«Día Internacional de la mujer 2019: ¿hacia dónde va República Dominicana?» es la sexta versión del Informe Día Internacional de la Mujer elaborado por el Observatorio Político Dominicano (OPD). Actualmente, la mujer es más de la mitad de la población mundial y la historia de desigualdad ha generado que estas se consideren como un grupo vulnerable. En República Dominicana, las organizaciones feministas y sus simpatizantes han logrado que paulatinamente las problemáticas de las mujeres sean visibilizadas e incluidas en la agenda gubernamental. A pesar de que las cifras desfavorables hacia las mujeres disminuyen lentamente, aún permanecen en números altos. El documento permite reflexionar sobre la situación de las mujeres y niñas en el país desde seis áreas de análisis: educación, pobreza y desigualdad, mercado laboral, salud, violencia y participación política, con datos que abarcan desde 2013 hasta 2018. Esto con la intención de observar sus avances y retrocesos, y la funcionalidad o no de las políticas públicas implementadas para disminuir las problemáticas que afectan a más de la mitad de la población dominicana.
Palabras claves: educación, pobreza, feminicidios, políticas, mercado laboral.
International Women's Day 2019: Where does the Dominican Republic go? It is the sixth version of the International Women's Day report prepared by the Dominican Political Observatory (OPD). Women are currently more than half of the world's population, the history of inequality has generated that these are considered as a vulnerable group. In the Dominican Republic, feminist organizations and their supporters have gradually made women's issues forefront and included in the Government's agenda. Although unfavorable figures for women slowly decline, they still remain in high numbers. The document provides a reflection on the situation of women and girls in the country from six areas of analysis: education, poverty and inequality, labour market, health, violence and political participation, covering data from 2013 to 2018. This with the intention of verifying their progress and setbacks, and the functionality or not of the public policies implemented to reduce the problems affecting more than half of the Dominican population.
Key words: Education, Poverty, Femicides, Policies, Labor market.
Coordinadora de la Unidad de Poder Legislativo
Perlina Castro
Investigadora de la Unidad de Políticas Públicas
Janna López
Investigadora de la Unidad de Sociedad Civil
María Teresa Morales
Investigadora de la Unidad de Políticas Públicas
Introducción
La muerte de aproximadamente 130 mujeres en una fábrica de Nueva York dio origen al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también conocido como Día Internacional de la Mujer. Este evento es recordado cada 8 de marzo desde 1975, cuando fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Desde entonces, todos los años a escala mundial, las organizaciones feministas, defensoras y defensores de los derechos de las mujeres y simpatizantes realizan actividades que buscan el respeto, la igualdad y equidad entre las personas.
La historia de desigualdad que continúa generando discriminación hacia las mujeres, ha profundizado circunstancias que las afectan directamente por su condición femenina. La lucha de estas lleva décadas y a pesar de los avances, es mucho lo que falta para que realmente, se reconozcan y respeten los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas. La fecha es propicia para reflexionar y poner en contexto la situación de la mujer, grupo que representa a más de la mitad de la población mundial.
En República Dominicana, de acuerdo con las estimaciones y proyecciones de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), para 2019 la población total se estima en 10,358,320 habitantes: 5,174,343 hombres y 5,183,997 mujeres, es decir, el 50.1 % de la población del país sería femenina. El 2018 representó un año de progresos y retrocesos para las mujeres, especialmente, en términos de educación, empleo, salud, violencia y participación política.
Día Internacional de la mujer 2019: ¿Hacia dónde va República Dominicana? es la sexta versión del Informe Día Internacional de la Mujer elaborado por el Observatorio Político Dominicano (OPD) iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). El objetivo principal del estudio es presentar un balance de avances y retrocesos de la mujer en el país. El texto analiza la evolución de la población femenina hasta 2018, desde seis tópicos: educación, mercado laboral, pobreza y desigualdad, salud, violencia de género y feminicidios, y participación política.
1. Mujer y educación
La educación es uno de los elementos esenciales para el desarrollo del ser humano, reconocido como un derecho fundamental que no debe ser restringido, suspendido ni limitado. En vista de esto, en República Dominicana el presupuesto destinado a educación fue incrementado a partir de 2012, logrado en mayor medida, por las presiones y reclamos de las organizaciones de la sociedad civil.
