“… en el fondo no estamos castigando al ciudadano ilegal ni al indocumentado. Lo que se busca es sancionar al ciudadano que siendo dominicano no se asegure de que la persona que alquila el inmueble tenga los documentos necesarios para hacerlo. Todos debemos asumir niveles de responsabilidad con nuestro país”, indicó el diputado José Altagracia González a la Unidad de Poder Legislativo.

Flor Batista Polo
Coordinadora Unidad de Poder Legislativo

Jean David de Jesús
Investigador Unidad de Poder Legislativo

Santo Domingo, 18 de octubre de 2017

José Altagracia González Sánchez (Radhamés González). nació el 28 de octubre de 1963 en el municipio Villa Riva, provincia Duarte. Obtuvo la licenciatura en Derecho en la Universidad del Caribe (UNICARIBE) y realizó varios cursos sobre estrategia política y el sistema electoral dominicano.

Ex subsecretario de Estado de Interior y Policía en el período 2000-2004, ha desempeñado funciones en la Dirección de la Juventud Revolucionaria Dominicana (JRD) y ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. Fue electo regidor por el Ayuntamiento del Distrito Nacional para el período 1998-2002, cargo del que renunció en 2000. Fungió como subsecretario de Interior y Policía y como subdirector del Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE).

En 2002 fue electo diputado por el municipio Santo Domingo Oeste y resultó reelecto en las elecciones de 2006 y 2010. Es presidente de la Comisión de Asuntos Municipales y miembro de las comisiones de Tecnología de la Información, de Hacienda y de Fuerzas Armadas, además de vocero por la bancada del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de la Cámara de Diputados.

Jean David de Jesús Adón (JD): ¿Qué es el proyecto de ley que prohíbe alquilar inmuebles a extranjeros indocumentados y cuál fue su motivación?

José Altagracia González Sánchez (JG): Tal como lo explica su nombre es una iniciativa que busca prohibir que se alquilen inmuebles a indocumentados. La principal motivación para proponer este proyecto es la experiencia vivida.

Como sabrán, yo vivo en el municipio Santo Domingo Oeste, una noche de esas en las que andaba caminando por los barrios fui a un sector que se llama La Mina del Café. La Mina del Café es un sector que queda, si tú vienes por la autopista 6 de Noviembre cuando estás en el peaje, tú miras hacia la derecha y vas a ver todo eso. Y entonces eso que debió de ser un área protegida, porque es prácticamente el borde del río, está ya lleno de casas. Allí a las 8 de la noche, tú vas a un colmado cualquiera y de repente, entre los ociosos que encuentras allí, entre 20 y 25 personas, de ellos 15 o 20 son ciudadanos haitianos.

Entonces salí pensando en que los extranjeros indocumentados viven en algún lugar, porque no viven ni duermen debajo de un puente porque no los vemos viviendo ahí y volví a investigar.

Es importante señalar que para mí ilegal e indocumentado no es lo mismo. Un ciudadano es ilegal cuando está aquí con su pasaporte porque le dieron una visa de tres meses, pero por las debilidades de nuestro sistema se queda en el país y alquila una casa para él con un documento que ya ha vencido. Al cabo de dos semanas o un mes en esa misma casa -que un ciudadano dominicano le alquiló- comienzan a llegar “por paquetes” ciudadanos indocumentados, que es aquella persona que no tiene ningún tipo de documentación, es decir alguien de quien no se tiene un historial, no se conoce su nombre, nada.

JD: La propuesta da entender que busca establecer un control para alquiler de inmuebles que cumplen con los permisos y requisitos legales para su construcción. Es importante saber si la propuesta contiene algo concerniente a los asentamientos urbanos no regularizados.

JG: Entiendo perfectamente a qué te refieres, pero para hacer un proyecto no puedes hacerlo segmentando una parte, tienes que involucrar a todo el mundo. No puedes decir que esos asentamientos que se han creado de manera irregular ‒y pongo el ejemplo de La Mina del Café, que es un asentamiento totalmente irregular‒, pero esas casuchas tienen dueños. Es decir, aunque fueron hechos de manera irregular, tienen dueños y están ahí. Ese dueño hizo tres casuchas en ese lugar y se fue a vivir a otro sitio.

Entonces, si se hace una ley -sin violar los derechos ni de ellos ni de nadie- que nos permita saber que todo el que vive en República tiene sus documentos -pudieran ser ilegales, pero que por lo menos tengan documentos-, eso nos permite suponer a la vez, que firmó un contrato con el dueño de ese inmueble, independientemente, de lo lejos que el dueño esté de ese asentamiento. Ahora, ¿por qué lo hacemos en términos generales?

Hay otra razón además de la indicada (quizás ustedes me lo pregunten en lo adelante). Yo vivo en un residencial, donde por cualquier motivo un constructor que está haciendo una casa y mientras no se termina -y créanme que una casa puede durar hasta cinco años para terminarse- viven en ella 15 y 20 haitianos. Esto es un problema que necesita resolverse.

