan a otro partido. En las cerradas solo tienen derecho al voto los militantes registrados en el padrón del partido que realiza las primarias.

Las convenciones o asambleas corresponden al proceso eleccionario interno de los partidos en que los candidatos a cargos electivos son designados por órganos colegiados.

En el caso dominicano, los partidos han gozado de plena libertad para decidir la forma en que designan sus candidatos. Ley Electoral 275-97 utiliza el término convención para referirse a la pluralidad de procesos que utilizan los partidos para escoger los candidatos a cargos electivos. Por ejemplo, los estatutos del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) establecen cinco mecanismos posibles que pueden ser empleados para tales propósitos. Éstos son tres tipos de primarias cerradas, una primaria semi abierta y, por último, una asamblea de delegados o convención. En el PLD se llevan a cabo primarias cerradas para elegir a la mayoría de los candidatos, mientras en el PRD se utilizan primarias semi abiertas, especialmente en los procesos que se llevan a cabo en el Distrito Nacional. Sin embargo, muchos candidatos son designados por las cúpulas de los partidos.

En el año 2004 fue promulgada la Ley 286-04 bajo el considerando de que “como expresión auténtica de una democracia plena, efectiva y participativa, los partidos políticos deben aplicar mecanismos de elección popular libre, abiertos y democráticos”. Esa legislación estableció que todos los partidos seleccionarían sus candidatos para los diferentes cargos electivos mediante elecciones primarias abiertas, de voto directo y secreto. La Ley 286-04 también estableció la simultaneidad de los procesos, esto es, las primarias de todos los partidos serían realizadas el mismo día.

Según interpretación de algunos, la Ley 286-04 ajustó los partidos políticos dominicanos a lo que es la máxima expresión de participación democrática. Es decir, toda la ciudadanía, independientemente de su militancia partidaria, podría elegir los candidatos de cada partido. Otros objetan que dicha ley permite a personas no afiliadas e incluso afiliadas a otros partidos, influir en la candidatura del partido que realiza su elección. En el debate en torno a la Ley 286-04 tuvieron especial importancia los argumentos que aludían a la autonomía partidaria para decidir la forma en que se realizan los procesos internos.

Antes de que esa legislación tuviera su primera oportunidad de aplicación, la Fundación Derecho y Democracia elevó un recurso directo de inconstitucionalidad, que fue acogido por la Suprema Corte de Justicia. En marzo de 2005, la Ley 286-04 fue declarada como no conforme a la Constitución, quedando derogada en todas sus partes.

Tabla 1. Elección de candidatos en la legislación electoral dominicana y en el Proyecto de Ley de Partidos de la JCE

El proyecto de Ley de Partidos de la JCE establece las elecciones primarias como único mecanismo para la selección de candidatos. Los partidos podrán escoger el tipo de padrón o lista de electores que desean utilizar, decidiendo con ello el tipo de primarias a realizar (abiertas, semi abiertas o cerradas).

La implementación de las primarias significa la participación universal (o al menos el derecho a hacerlo) en la elección de los candidatos de cuando menos todos los miembros de cada partido. Su obligatoriedad fortalece a las bases y dirigencias medias frente a las cúpulas partidarias, propugnando por las fórmulas democráticas. Sin embargo, el proyecto contempla que la alta dirección de los partidos podrá reservar hasta 20% de las candidaturas, para ser asignadas fuera de las primarias.

Procesos de selección de candidatos en la legislación de AL

De los 17 países latinoamericanos considerados para este estudio, 3 no regulan los procesos internos de selección de candidatos por parte de los partidos políticos; 7 dejan en libertad a los partidos para fijar la modalidad en sus estatutos; y 7 regulan detalladamente dichos procesos.

·  Chile, El Salvador y Nicaragua son los únicos países de los considerados en este artículo que no tienen previsiones legales sobre los procesos internos para la elección de candidatos.

·  En las legislaciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, Panamá y Perú se indica que los estatutos de los partidos deben establecer la forma en que los partidos designarán sus candidatos.