En el período 2016-2017 el total de matrícula estudiantil en el país era de 2,749,144: 1,392,563 niños y 1,356,581 niñas. Estas cifras representaban el 51 % y el 49 %, respectivamente, para los niveles inicial, básico y secundario. Los porcentajes son similares a los observados en el período 2014-2015, cuando se registraron 33,682 niños y niñas menos que en 2016-2017. Con respecto a la situación en el nivel superior, para 2018, la matrícula universitaria se concentró en 598,799 personas: 64 % mujeres y 36 % hombres 36; esto es 36,132 estudiantes más que en 2017.
A pesar de que la tasa de matriculación bruta por nivel desde hace varios años se ha centrado en el aumento de las adolescentes y universitarias, existen otros elementos utilizados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para evaluar el avance educativo: cobertura, eficiencia, culminación y equidad. La evaluación de estos aspectos permitiría identificar razones por las que unos muestran mejor posición que los otros.
Con respecto a la asistencia escolar, esta es diferenciada entre los estudiantes considerando su sexo y edad. Las estadísticas muestran que la presencia de las niñas en las escuelas es mayor hasta los nueve años, a partir de los 10 y hasta los 17, se reduce y la asistencia masculina es mayor (ver Tabla 1). De acuerdo con las cifras aportadas por la Encuesta Nacional de Hogares con Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2017), el descenso puede explicarse por diversos factores, entre estos, el embarazo y el trabajo doméstico.
El documento plantea que el 25.7 % de las encuestadas afirmó no asistir a una institución educativa porque debía trabajar; el 18.2 % porque debía realizar las labores domésticas de su hogar y el 3.4 % por embarazo.
En términos de finalización de los estudios, la tasa neta de culminación1 femenina en el nivel primario aumentó de 43.6 % (2015-2016) a 55.5 % (2016-2017). Sin embargo, la tasa masculina se redujo en 4.7 puntos porcentuales: de 49.6 a 44.9 %. En el nivel secundario, la tasa de culminación aumentó para ambos sexos, aunque la masculina se mantuvo por debajo de la femenina: 2.1 y 3.1 puntos porcentuales, respectivamente.
De igual forma, en la eficiencia2 el porcentaje de promovidos es mayor en las niñas y adolescentes (93 %) que en los niños y adolescentes (89 %). Con relación a los últimos, para 2016-2017 se observó que fueron más propensos a la reprobación y el abandono escolar. En cambio, en los niveles de educación para adultos y secundario las cifras de promoción tienden a reducirse, con el consecuente aumento de abandono y reprobación en ambos sexos.
Uno de los niveles donde las mujeres resaltan en matriculación y culminación es el universitario. Conforme las estadísticas del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), al 2018 se estima que ingresaron 127,419, de las que el 62 % es mujer y el 37 % hombre. Esto representa un índice femenino de 175 %. Es decir, por cada 100 hombres inscritos, 175 son mujeres. Con respecto a los egresados, es importante precisar que el 64 % fue femenino y el 36 % masculino.
Otro aspecto para destacarse refiere a los datos emitidos por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) en 2017 sobre la tasa de analfabetismo. Esta tasa en su mayoría es femenina (6.9 %), mientras que la masculina culminó con 6.6 %. A pesar de esta disparidad, la tendencia apunta hacia una reducción de la brecha, debido en parte, a la creciente incursión de mujeres y niñas en las escuelas y universidades.
2. Mercado laboral: ¿cómo avanza la mujer en República Dominicana?
En oposición a las estadísticas publicadas que evidencian el incremento de las niñas y adolescentes en los distintos niveles educativos. Así como, las cifras de mujeres que ingresan y culminan alguna carrera profesional, esto no se corresponde con la realidad laboral de esta parte de la población.
2.1. Participación
La tasa global de participación y ocupación femenina3en el mercado laboral ha incrementado en los últimos años. Aun así, persisten las brechas en detrimento del sexo femenino, lo cual se expresa en las disparidades en el acceso a empleos de calidad, desempleo y remuneraciones percibidas.
En 2015 y 2017 la ocupación femenina incrementó en 1 %, a diferencia de la desaceleración en la tasa de ocupación de los hombres, que disminuyó en la misma proporción. En cambio, en 2016 y 2018 las tasas se mantuvieron constantes para ambos sexos; aun así, los hombres presentan cifras mayores que las mujeres en términos de ocupación a través de los años. En 2018, se destaca un aumento en la tasa de los hombres de 1 %, mientras que en las mujeres se observó una disminución de 1 %.
Con relación al desempleo tanto femenino como masculino, la disminución es evidente en el período de análisis de esta investigación (2015-2018). A finales de 2015, la tasa de desocupación masculina se ubicó en 4.6 %, mientras que la femenina casi la duplicó, con 9 %. Al último trimestre de 2017, la variación se mantuvo en 3.6 % para los hombres y 7.3 % para las mujeres. Esto quiere decir, que la tasa de desempleo se redujo un punto porcentual para los hombres de 2015 a 2017 y 1.7 para las mujeres.