Ahora, ¿qué yo digo? No es posible que en el residencial en el que yo vivo, por un asunto de seguridad -tenemos varios controles- de repente, en una casa sin terminar estén viviendo 15 y 20 haitianos, porque el constructor se lo permitió o porque el dueño de la casa permitió que uno se quedara para que le cuidara la casa y ese, a su vez, trajo más. Esa situación también hay que regularla, igual que cualquier inmueble que pueda ser alquilado por un indocumentado.

Flor Batista Polo (FB): Diputado. La pieza legislativa generó en los medios de comunicación reacciones a favor y en contra, incluso se tildó la propuesta de discriminatoria. ¿Qué considera usted con respecto a esto?

JG: La propuesta nació de la situación que les comenté anteriormente y créanme, mucha gente me ha querido acusar de cosas que ni pensarlo, porque mis raíces políticas están al lado del doctor José Francisco Peña Gómez, que fue el que más sufrió por una campaña antihaitiana. Esa sí era una campaña porque en ese momento la situación que se vivía no era ni siquiera parecida a lo que estamos viviendo hoy. La realidad de nuestros días es que por cualquier lugar que usted va -y en muchos lugares con mayor incidencia- se encuentra la cantidad de personas que, siendo de otras nacionalidades, están aquí de manera ilegal o indocumentada.

Es difícil legislar para que todo el mundo esté conforme. Hasta el momento he recibido mucho respaldo, especialmente de los electores de mi municipio. Sin embargo, la situación con los medios de comunicación es distinta, sencillamente porque aquí hay mucha doble moral. Hablamos una cosa, pero practicamos otra. Un ejemplo de esto es que, y lo dije en un programa de televisión, aquí en la Cámara de Diputados están haciendo unas remodelaciones, pero ¿cómo es posible que parte de los trabajadores que están haciendo el trabajo sean de otra nacionalidad, que no sean dominicanos? Yo no sé si ustedes me comprenden. No estoy criticando la acción, pero no es lo correcto.

Así se observa en otros aspectos, por ejemplo, si están haciendo una carretera, la mayor cantidad de trabajadores también es indocumentada. Que sean extranjeros no es el problema, pero que por lo menos que tengan documentación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que los constructores saben que se les hace mucho más fácil si no tienen reglas para contratar indocumentados. Esto les evita tener que hacer algunas cosas, porque si eres indocumentado no tienes derecho a estar en el seguro social y el constructor no tiene que pagar tal o cual cosa. Por estas razones es necesaria una política clara y consciente del Estado dominicano para resolver el problema.

FB: ¿Cuáles serían los efectos de esta propuesta si no se modifica o fortalece también la política migratoria del país?

JG: La ley migratoria de República Dominicana y su reglamento, que dicho sea de paso, tardó mucho para realizarse, es muy buena. Lo único que hay que hacer es aplicarla porque se está aplicando parcialmente y como conviene, no como se debe. Y créanme, de repente en una redada en una calle cualquiera se llevan 15 y 20 extranjeros, muchos de los cuales tienen sus documentos. Entonces, ¿qué resulta? ¿Qué puede provocar esto?

Esta acción lo que se presta es a la malinterpretación porque a una de esas personas que agarraron, de repente lo vuelvas a ver en la calle y aunque él diga que tiene sus documentos en orden, posiblemente no le creas. ¿Y si fue otro documento que mostró? Es que no hay criterio para la aplicación de la ley de migración.

FB: ¿Cuáles organismos se dedicarían a la regulación y vigilancia del cumplimiento de este proyecto, de ser aprobado en la Cámara de Diputados?

JG: En este caso estamos presentando varios aspectos porque en el fondo no estamos castigando al ciudadano ilegal ni al indocumentado. Lo que se busca es sancionar al ciudadano que, siendo dominicano, no se asegure de que la persona que alquila el inmueble tenga los documentos necesarios para hacerlo. Todos debemos asumir niveles de responsabilidad nuestro país.

Imaginasen ustedes que esta ley pudiera aplicarse a pie juntillas. ¿Cómo estarían las calles de Constanza, por ejemplo, o las montañas? Sencillamente porque esos ciudadanos indocumentados no vienen a la tierra que pertenece a tal persona, que ellos no conocen y le hacen un asentamiento sin su conocimiento. A esos indocumentados les hacen el asentamiento. Cuando esa persona no pueda hacer eso tendrá que tener -y lamentablemente tenemos que hablar de los ciudadanos haitianos- otras personas que pudieran ser los mismos nacionales haitianos, pero entonces de manera regular. Porque el dueño del inmueble va a tener el miedo de que, “si tengo indocumentados, el peso de la ley caerá sobre mí”.