Un sinnúmero de reacciones ha generado la exigencia hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a República Dominicana, en torno al aumento de un 18% a la tarifa eléctrica. De inmediato, distintos sectores del ámbito nacional se han expresado en contra de dicha pretensión.
Es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posee máster en Derecho de la Administración del Estado (Universidad de Salamanca, España), en Defensa y Seguridad Nacional (Instituto Superior para la Defensa, Santo Domingo, República Dominicana), en Estudios Políticos Electorales (doble titulación de la Universidad de Granada y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra). También, es egresado de la especialidad en Geopolítica del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE).
Su ámbito de ejercicio profesional e investigación es el Derecho de la Propiedad Intelectual, así como el Derecho Civil y Comercial, el Derecho laboral, Administrativo y Empresarial.
Es docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en las áreas de Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Empresarial, Resolución Alternativa de Conflictos y Derecho Laboral. También, imparte docencia para los programas de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en materias de Derecho Procesal Penal y Procedimiento Civil.
Desde 2010 es subdirector de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
Es coeditor del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). Ha publicado artículos en la Revista Global y fue uno de los autores del texto 50 años de construcción democrática, impreso y editado por la Editorial Funglode.
Fue coordinador de la Unidad de Políticas Públicas y de la Unidad de Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano (OPD) desde noviembre de 2012 hasta abril de 2014.
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