Un aspecto relevante relacionado con esto es el hecho de que el ritmo de decrecimiento de la desocupación femenina en promedio es más lento que el masculino. Este elemento limitaría la reducción de la brecha entre hombres y mujeres en términos de acceso al empleo. Finalmente, a 2018 el desempleo femenino duplicó la tasa masculina que se registró en 3.7 % y en las mujeres en 8.5 %.
2.2. Nivel educativo
La Figura 2 contiene los porcentajes de mujeres y hombres ocupados en cada nivel educativo para el trimestre julio-septiembre de 2018. De acuerdo con la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) del Banco Central (BCRD), el 31 % de las mujeres ocupadas posee un nivel de estudios primarios, frente al 69 % de los hombres en la misma condición. En lo que concierne al nivel secundario se observó que las mujeres ocupadas representan el 38 %, a diferencia del 69 % de los hombres.
En el nivel universitario, las mujeres ocupadas representan el 56 % y los hombres el 44 %. Se aprecia una situación disímil en comparación con los demás niveles. En el caso de los que carecen de preparación académica y están ocupados, el 73 % corresponde a hombres y el 27 % a mujeres. Esto implica que las mujeres requieren una mayor cualificación para lograr insertarse en el mercado laboral.
Esta información, en conjunto con el acápite de educación se presta al argumento de que la mano de obra femenina es más cualificada que la masculina, independientemente de que esto se refleje en una mayor ocupación. Es decir, a pesar de que tienen mayor nivel de preparación académica, tienen menos fuentes de trabajo. Esto se manifestó en que los hombres se ocupan en mayor medida por cuenta propia o como patronos y socios activos, mientras las mujeres se observaron en trabajos como servicio doméstico (13 %) y el empleo familiar no remunerado (3 %). (Ver Figura 3)
2.3. Categoría ocupacional
En el caso de la categoría ocupacional por sexo, representado en la Figura 3, el 18 % de los socios o patronos corresponde a mujeres, frente al 82 % de los hombres. En tanto, las personas que laboran de manera independiente, el 74 % fue masculino y el 26 % femenino.
Las cifras de empleados del sector privado se concentraron en 40 % de mujeres y 60 % de hombres. En cambio, en el sector público el 54 % de los empleados es femenino y el 46 % masculino. En el caso del empleo no remunerado, en 2018 se registró que el 67 % de mujeres realiza algún trabajo no remunerado, mientras que solo el 33 % de hombres ejecuta este tipo de labores. Con respecto, al servicio doméstico: 92 % de mujeres y 8 % de hombres, lo que deja en evidencia que la mujer se dedica más a actividades domésticas, labores que, por lo general, no son bien remuneradas.
2.4. Trabajo no remunerado
Conforme la data recolectada, las mujeres dedican 31.2 horas semanales al trabajo no remunerado (TNR) y los hombres trabajan 9.6 horas, en promedio, 21.6 horas más que los últimos. De igual forma, las féminas ocupan más horas en la semana al trabajo de cuidado que los hombres. En términos de edad, las mujeres en edad reproductiva4 (15-45 años), designan en promedio 18 horas semanales al cuidado y los hombres –del mismo grupo etario– solo ocupan tres. (MEPyD,2018)
La Figura 4 presenta el promedio de horas semanales que dedica la población de 10 años y más al trabajo no remunerado. De acuerdo con los datos, el tiempo invertido en labores no remuneradas se constituye en un obstáculo para el progreso académico y laboral remunerado, el incremento de sus competencias y desarrollo social.
En tal sentido, las féminas que más horas dedican al trabajo no remunerado son aquéllas que solo alcanzaron un nivel de primaria o secundaria, existiendo una relación negativa entre la capacitación académica y las horas de trabajo no remuneradas. A pesar de que las que tienen más años de estudio realizan menos TNR, se constata que en todos los niveles está presente esta característica.
2.5. Remuneraciones
A escala nacional, según los datos de la ONE a 2016, las mujeres perciben en promedio solo el 78 % del salario de los hombres. La Figura 5 representa el cociente del salario femenino y masculino a nivel de regiones de desarrollo. En general, las diferencias no son muy marcadas entre regiones. Con respecto a esto, las más inequitativas fueron Metropolitana, Valdesia y Cibao Norte, donde las mujeres perciben 86 % de los salarios de los hombres, mientras la más equitativa es Cibao Noroeste (88 %) y las restantes están en términos medios (87 %).
