El presidente de la República, Dr. Leonel Fernández, convocó en el día de ayer a los presidentes de ambas cámaras del Congreso Nacional (CN) a una legislatura extraordinaria hasta el día 14 de agosto.

Virginia Wall Guerra
Coordinadora

(Santo Domingo, 31 de julio 2012). Esta será la última ocasión en que el Presidente solicite a los legisladores sesionar por un tiempo adicional a los 150 días que establece la norma.

La legislatura ordinaria concluyó el pasado día 26 de julio, quedando sin sancionar algunas de las iniciativas legislativas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), las cuales perimirían de no ser decididas antes del 15 de agosto. El Artículo 89 de la Constitución dispone como prerrogativa presidencial el llamado a convocatoria extraordinaria de los miembros del CN.

Existen varios proyectos de ley que se encuentran pendientes de ser revisados, discutidos y sancionados por los congresistas. Sin embargo, la pieza legislativa que ha provocado más revuelo en los últimos días es el Proyecto de Ley General de Salarios para el Sector Público Dominicano. Más allá de si procede o no, regular las compensaciones de los empleados públicos, el debate gira en torno a los organismos autónomos y descentralizados, como el Banco Central (BC), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Bancos (SB) Los representantes de estos han solicitado públicamente que sus instituciones sean excluidas del régimen salarial^[1],[2].

Otros proyectos que pudieran ser discutidos son las modificaciones al Código Penal, el Proyecto de Código Civil y la Ley de Incentivo al Turismo Marítimo Privado en la República Dominicana.

Aunque las agendas de las Cámaras no están disponibles aún, otros proyectos que pudieran ser de prioridad son la modificación al Código Penal y al Código Civil y el Proyecto de Ley de Declaración Jurada de Bienes para Funcionarios del Sector Público.

Según la página web del Senado, otros temas que pudieran tratarse son la Ley Orgánica de Fiscalización y Control, que ya el Senado aprobó́ en dos lecturas y que está orientada a establecer límites al ejercicio del poder en el Estado, y el proyecto de regulación y control del expendio de bebidas alcohólicas, sometido por el Poder Ejecutivo^[3].