·  Argentina, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Venezuela y Uruguay  establecen mecanismos específicos para la elección de candidatos. De este grupo, Ecuador se asemeja a aquellos que dejan a los estatutos de los partidos definir la forma de elección, ya que el denominado Código de la Democracia prescribe las opciones de primarias abiertas, cerradas o elecciones representativas (convenciones).

Guatemala es el único caso donde la ley establece que los partidos utilizarán específicamente órganos colegiados para la selección de sus candidatos. Esta realidad parte de una legislación altamente interviniente en la vida de los partidos que regula numerosos aspectos de su organización interna e inclusive dicta funciones a sus órganos de dirección y puestos de dirigencia.

Honduras, Paraguay y Venezuela establecen, aunque no de manera explícita, la realización de primarias al menos cerradas. Esas disipaciones que aparecen como garantía de igualdad de todos los afiliados de los partidos para elegir y ser elegidos en candidaturas propuestas por el partido político encuentran reproducción en los estatutos como primarias cerradas.

Por último se encuentra el caso de Argentina y Uruguay. Esos dos países establecen como mecanismo obligatorio las primarias abiertas y simultáneas. En el caso de Argentina, la ciudadanía no sólo puede votar sino que es obligatorio acudir a sufragar en las elecciones primarias.

En cuanto a la simultaneidad, sólo Argentina, Honduras y Uruguay establecen elecciones primarias simultáneas. En el caso de Argentina y Uruguay se debe a la propia característica de esos procesos, que los hacen lucir como unas elecciones generales: utilizan el padrón de electores y son organizadas por los órganos electorales del país.

Tabla 2. Elección de candidatos en las legislaciones electorales y de partidos en las legislaciones electorales de 17 países de América Latina.

*Para este trabajo fueron consultadas directamente las normas electorales y de partidos de los países que se analizan en la serie.

Agosto, G. y Cueto, F. (2002). Los partidos por dentro: estructura y funcionamiento del PRD, PRSC y PLD: 1978-2002. Santo Domingo: Centro de Estudios Sociales Padre Juan Moltavo.

Freidenberg, F. (2007). Democracia interna en los partidos políticos. En D. Nholen, D. Zovatto, J. Orosco y J. Thomson. (Comps.). Tratado de derecho electoral comparado. México: IIDH/Fondo de Cultura Económica, pp. 627-678.

Observatorio Político Dominicano (2012). Matriz de legislación electoral y de partidos de Latinoamérica. Recuperado el 25 de septiembre de 2012 desde: www.opd.org.do.

Unidad de Partidos Políticos

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Acceso de los partidos a los medios de comunicación en

la legislación latinoamericana

Omar Alejandro
Coordinador Unidad de Partidos Políticos

Artículo publicado originalmente en El Caribe (septiembre 25, 2012), p. 12

El papel de los medios de comunicación se torna cada vez más importante en la competición electoral. El acceso a ellos por parte los partidos políticos es el punto central de las campañas electorales. Por tal razón, junto al criterio de distribución del financiamiento público que se les otorga y la regulación del financiamiento privado (ya abordados en esta serie), conforman una trilogía decisiva para la definición de elecciones verdaderamente competitivas.

Este artículo se preocupa principalmente por las regulaciones concernientes al acceso de los partidos a los medios de comunicación. Los medios estatales, en cumplimiento de las funciones que les asigna la ley, y los medios privados, movidos por el ánimo de lucro, cumplen la función social de canalizar los mensajes de las organizaciones que contienden en el proceso electoral. La regulación de esa función social busca promover la equidad en las oportunidades que tienen los partidos de incidir en la valoración que hacen los individuos de sus candidatos y sus ofertas electorales.

Otro punto tratado son las restricciones a la publicidad gubernamental durante el período electoral. La rentabilidad electoral que perciben los partidos de gobierno de la publicidad estatal se opone a la necesaria vulnerabilidad electoral de los partidos de gobierno. Dicha vulnerabilidad, acorde el científico político Stefano Bartolini, es una de las características de las elecciones competitivas.