A pesar de la disparidad en el salario en función del sexo, es pertinente destacar que la remuneración de las féminas se incrementó a un ritmo considerable con miras a disminuir la brecha. El ingreso laboral promedio mensual creció un 5.2 % para las mujeres, en comparación con un 2.2 % para hombres de 2016 a 2017, igualmente, el ingreso real por hora. (MEPyD, 2017)
3. Pobreza y desigualdad de género
Un elemento para considerar con respecto a la situación actual de la mujer en República Dominicana es que la pobreza y desigualdad relacionadas con el sexo es el reflejo de algunos hechos expuestos en los acápites de educación y mercado laboral.
De acuerdo con los datos presentados en la Figura 6, la proporción de la población femenina es afectada con mayor frecuencia por la pobreza extrema y la pobreza en sentido general. A pesar de esto, se observa una disminución acelerada de la pobreza extrema femenina. Es decir, es probable que este grupo esté pasando de la pobreza extrema a la pobreza, lo cual significaría un menor avance de esta última, pero en términos de reducción de brechas.
La Figura 6 implica indirectamente, la tendencia al aumento en el Índice de Feminidad5 de la pobreza extrema y pobreza en República Dominicana a través de los años, sinónimo de que fueron los hombres los más propensos a salir de esta situación de vulnerabilidad. En 2000, este índice se ubicó en 124 para la pobreza extrema y 117.4 para la pobreza; 10 años después, se situó en 130.9 y 116.6, respectivamente, en tanto en 2016 pasó a 141 y 124.4.
Una medida que recopile los principales aspectos tratados y proporcione una dimensión de la desigualdad entre hombres y mujeres es provechosa. En tal sentido, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) creó el Índice de Desigualdad de Género (IDG)6. Este proporciona información de la desigualdad respecto a tres aspectos: salud reproductiva, empoderamiento y estado económico.
El IDG en República Dominicana muestra una tendencia a reducirse desde 1990, aunque a partir de 2000 su ritmo de decrecimiento fue más lento. En 2017, el país se ubicó en la posición 103 con un IDG de 0.451, superando el promedio regional (0.386) e incluso el mundial (0.441). El impedimento principal para el avance de este índice es la ralentización en mortalidad materna y embarazos en la adolescencia, mientras la participación legislativa y la inclusión en el mercado laboral son factores que continúan presionando paulatinamente hacia el alza.
4. Salud y mujer
Históricamente, los roles estereotipados establecidos hacia la mujer han provocado que sus necesidades y problemáticas sean relegados a un segundo plano. En vista del aumento de las luchas de las organizaciones feministas, las agendas políticas de los Estados del mundo consideraron imperante priorizar los temas de género. Uno de los sectores donde, exponencialmente, se muestran las desigualdades es en el sector salud.
La Constitución dominicana reconoce la responsabilidad del Estado en torno al derecho al acceso a la salud integral en su Art. 61 para todas las personas. A pesar de esta afirmación, la salud continúa siendo uno de los principales problemas que enfrenta la población femenina dominicana: mortalidad materna y embarazos en adolescentes.
4.1. Mortalidad materna
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la mortalidad materna (MM) es uno de los grandes desafíos que enfrenta la región. En 2017, UNICEF República Dominicana indicó que las causas de la mortalidad materna se deben fundamentalmente a sepsis, hipertensión, hemorragia y aborto. (UNICEF, 2017. p. 3)
Desde 2013, la variación en la cantidad de mujeres que pierden la vida dando a luz es evidente. Esta situación implica que el país permanece con una alta tasa de MM. Desde el año indicado hasta 2018, 1,135 mujeres murieron por sepsis, hipertensión, hemorragia, aborto y otros más.
En 2013 se registraron 168 muertes maternas, mientras que, en 2014 fueron 193; 189 en 2015; 169 en 2016; 200 en 2017 y 197 en 2018. Esto representa una disminución del 1 % de las muertes maternas con respecto a 2017 (200), lo que quiere decir que, en promedio, mueren 180 mujeres mientras dan a luz o después del proceso por causas, en su mayoría, prevenibles. Hasta febrero de 2019, se registró en el país 19 MM.
Un aspecto para destacar consiste en que las mujeres jóvenes son las más afectadas por este fenómeno. De acuerdo con la data obtenida por la Dirección General de Epidemiología (DIGEPI) del Ministerio de Salud Pública (MSP) el 46 % de las féminas que murieron se encuentra entre los 21 y 31 años. El segundo lugar lo concentró el grupo que tenía de 32 a 37 años al momento del deceso, representando el 17 %.
