El Presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Lic. Julio César Valentín, senador por Santiago, sometió durante la pasada legislatura un proyecto de ley que crea una Comisión de Reválida para el ejercicio del Derecho.

Alfonso Jáquez
Coordinador
 

(Santo Domingo, 29 de febrero de 2012). Se trata de un intento por combatir la baja calidad de la preparación jurídica y la masificación de la carrera de Derecho, cuyo efecto principal ha sido la pérdida de confianza en el sistema de justicia y su capacidad para cumplir sus funciones. Asimismo, se entiende que el control del acceso al ejercicio jurídico es una práctica aceptada en el derecho comparado.

El proyecto en cuestión propone un sistema de pasantía con duración de por lo menos ocho meses para los recién graduados de Derecho, que debe ser realizada en un órgano del sistema judicial, seguida de un examen de reválida. Para los propósitos del proyecto, las pasantías deberán ser por concurso público, con plazas limitadas, y el examen bianual comprenderá aspectos teóricos y prácticos de Derecho Público, Privado, Internacional y Ética Profesional. Los profesionales con exequátur no necesitarán examinarse.

Respaldo a la propuesta

Los reconocidos juristas Francisco Álvarez Valdez y Carlos Balcácer defendieron el proyecto de ley. El primero afirmó que “Esta iniciativa viene a superar las grandes debilidades y la baja calidad de los profesionales del Derecho que están egresando de las universidades”. Balcácer, de su lado, consideró que debía limitarse el número de abogados litigantes en la Corte de Apelación y la Suprema Corte de Justicia, poniendo de ejemplo a Francia, país donde “de 50 mil abogados, no llegan a 200 los que pueden ejercer en la Corte de Casación”.

Posturas contrarias a la propuesta

Otros abogados notables, entre ellos el Dr. Julio Cury, sostienen que se trata de una “locura peligrosa”, por cuanto impediría a profesionales universitarios el ejercicio de su profesión, a pesar de que se trata de un derecho con rango constitucional. Al respecto, el Dr. Cury recordó que “la Constitución reconoce el derecho al libre ejercicio de una profesión, por lo que la ley adjetiva no puede limitarlo”, defendiendo la idea de que el Ministerio de Educación Superior intervenga para evitar la graduación de profesionales deficientes.

Síntesis crítica

A pesar del respaldo que una y otra posturas han recibido, lo cierto es que el proyecto deja fuera de consideración algunos puntos centrales, de difícil soslayo.

Existen serios cuestionamientos acerca de por qué los abogados con exequátur no deben examinarse, cuando el proyecto parte de la certeza de que la mayoría de los profesionales del Derecho son deficientes en su formación y actualización, por lo que también deben serlo quienes ejercen actualmente.

Asimismo, se cuestiona acerca de cómo o de qué manera se calculó el total de profesionales del Derecho “mal formados”, sin los conocimientos adecuados o de alguna manera, “no aptos para el ejercicio de su profesión”.

Otra interrogante válida se decanta por la forma en que podría un abogado definirse “de avanzada”, o “bien preparado”, o siquiera “adecuadamente preparado” en su profesión. Al respecto, se cuestionan las razones por las cuales un examen de la Comisión de Reválida es “mejor” o “más eficiente” que un examen de la universidad que graduó al abogado de que se trate.

Podría suponerse que un “buen” profesional del Derecho es el que gana la mayoría de sus casos, aunque no logre saberse si la Comisión de Reválida podría comprobar si los ganó con algún tipo brillante de argumentación o utilizó otros métodos.

Este tipo de cuestionamientos induce a creer que establecer un sistema de comprobación de la calidad de los recursos de apelación y casación, a la vista del resultado obtenido, de los precedentes constitucionales establecidos o de las interpretaciones legales provocadas, entre otros aspectos, ayudaría a determinar quiénes son o no son los mejores abogados. En el mismo sentido, contribuiría grabar, en video o audio, las audiencias de apelación y casación, para saber quiénes tienen mejor dominio de la oratoria forense.

Respecto del argumento constitucional, si bien es cierto que el derecho al libre ejercicio profesional tiene ese rango, la ley adjetiva puede y debe regularlo, sin que por ello se entienda “regular” el hecho de “controlar el acceso” al mercado jurídico.

Por último, se ha afirmado que nadie sabe por qué “menos” equivale a “mejor”, pues si de lo que se trata es de restringir la cantidad de abogados, bastaría con cerrar las facultades de Derecho o limitar la cantidad de plazas disponibles por año.

FUENTES

Pedro Germosen. (2012,febrero 24).Juristas defienden y atacan proyecto exámenes abogados. Hoy. Obtenido desdehttp://hoy.com.do/el-pais/2012/2/23/415908/Juristas-defienden-y-atacan-proyecto-examen-abogados.

Pedro Germosen. (2012, febrero 23). Profesionales Derecho deberán pasar reválida para ejercer. Hoy. Obtenido desde: www.hoy.com.do/el-pais/2012/2/23/415753/Profesionales-Derecho-deberan-pasar-revalida-para-ejercer