El acceso partidario a los medios en República Dominicana

La legislación electoral dominicana ha sido sumamente tímida al momento de regular el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. Se ha limitado a establecer su acceso gratuito a los medios de comunicación estatal y a permitir la colocación ilimitada de publicidad pagada en los medios de comunicación. Queda sin regular la publicidad gubernamental durante la campaña electoral.

Tabla 1. Acceso de los partidos a los medios de comunicación en la legislación electoral dominicana y en los proyectos de ley de Partidos Políticos y de Reforma Electoral

El Proyecto de Ley de Partidos sometido por la JCE al Congreso propone la regulación de la publicidad gubernamental durante el período de campaña, pero no se pronuncia sobre otros aspectos del tema. El párrafo 2 del artículo 53 del Proyecto estable que “se prohíbe el uso de recursos públicos provenientes de cualquiera de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo los Ayuntamientos Municipales, para financiar actividades de rentabilidad electoral particular, inclusive aquellas que se deriven de inauguraciones oficiales de obras construidas por cualquiera de sus instancias durante el periodo correspondiente a seis (6) meses antes del día de las elecciones generales convocadas para cualquiera de sus niveles”.

El Proyecto de Reforma a la Ley Electoral viene a complementar el de Partidos Políticos cuando dispone el acceso gratuito de los partidos políticos a los medios de comunicación del Estado y permite la compra ilimitada de espacios en los medios de comunicación privados.

El acceso partidario a los medios en América Latina

De los 17 países considerados en este artículo, 14 contemplan el acceso gratuito de los partidos a los medios de comunicación públicos o privados durante el período electoral. Sólo Costa Rica, Honduras y Venezuela no lo contemplan.

De esos 14 países, en 9 (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y Perú) el acceso gratuito incluye tanto medios de comunicación públicos como privados. Los otros 5 (Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Uruguay), como en el caso dominicano, sólo contemplan acceso gratuito a los medios estatales.

Sobre la compra de publicidad, de los países considerados, 12 permiten la contratación privada de espacios publicitarios y 5 la prohíben. Estos últimos son Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y México, cinco de los países que disponen el acceso gratuito a publicidad tanto en medios de comunicación estatales como en privados.

De los 12 países que permiten la compra de publicidad privada, 5 permiten la compra ilimitada de publicidad y 7 establecen límites. Los primeros 5 son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Uruguay. Los que se establecen límites a la contracción son Bolivia, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela.

A partir de los 4 aspectos considerados hasta el momento, los países se pueden dividir en 6 categorías, según el grado en que regulan el acceso a los medios:

En la primera categoría figuran Costa Rica y Hondura. Estos dos países no prevén acceso gratuito a los medios, permiten la contratación privada de publicidad y no ponen límites a la cantidad de publicidad que pueden contratar los partidos.

Panamá y Uruguay entran en la segunda categoría, como países que contemplan acceso gratuito a los medios estatales, permiten la contratación privada de publicidad y no ponen límites directos a esa contratación. En este grupo se encuentra también República Dominicana, y continuará en el mismo si los proyectos son aprobados por el Congreso en su redacción actual.

El Salvador se encuentra solo en la tercera categoría. La legislación de este país establece el acceso gratuito a medios públicos y privados, permite la contratación privada de publicidad, pero no pone límites a la cantidad de espacios contratables.

Bolivia, Guatemala, Nicaragua y Venezuela entran en una cuarta categoría, de países cuya legislación contempla acceso gratuito a medios de comunicación estatal y permite la contratación privada, pero la limitan a una cantidad determinada de espacios o tiempo.

Colombia, Paraguay y Perú añaden a las características de la categoría anterior, el acceso gratuito a los medios privados.

Por último, Argentina, Brasil, Chile¹, Ecuador y México contemplan acceso gratuito a los medios, pero prohíben la contratación privada.

Un último aspecto a considerar es la limitación a la publicidad estatal durante la campaña, entendida ésta como aquella, diferente a la de los órganos electorales, dirigida a promocionar el buen desempeño del gobierno (inauguraciones, ejecución de proyectos, etc.). Con este mecanismo se pretende evitar que el partido en el gobierno (central, municipal, estadual o congresual) tenga una cuota extra de propaganda, la cual los partidos de oposición suelen denominar publicidad electoral enmascarada.