El tercer lugar fue ocupado por los grupos de 15 a 20 y la categoría DD, que hace referencia a los casos donde no se obtuvo el dato, con 15 % cada uno. En menores cifras se encuentran las mujeres que tenían de 38 a 42 años, sumando el 6 % y el grupo de 43 a 45 años con 1 %.
Conforme a lo expuesto por UNICEF (2017): “las causas que influyen en las altas tasas de mortalidad materna y neonatal están relacionadas con el incumplimiento de las normas y protocolos en los hospitales donde ocurren los partos”. Entre las causas identificadas se encuentran:
1. La falta de planificación operativa en los hospitales.
2. La falta de asignación de personal y suministros que no se corresponde con la demanda real de los hospitales.
3. El absentismo del personal cualificado que debe estar presente en las labores de parto y que con frecuencia delega sus responsabilidades a personal no especializado o sin la formación necesario.
4. Las infraestructuras inadecuadas de los hospitales y las condiciones de higiene insatisfactorias.
4.2. Embarazos en la adolescencia
Desde 2009 República Dominicana ocupa uno de los primeros cinco lugares con mayor cantidad de embarazos en adolescentes. A pesar de las acciones de políticas públicas implementadas en el país, el número de adolescentes en condición de gestación continúa siendo alta. Esto quizás podría explicarse debido a la falta de implementación de una educación sexual y reproductiva integral en los centros educativos del país. Así como, la falta de acceso a métodos anticonceptivos.
De acuerdo con los datos del MSP, la cantidad de embarazos en adolescentes atendidos en los hospitales públicos desde 2015 hasta 2018 disminuyó. Esto no quiere decir, la cantidad de embarazadas adolescentes se redujera, sino que decreció el número de mujeres jóvenes atendidas en los centros de salud pública. Un aspecto que podría responder esto sería la asistencia de esta población a centros de salud privada u otras alternativas, lo cual no está contenida en la data.
El 2018 presenta un descenso en el número de niñas y adolescentes de 10 a 19 años que fueron atendidas en los centros de salud públicos por partos, cesáreas y abortos. La Figura 10 muestra, en este sentido, las provincias con mayor y menor concentración de embarazos en adolescentes cuyos procedimientos obstétricos se realizaron en centros de salud públicos en 2018.
La Figura 10 indica que la mayor cantidad de embarazadas adolescentes se registraron en los hospitales de Santo Domingo, el Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega y San Juan, mientras que, en menores cantidades están Independencia, Pedernales, San José de Ocoa, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal y Montecristi.
Según los datos aportados por la ONE para 2018, la cantidad de niñas y mujeres entre los 10 y 19 años sumarían 946,348 personas, el 9.2 % de la población total (ONE, 2018). El embarazo en la adolescencia puede ser considerada como una de las principales causas relacionadas a la deserción escolar (ENHOGAR, 2017), pobreza, desigualdad social y violencia de género. Este hecho aumenta la necesidad de implementar una educación sexual y reproductiva integral en los centros educativos del país que contrarreste la situación.
5. Violencia de género y feminicidios: fenómeno que no se detiene en República Dominicana
Desde hace varios años uno de los temas que más preocupación genera es la violencia, especialmente, aquella dirigida a mujeres y niñas. En los últimos años el aumento en los casos de violencia de género ha sido permanente. Esto permite asegurar que las acciones, programas y mecanismos implementados no son suficientes para erradicar el legado del sistema machista y patriarcal establecido en el país.
De acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), en 2017 las denuncias por violencia de género e intrafamiliar, y por delitos sexuales fueron 65,199, mientras que en 2018 aumentaros a 78,242 denuncias, es decir, un incremento de 20 %, respecto al año anterior. De las denuncias registradas en 2018, solo en 17,502 (22 %) se otorgó una orden de protección.
En el caso de los feminicidios, las estadísticas publicadas por la misma entidad indican que en 2017, 107 mujeres fueron víctimas mortales de sus parejas o exparejas, en tanto en 2018 se cometieron 83 feminicidios íntimos, representando esto una disminución del 22.4 % (24).
Con respecto a esto, el documento Feminicidios en la República Dominicana durante 20187 –cuaderno inédito del OPD–, a través de la recolección y sistematización de los casos presentados en los medios impresos y digitales se contabilizaron preliminarmente 93 feminicidios. De estos, el 71 % corresponde a feminicidios íntimos y el 67 % de las víctimas se encontraba entre los 14 y 35 años. Estas cifras indican que hubo una reducción de 17 % con respecto al año 2017.
