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Fondo Monetario Internacional pone en aprietos al gobierno

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Un sinnúmero de reacciones ha generado la exigencia hecha por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a República Dominicana, en torno al aumento de un 18% a la tarifa eléctrica. De inmediato, distintos sectores del ámbito nacional se han expresado en contra de dicha pretensión.

 

 

Leopoldo Artiles
Coordinador
Víctor Mateo
Colaborador

(Santo Domingo, 16 de noviembre 2011). Es preciso decir que la situación ha impedido que se conozca la séptima revisión del acuerdo entre el organismo internacional y el gobierno, por lo que los funcionarios de la administración central se reunirán en los próximos días con representantes del FMI, con la intención de debatir nueva vez el punto crítico.

Dentro de los que se oponen a tales pretensiones se encuentra Celso Marranzini, vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), quien afirmó que si el gobierno central acata tal requerimiento, entonces renunciaría al cargo que ocupa. A su entender, “el problema es generar el efectivo suficiente”, haciendo alusión a los costos del sector, para lo cual agrega: “Lo fundamental es optimizar la parte de distribución”.

Asimismo, el presidente del Senado de la república y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), aseguró que si el Fondo Monetario insiste en su pedimento de que se aumente la tarifa eléctrica, el Presidente de la República prefiere romper definitivamente con el organismo, quien a su vez confirmó que el mandatario cuenta con el aval y el respaldo de los legisladores y miembros de su partido.

Por su lado, la comisión económica del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), acusó al gobierno encabezado por el presidente Fernández de querer echarle la culpa al FMI con relación a dicho aumento, cuando, a su parecer, “fueron sus representantes quienes propusieron la iniciativa al organismo internacional de aumentar la tarifa eléctrica”. Según afirma Arturo Martínez Moya, quien preside la mencionada comisión del partido opositor, fueron Héctor Valdez Albizu, Temístocles Montas y Daniel Toribio quienes, a nombre del gobierno, se comprometieron a subir la tarifa, mediante la Carta de Intención relativa a la quinta y sexta revisión del acuerdo, de fecha 6 de julio de 2011.

También, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), a través de su secretario general, Ramón Rogelio Genao, mostró su desacuerdo ante dicha demanda, considerándola como “criminal”. Los reformistas entienden que el sector eléctrico “es la cruz más pesada de la economía nacional”, y aumentar el costo de la factura en las actuales circunstancias económicas que vive la población, provocaría sacar del mercado internacional los productos de la industria local.

De su lado, el vicepresidente de la República, Dr. Rafael Alburquerque, negó que exista una ruptura de las negociaciones con el FMI, aunque confirmó que las conversaciones están paralizadas por el tema de las revisiones séptima y octava, precisando que no es la primera ocasión que ocurre tal hecho.

Perspectivas y retos del gobierno

Como ya es sabido, las quejas por los apagones no cesan, lo cual constituye un dolor de cabeza permanente para la administración central, complicándose más con los pedimentos del FMI del aumento en un 18% de la tarifa eléctrica.

Ahora bien, el presidente Leonel Fernández sometió al Senado un contrato de préstamo firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 200 millones de dólares, los cuales pretende destinar a tres aspectos, que son: a) Fortalecer la capacidad institucional y de supervisión del sector eléctrico; b) Fortalecer el planeamiento sectorial y la consolidación del marco regulatorio, y c) Apoyar la mejora gerencial y operativa de las empresas eléctricas.

El mandatario, en carta de motivación a los senadores, explicó que el financiamiento tiene por objeto apoyar a la República Dominicana en la adopción e implementación de las reformas y políticas sectoriales necesarias para impulsar la sostenibilidad financiera y la eficiencia operativa del sector eléctrico.

Sin lugar a dudas, el tema energético sigue siendo el talón de Aquiles para República Dominicana. El contrato suscrito con el BID está sujeto a condiciones que el gobierno deberá adoptar previamente al desembolso.

Por último, en caso de ser aprobada la séptima revisión del acuerdo con el FMI, éste garantizará al gobierno recibir fondos superiores a los 1,500 millones, tanto del organismo internacional como del BID.

Fuentes

http://elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=264424, consultada el 11-11-2011 a las 7:06 a.m.