Argentina, Bolivia, Ecuador, Guatemala, México, Panamá y Perú son los 7 países con legislaciones que limitan la publicidad estatal en el período electoral. La limitación varía significativamente de país a país.

En Argentina la prohibición refiere a los últimos 15 días anteriores al día de las elecciones, siendo, por su corta duración, el más benigno de los 7 países.

Panamá no prohíbe la publicidad estatal, pero indica que el gobierno no utilizará más cuñas que las utilizadas en promedio en los seis meses que anteceden a las votaciones. La limitación abarca el período del último mes antes de las elecciones.

En Guatemala, la limitación recae sobre los funcionarios, los cuales no podrán aparecer en la publicidad, y sobre las inauguraciones de obras, que no podrán hacerse públicamente.

En Bolivia, Ecuador, México y Perú la prohibición es universal: está prohibida toda la publicidad estatal durante toda la campaña electoral.

Otras variables relacionadas con el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación no pueden ser consideradas en este artículo por limitaciones de espacio. Pero se plantea para consideración del lector y futuras profundizaciones. Entre las mismas están: los criterios para la asignación de las cuotas gratuitas entre los diferentes partidos, las regulaciones para la colocación y selección de los medios en la publicidad privada comprada, cuando está sometida a límites.

Tabla 2. Acceso de los partidos a los medios de comunicación en las legislaciones electorales de 17 países de América Latina.

Unidad de Partidos Políticos

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Financiamiento público directo a los partidos en la legislación latinoamericana

Omar Alejandro
Coordinador Unidad de Partidos Políticos

Artículo publicado originalmente en El Caribe (septiembre 11, 2012), p. 12

El financiamiento a los partidos políticos, que puede ser público o privado, es uno de los temas de mayor interés a la hora de discutir un marco legal para organizaciones políticas. Por el lado positivo, el financiamiento público reduce su dependencia de los grupos de interese económico y los hace menos vulnerables al crimen organizado. Por el lado negativo, este tipo de financiamiento puede crear una fuerte dependencia estatal y llevar a la pérdida de contacto con la sociedad (Gidlund, en Zovatto, 2007).

La legislación latinoamericana en materia de financiamiento a los partidos políticos tiende a favorecer el financiamiento mixto, que combina financiamiento público y privado, con distinto alcance y nivel de restricción.

Este artículo analiza los criterios de distribución del financiamiento público directo partidario en América Latina. Es decir, bajo qué criterios y condiciones  se  asignan a los partidos políticos fondos del erario público.  No se contempla el financiamiento público exclusivamente electoral, que muchas veces responde a otros criterios, sino el financiamiento permanente a los partidos.

De 17 países investigados para este artículo, solo 11 son considerados en el análisis. Chile, El Salvador, Honduras y Nicaragua fueron excluidos, debido a que  únicamente otorgan financiamiento electoral y no cuotas periódicas o montos totales destinados a formar un fondo partidario permanente para actividades regulares de los partidos. Bolivia y Venezuela también son excluidos, ya que no conceden  financiamiento público a los partidos.

El caso dominicano

En 1997, la ley 275-97 estableció por primera vez el financiamiento público directo a los partidos políticos en República Dominicana. En su forma original, el criterio de asignación fue altamente proporcional a la fuerza electoral y, por consiguiente, muy favorable a los partidos grandes. En 2005, las modificaciones introducidas por la Ley 289-05, establecieron un criterio de asignación más igualitario, pero que excluye de la mayor parte de los recursos a los partidos que no obtienen al menos  5% de los votos válidos.

Tabla 1. Legislación dominicana sobre financiamiento a los partidos y cambios propuestos por el Proyecto de Ley de Partidos

Fuente: Elaboración propia.

*Para tener derecho al financiamiento público los partidos sólo necesitan obtener o mantener el reconocimiento que otorga la Junta Central Electoral (JCE). Pese a que la mayoría de ellos no obtiene el 2% de los votos válidos, logran conservar su reconocimiento mediante alianzas con los partidos grandes, con las que adquieren representación congresual o municipal.