De igual forma, la disminución de los feminicidios presentadas por la PGR difiere a la del OPD. En el primer caso la cifra de 2017 a 2018 se redujo en 22 %, mientras que en el segundo lo hizo en 17 %. Esta diferencia se debe a las diversas metodologías y conceptos empleados en la recopilación de la información y la clasificación de ambas instituciones.
6. Participación de la mujer en la Administración Pública
La Ley núm. 41-08, de Función Pública de República Dominicana, plantea en su art. 3, literal 2 (acerca de la igualdad de acceso a la función pública) que este es “… derecho universal de acceder a los cargos y a las oportunidades de la función pública sin otro criterio que el mérito personal y sin discriminación de género, discapacidad o de otra índole”.
La normativa busca proteger y garantizar el libre acceso de las mujeres –en igualdad de condiciones– a los puestos de trabajos de la administración pública. A pesar de la intención del legislador, una década después de la aprobación y promulgación de la norma, lo establecido acerca del acceso a los cargos en la práctica no se aplica totalmente en la realidad dominicana.
Esto se observa en los cargos de dirección de los ministerios de Estado. Actualmente, el país cuenta con 23 ministerios, de los que 20 son dirigidos por hombres y tres por mujeres. Otro dato para resaltar consiste en que las carteras dirigidas por las mujeres responden a temas sociales: MESCyT, Ministerio de la Juventud (MJ) y el Ministerio de la Mujer (MMJ).
De igual forma, se observó la desigualdad en la representación femenina en los viceministerios, de 128 existentes: 66 % está dirigido por hombres y solo 33.3 % por mujeres. Con respecto a las gobernaciones provinciales, hasta el momento, existen 31 gobernaciones civiles: 83.9 % conducidas por hombres y 16.1 % por mujeres. (MMJ, 2018). La Tabla 3 presenta la cantidad de servidores públicos en los diferentes ministerios, segregados por sexo y edad.
Tabla 38
Tal como se muestra en la Tabla, de 239,699 servidores públicos, 126,908 son mujeres y 90,565 son hombres, representando las primeras el 62. 1 % y los segundos el 37. 9 % (MAP, 2018). Al desagregar las cifras anteriores se evidenció que la mayor cantidad de mujeres se concentró en dos ministerios: MSP y MINERD. En ambas entidades los empleos de las féminas se correlacionan con posiciones, históricamente, designadas a estas: educación y salud (médicas, bioanalistas, enfermeras, personal de apoyo en los servicios médicos), entre otros.
Con respecto a la base de datos del Sistema de Administración de Servidores Públicas (SASP) a 2019, a medida que incrementa la escala salarial, es menor la representación de las mujeres. Ejemplo de esto es que más del 50 % de la escala salarial de menos de $39,000 pesos dominicanos es percibido por mujeres, mientras que en los salarios de $100,000 y más, este porcentaje disminuye y solo el 43 % es de sexo femenino. Esto quizás se explica por el hecho de que las mujeres se encuentran en menos cargos directivos –que son los que devengan mayores salarios– que los hombres.
En los ministerios donde se crean las políticas económicas, de seguridad y defensa, y las medidas transversales de la administración su personal es, mayormente, masculino (MAP, 2018). Un ejemplo de esto se observa en el Ministerio de la Presidencia (MIMPRE) con 291 empleados: 132 mujeres y 159 hombres, y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) con 8,060 empleados: 3,620 mujeres y 4,420 hombres.
7. Participación política de la mujer: Cámara de Diputados y Senado
La reforma constitucional de 1942 garantizó que por primera vez en la historia de República Dominicana las mujeres tuvieran acceso al derecho al voto y a la representación política. A partir de ahí, la necesidad de que los partidos políticos permitieran a la población femenina mayores espacios en las candidaturas a puestos de toma de decisión se hizo imperante.
Las cuotas de género, también conocidas como acciones de discriminación positiva se tradujeron en mayor participación de las mujeres en los partidos políticos, las instituciones gubernamentales y los organismos de toma de decisión. Desde entonces, la cantidad de féminas que acceden a las regidurías, alcaldías y diputaciones ha aumentado, paulatina pero sostenidamente. A pesar de la importancia de las cuotas y su efectivo funcionamiento, se observa un ligero estancamiento en el ritmo de crecimiento de representación de las mujeres a lo interno de estas instituciones. Actualmente, solo el 25 % de 222 legisladores en el Congreso Nacional es femenino, el porcentaje más alto de mujeres en la historia legislativa dominicana. La tendencia para 2019 debería ir dirigida hacia el establecimiento de la paridad y equidad de género.
