El Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Sistema Dominicano de Seguridad Social previsto por la ley 87-01 entró en vigencia el junio de 2003, por disposición del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

 Bexi Francina Jiménez
Monitora

(Santo Domingo, 3 de marzo de 2011). Desde entonces hasta diciembre 2010, los beneficiarios con pensiones por discapacidad y sobrevivencia suman 3,207 personas[1]. Este número representa apenas el 15% del total de solicitudes realizadas por los afiliados al sistema. A diciembre pasado, más de 18,000 solicitudes se encontraban todavía en proceso, algunas con más de ocho años en espera de otorgamiento.[2]

Según las estadísticas publicadas por la Superintendencia de Pensiones, y mostradas en el gráfico, desde enero de 2010 a enero 2011, el Sistema Dominicano de Pensiones ha experimentado un incremento de 8.6% en su cartera de afiliados. Según evidencian los datos, la mayoría de los afiliados son de sexo masculino (58% contra 42%). Bajo el sistema de capitalización individual se encuentra registrada el 92% de la población afiliada, mientras que sólo el 8% se encuentra en el sistema de reparto.

El recién elaborado informe de la Dirección de Información y Defensa del Afiliado (DIDA), Evaluación de 10 años de la Seguridad Social desde el punto de vista de los usuarios, expone algunas de las quejas de los beneficiarios del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia: “la exclusión en cobertura de pensión por discapacidad y sobrevivencia a los afiliados activos mayores de 60 años, la denegación del derecho alegándose una enfermedad preexistente, afiliaciones automáticas o involuntarias de personas con derechos adquiridos de pensión por las leyes 1896 y 379, restricciones para saber la AFP donde se está inscripto, la no indexación de las pensiones de discapacidad y de sobrevivencia según los índices de precio al consumidor, entre otras”.[3]

A estas dificultades se suman las que experimentan quienes han laborado en instituciones como la Junta Central Electoral (JCE). Según declaraciones del juez Roberto Rosario, esta entidad se vio precisada a usar parte de los recursos del Plan de Retiro, Pensiones y Jubilaciones de sus empleados en la organización y montaje de las pasadas elecciones congresuales y municipales.[4]

Por otra parte, según el periódico Listín Diario, las nuevas disposiciones y cambios en los formularios de solicitud de pensión que hiciera el Ministerio de Hacienda retrasan el pago a 800 trabajadores enfermos y envejecientes, que esperan pensión por invalidez y vejez, cuyos expedientes ya habían sido trabajados y aprobados por el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).[5]

Fulgencio Severino, representante del Colegio Médico Dominicano (CMD) ante el Consejo Nacional de la Seguridad Social, y Rafael Rodríguez Sandoval, director de la Agrupación Médica del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (AMIDSS), calificaron como “injustas” estas trabas.[6]

En tanto, el ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, afirmó que no es cierto que esa institución esté retrasando la aprobación de las pensiones. Sostuvo que, en realidad, se está trabajando desde el pasado diciembre en ajustar todo el procedimiento burocrático de aprobación de las pensiones provenientes de los cotizantes del IDSS al marco legal vigente, acogiéndose a los términos de la Ley 494-06.[7] En declaraciones escritas, el Ministerio de Hacienda asegura que la Gerencia de Pensiones del IDSS declinó la oferta de colaboración que le hiciera esta entidad para agilizar los ajustes.[8] Informó, además, que en febrero se desembolsará el monto de RD$74.7 MM para completar el pago a los 19,100 pensionados del Estado, con quienes se tienen pendientes atrasos retroactivos desde 2003. Con esta suma se elevaría a RD$471.3 MM el total pagado por este concepto.[9]