**En años electorales esa cifra se multiplica por dos.

La tabla 1 muestra los cambios ocurridos en la legislación dominicana y lo que establece el proyecto de Ley de Partidos Políticos que cursa en el Congreso. Como se observa, el proyecto de Ley de Partidos se inclina a favor de que la asignación de fondos públicos a los partidos políticos se haga en proporción a la fuerza electoral y deja sólo 20% a la distribución igualitaria. De aprobarse como fue sometido por la JCE, el paísvolvería a un marco similar al establecido por la antigua Ley 275-97.

La experiencia latinoamericana

Fuente de financiamiento

El monto total de la contribución estatal permanente a los partidos políticos es determinado de forma distinta en cada país. Pese a las diferencias, los criterios se pueden agrupar en cuatro: i) dando un valor monetario a cada voto sufragado; ii) dando un valor monetario a cada ciudadano inscrito en el registro; iii) consignando un porcentaje fijo de los ingresos o egresos estatales del presupuesto; iv) consignando un monto absoluto anualmente en el presupuesto. En algunos países se contemplan además otras fuentes, como los ingresos estatales por concepto de multas.

En cuatro (36%) de los 11 países latinoamericanos con financiamiento estatal a la actividad partidaria, se da un valor monetario a cada voto. O sea, el monto anual del financiamiento se determina multiplicando los votos sufragados por una cantidad determinada, que suele ser ajustable. Guatemala, Paraguay y Uruguay lo hacen tomando en cuenta los votos válidos; Perú, los votos emitidos. Sin embargo, en este último caso la norma se aplica de forma que, a la hora de la distribución, el 100% es formado sólo por los votos validos obtenidos por los partidos que tienen derecho al financiamiento.

En tres países (un 27%) -Brasil, Colombia y México-, el monto total es determinado por la cantidad de inscritos en el registro electoral. Otros tres (Costa Rica, Ecuador y Panamá) establecen un porcentaje fijo consignable en el presupuesto. En el caso de Costa Rica, como porcentaje del Producto Interno Bruto. Argentina es el único país en el que el monto del financiamiento anual a los partidos no está establecido por ley.

El umbral para el financiamiento

De los 11 países de América Latina considerados en este análisis, 5 (45%) contemplan alguna clase de umbral, más allá del registro, para acceder a fondos públicos. En Argentina, el umbral hace referencia a una cantidad porcentual de votos. En Costa Rica y Guatemala, el umbral se presenta de manera disyuntiva o supletoria: los partidos deben alcanzar un porcentaje de votos (4 y 5 por ciento, respectivamente) o, en su defecto, tener representación congresual. En Perú y Uruguay, el umbral consiste en tener representación congresual.

En cuatro de estos países, no alcanzar el umbral establecido excluye totalmente de la recepción de fondos. Sólo Argentina excluye únicamente de una parte de los fondos (la mayor parte), tal como sucede en la legislación actual dominicana. La diferencia es que mientras en Argentina ese umbral consiste en la obtención de una cantidad de votos equivalente al 1% del total de inscritos en el padrón, en RD el umbral establecido es 5% de los votos validos del último proceso electoral. En ese tenor, el proyecto de Ley de Partidos presentado por JCE eliminaría todo umbral cuantitativo, lo que equivale a decir que todo partido, por el hecho de estar registrado, tendría acceso a financiamiento público.

Distribución de los fondos públicos

En general, los fondos públicos asignados a los partidos se distribuyen de forma igualitaria o en proporción a la fuerza electoral y/o a la representación parlamentaria. Rara vez se utiliza uno solo de estos criterios. Mayormente se recurre a un criterio mixto, según el cual una parte se consigna igualitariamente entre todos los partidos y otra de acuerdo a los votos o escaños congresuales obtenidos.