Un dato relevante es que el Congreso Nacional ha tenido desde 1966 hasta 2016, 2,027 legisladores de los que solo 277 han sido mujeres. Es importante precisar que el Congreso, en los últimos 50 años ha presentado una tasa de reelección legislativa en su mayoría masculina. Esto quiere decir que apenas el 5 % de los legisladores en estas cinco décadas era de sexo femenino y ese mismo porcentaje fue reelecto de dos a cuatro veces.
7.1 Poder Legislativo: deuda histórica con las mujeres
El 2018 se convirtió en uno de los años con mayor debate en la historia legislativa dominicana. La Ley núm. 33-18 de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas y la Ley núm. 15-19 Orgánica de Régimen Electoral de la República Dominicana no solo estarían destinadas a regular el sistema de partidos en el país, sino que se convertían en el escenario perfecto para discutir la implementación de un sistema de paridad que permitiera una representación más justa de las mujeres.
A pesar de las discusiones, comentarios y oposición realizados por las congresistas, se aprobaron cuotas en ambas iniciativas que, sin lugar a duda generaron su rechazo y el de las organizaciones feministas del país. Debido a la rapidez en el conocimiento y la aprobación de las normas, ciertas incongruencias con respecto a la cuota de género se evidenciaron.
El art. 53 de la Ley Orgánica de Partidos, Movimientos y Agrupaciones Políticas, núm. 33-18 especifica:
Cuota de género. Párrafo I.- La Junta Central Electoral y las juntas electorales no admitirán lista de candidaturas para cargos de elección popular que contengan menos del cuarenta por ciento (40 %) y más del sesenta por ciento (60 %) de hombres y mujeres.
El art. 136 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral núm. 15-19 indica:
Equidad de género. Las nominaciones y propuestas de candidaturas a la Cámara de Diputados, a las Regidurías y vocales se regirán por el principio de equidad de género, por lo que éstas deberán estar integradas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Partidos, por no menos de un 40 % ni más de un 60 % de hombres y mujeres de la propuesta nacional.
La primera observación en torno a las piezas es con relación a que en la Ley de Partidos se plantea una cuota de género de 40-60 para hombres y mujeres, mientras que la segunda implementa la equidad de género como un principio fundamental de la ley. Con relación a esta última, varios elementos pueden señalarse: 1) no incluye las candidaturas senatoriales para estas cuotas por lo que la cantidad de senadoras –que históricamente ha sido de menos de cuatro– seguirá siendo reducida. De igual forma, tampoco aplica el principio de equidad porque incluye las senadurías para la implementación de la cuota y 2) a pesar de que se denomina equidad de género establece una cuota abierta, que no garantiza, necesariamente, el principio antes mencionado. Esto deja en evidencia que, al momento de redactar y aprobar la norma, no se tomaron en consideración las implicaciones teóricas y conceptuales de esta figura.
La equidad de género es definida:
… la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que confiere a derechos, beneficios, las obligaciones y las posibilidades. (UNESCO, 2019).
En este sentido, la equidad de género es un término amplio que reconoce las condiciones y características diferenciadas de hombres y mujeres, considerando las relaciones de poder desiguales y los aspectos que generan discriminaciones entre estos. Es decir, pondera las características y condiciones diferenciadas que generan discriminación en el sistema para garantizar una participación igualitaria y equitativa. Cuestión que no hace la cuota abierta que se implementará para las elecciones de 2020, ya que no considera la actuación de un sistema político surgido y dominado en su mayoría por el machismo.
La forma en que está redactado el artículo deja abierta la posibilidad de que la cantidad de mujeres candidatas se reduzca, al plantear una cuota a nivel nacional y no por demarcación. A 2019, en República Dominicana –donde su población se estima es mayormente femenina– el debate debería dirigirse a la importancia de la paridad, que hace más referencia a la participación y representación de los hombres y mujeres en la política.
En términos legislativos, 2018 representa un año de retrocesos para las mujeres en República Dominicana. Es importante precisar que, hasta la fecha, permanecen en el CN ocho iniciativas que buscan reducir o eliminar problemáticas como los embarazos en adolescentes, violencia de género, feminicidios, mortalidad materna, baja participación de las mujeres en la política, pobreza, desempleo y desigualdad. Sin embargo, todas se encuentran con situaciones que no han permitido su aprobación y posterior promulgación. Propuestas de ley que llevan años en las comisiones legislativas, pero de acuerdo con su trayectoria, difícilmente, sean aprobados al culminar la legislatura que recién empieza.