De los 11 países considerados en este análisis, siete (64%) distribuyen los fondos públicos entre los partidos utilizando un criterio mixto. Otros cuatro países (Costa Rica, Guatemala, Paraguay y Uruguay) lo hacen exclusivamente de forma proporcional. En ninguno, la distribución igualitaria es el único criterio de distribución.

Conclusión

De este rápido análisis se concluye que la legislación latinoamericana prioriza la distribución proporcional del financiamiento público permanente a los partidos políticos (fondo partidario). Estos es, los fondos se distribuyen en proporción a los votos válidos obtenidos en el último proceso electoral. El valor medio de esa proporción ronda el 79%. Los montos asignados de forma igualitaria promedian el 21%.

El proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas de la JCE sigue, en este sentido, la tendencia latinoamericana. Sin embargo, cabe observar que muchos de los países de la región están realizando reformas políticas en las que se contemplan distribuciones más igualitarias de los fondos públicos.

La interpretación literal del proyecto de la JCE eliminaría el dominio sobre el 80% de los fondos que tienen los tres partidos que regularmente logran sobrepasar el 5% de los votos válidos. La distribución altamente proporcional que contempla el proyecto, incrementaría ligeramente la proporción de los ingresos con que se quedan los partidos emergentes, pero también la de los dos partidos mayoritarios, en este último caso el incremento sería notable. El aumento de los partidos emergentes sería a costa del tercer partido grande, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC).

El PRSC ha recibido tradicionalmente los mismos fondos que el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana (salvo en 2009 y 2010). Sin embargo, desde el 2004, la cantidad de votos obtenidos por el Partido Reformista ha sido varias veces menor a la obtenida por el PLD y PRD. El paso al modelo de repartición altamente proporcional significaría que el PRSC, que recibió el 26.67% del monto asignado a los partidos, apenas obtendría el 6%.

Tabla 2. Legislación latinoamericana sobre financiamiento a los partidos políticos

* La Ley Partidos Políticos de Colombia establece literalmente un 50% en proporción a la cantidad de curules obtenidas y 40% en proporción a la fuerza electoral, de acuerdo a una reglamentación anual. A esto se agrega un 10% para ser repartido entre todos los partidos. Sin embargo, de forma jurisdiccional se estableció que este último 10% no era entregable debido a vacíos en la Ley. Los valores que aparecen en la tabla han sido ajustados como proporción del 90% que se entrega a los partidos. Ver Misión de Observación Electoral (2010).

**La ley de Ecuador especifica 15% para el Instituto de Investigación y Análisis Político Electoral, 50% en forma igualitaria y 35% en proporción a la fuerza electoral. El 50% equivale a 59% del financiamiento permanente público directo, el 35% al 41%.

***Esta suma no incluye el 0.4% de entrega pre-electoral, con lo que se llagaría al financiamiento del 1% de los ingresos corrientes presupuestados para el financiamiento público que indica el Código Electoral. Los porcentajes indicados a la repartición proporcional igualitaria hacen referencia al 0.6% de entrega post electoral que es el que puede considerarse propiamente como fondo partidario, y se desprende del  20% y el 40% indicado en el Código Electoral.

Fuentes Consultadas*

Zovatto, D. (2007). El financiamiento electoral: subvenciones y gastos. En D. Nholen, D. Zovatto, J. Orosco y J. Thomson. (Comps.). Tratado de derecho electoral comparado. México: IIDH/Fondo de Cultura Económica, pp. 744-794.

Gutiérrez, P. y Zovatto, D. (Cord.). (2011). Financiamiento de los partidos políticos en América Latina. Ciudad de México: IDEA, UNAM, OEA

Misión de Observación Electoral (2010). Financiamiento electoral en Colombia. Recuperado el 2 septiembre desde:

http://www.moe.org.co/home/doc/moe_nacional/CARTILLASMOE/Cartilla%20G.pdf

Observatorio Político Dominicano (2012). Matriz de legislación electoral y de partidos de Latinoamérica. Recuperado el 14 de agosto de 2012 desde: www.opd.org.do.

*Para este trabajo fueron consultadas directamente las normas constitucionales, electorales y de partidos de los países que se analizan en la serie.