Consideraciones finales
Durante años la lucha de las organizaciones feministas y las mujeres se ha orientado a la exigencia del reconocimiento de los derechos y la equidad entre los hombres y mujeres. Históricamente, los roles estereotipados establecidos hacia estas últimas provocaron que sus necesidades y problemáticas fuesen relegadas a segundo plano. En las últimas décadas, la agenda política global ha colocado los temas de género como prioridad para reducir o eliminar la desigualdad, considerando asuntos esenciales como la educación, la salud, el desempleo, la pobreza, la participación política y social. Así como, el creciente aumento de la violencia por razones de género.
En términos educativos, es evidente la inclusión y el aumento sostenido de la población femenina. No obstante, en el país persisten fenómenos como la deserción escolar y el embarazo en la adolescencia, que aleja a esta población de sus objetivos. Estas barreras, acompañadas de la inexistencia de sistemas y protocolos de salud sexual y reproductiva, también limitan la capacidad de reducir la desigualdad de género en el país.
Debido a esto, la agenda social y económica debería orientarse a un esfuerzo integrado de todo el sistema a la erradicación de los factores que hacen persistentes las disparidades de género en diversos escenarios como el mercado de trabajo. En este último aspecto, la cualificación de la población femenina en los años recientes no se muestra retribuida por una mayor equidad del salario o el acceso de la mujer a empleos de calidad. Es por esto, que se requiere una vigilancia cercana por parte de las entidades públicas correspondientes para que el mercado laboral, lejos de funcionar como un sistema de discriminación, lo haga como un mecanismo de inclusión.
En términos de salud, a pesar de la ligera reducción en la cantidad de mujeres que en el proceso de dar la vida la pierden y de embarazadas adolescentes atendidas en centros de salud pública, es importante precisar que las cifras continúan siendo altas. Esto evidencia la falta de efectividad que tienen las acciones de políticas públicas del país y la ausencia de una educación sexual y reproductiva de calidad en el sistema de educación. Un dato interesante que vincula ambos fenómenos hace referencia al hecho de que, en su mayoría, las muertes maternas se observan en grupos de mujeres jóvenes, incluidas menores de 14 a 17 años, mismo grupo que se ve afectado en el 61 % por los feminicidios y la violencia de género.
Estos datos plantean que el riesgo para las mujeres no solo se observa por su sexo y las deficiencias del sistema, sino que se incrementan cuando se vinculan otros indicadores como la edad y la pobreza. Un elemento que debe rescatarse en torno a esto es que la forma en que se combate la desigualdad es generando mecanismos integrales y transversales que respondan a las problemáticas que generan otras situaciones. En este sentido, la educación es esencial para combatir el sistema patriarcal y machista, y deconstruir los roles de género que limitan y discriminan a una parte importante de la población. Esto conlleva la necesidad de evaluar con perspectiva de género las iniciativas legislativas que emana el Congreso Nacional. Igual el tema de las cuotas de género aplicadas en otros países como una política transitoria y que en República Dominicana se ha planteado como una acción de discriminación positiva permanente.
Finalmente, los principales retos en términos de género para este 2019, continúan siendo la falta de políticas públicas integrales que disminuyan la cantidad de mujeres desempleadas o en empleos vulnerables, el creciente y sostenido número de feminicidios, las muertes maternas, la violencia de género y los embarazos en adolescentes.
Referencias
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Notas
1. La tasa neta de culminación hace referencia a la razón de estudiantes que finalizaron y se matricularon en cada nivel escolar.
2. La eficiencia educativa es definida por el MINERD en términos de promoción de grado de la Población escolar que ingresa.
3. Relación entre la población económicamente activa (PEA) y en edad de trabajar (PET).
4. A pesar de que la edad reproductiva de la mujer se encuentra establecida de los 15 a 35, en este grupo se incluyen aquellas que van desde los 35 hasta los 45 años.
5. Este índice se refiere a la incidencia de la pobreza sobre la población femenina. Un índice de feminidad de la pobreza mayor a 100 indica que la mujer está siendo más afectada por el fenómeno de la pobreza que el hombre.
6. Este índice se mide entre 0 y 1, cuando 1 es inequidad total, desigualdad y 0 la perfecta igualdad de género.
7. Cifras preliminares.
8. Actualizada en enero 2019.