Durante el pasado mes de febrero continuaron los conflictos municipales relacionados con la resolución de los regidores del Distrito Nacional que aumenta los arbitrios municipales por el uso del suelo.

Serafino de la Cruz
Coordinador Unidad de Gobierno Local

(Santo Domingo, 01 de marzo de 2011). La intención ha encontrado el rechazo de los hoteleros y los constructores de vivienda, quienes alegan se trataría de una doble tributación. Entre las acciones llevadas a cabo por los que se oponen a los arbitrios está una solicitud de juicio político al síndico Roberto Salcedo. La solicitud fue presentada por la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de la República Dominicana (ASONAHORES) y la Asociación de Hoteles del Santo Domingo (AHSD). Una comisión del Senado, presidida por el legislador Charlie Mariotti, recibió la solicitud de los hoteleros en una audiencia especial celebrada el 8 de febrero, a solicitud del senador de Azua, Rafael Calderón.

En la audiencia también participaron los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI). Se considera que la creación de un arbitrio por el uso y mantenimiento del suelo, afecta a todas las personas físicas y jurídicas que poseen propiedades inmobiliarias en el Distrito Nacional.[1]

Otra acción tomada por ASONAHORES fue que elevó un recurso de oposición contra los arbitrios al Tribunal Superior Administrativo. En su motivación para solicitar la instancia al tribunal, solicita: a) Que el tribunal detenga el cobro de los arbitrios, por entender que constituye una práctica contraria a la Constitución, y b) Objeta la tasa establecida por el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), considerando que representa una doble tributación, ya que los propietarios de bienes inmuebles pagan otro impuesto similar a la administración tributaria.[2]

La jueza del Tribunal Superior Administrativo, Sarah Henríquez, se reservó el fallo el martes 22, y dio un plazo de cinco días a las partes para que depositaren sus conclusiones en torno a la legalidad o no de los nuevos arbitrios que el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) pretende cobrar.[3]

Ante las acciones de los gremios empresariales, el alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, llamó al diálogo a quienes se oponen a las ordenanzas que establecen nuevos impuestos municipales sobre la propiedad inmobiliaria. “Ahora, hay mecanismos legales, en caso de que no se esté de acuerdo con la medida, de elevar recursos de reconsideración de parte de la institución. Yo creo que de ahí a pedir un juicio político ya eso entra dentro del marco político, ya eso es otra cosa. Esa es una dimensión diferente[4]”,

Otros sectores han opinado sobre los nuevos arbitrios. De su lado, la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) favoreció que el Congreso Nacional haga una revisión tributaria, para que las empresas hoteleras y turísticas aporten a los municipios en donde operan. El organismo llevó por escrito su posición al Senado, con relación a la resistencia de los hoteleros a pagar impuestos a las alcaldías, “contrario a lo que ocurre en el resto del mundo”.[5]

De su lado, el Diario Libre, en su sección AM, dice lo siguiente:

“El pleito de intereses entre los hoteleros y el Ayuntamiento del Distrito Nacional solamente se explica porque los sectores de este país viven de espaldas, no se hablan y, peor aún, no se escuchan. El Ayuntamiento tiene razón en recabar de los hoteleros mayor cooperación para mantener en buen estado el área del Malecón de Santo Domingo, donde están ubicados muchos de los principales hoteles. Los hoteleros no pueden negarse a ello porque les conviene. El Ayuntamiento no tiene razón al pretender aplicar nuevos impuestos sin poner su casa en orden. Los hoteleros deben estar dispuestos a buscar solución a las altas tasas impositivas, cuyos recursos van casi todos al gobierno central, y que no benefician a los gobiernos municipales, donde los hoteleros tienen sus establecimientos. Nuestros políticos tienen que hablar más en el ejercicio del poder y menos en las campañas”.[6]

Ese mismo periódico dedicó su editorial del 16 de febrero al tema de los arbitrios, señalando lo siguiente: “La ordenanza del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que establece un nuevo impuesto (no importa cómo lo llamen, es un impuesto) al uso de suelo, no sólo va a crear una nueva carga a los propietarios, sino también un lío jurídico mayor”. El editorial se pregunta:

“¿Saben los habitantes de Santo Domingo que ellos no podrán traspasar sus propiedades si no han pagado el 2 por mil que establece la resolución? ¿Saben los habitantes de Santo Domingo que, de acuerdo a esa norma, el Ayuntamiento está facultado para establecer un nuevo catastro cuyo avalúo no puede ser menor al ya fijado por la DGII y el Catastro Nacional? Cuando entre en vigencia la resolución que ha sido impugnada, el politizado ayuntamiento de la capital pondrá precio a las propiedades, e impedirá que éstas se traspasen sin haber pagado lo que ellos mismos establecen que vale. Es decir, son jueces y parte”.[7]

Como forma de mediar en el conflicto por los arbitrios, una comisión especial del Senado, encabezada por Charlie Mariotti, se reunió con Roberto Salcedo. El alcalde Salcedo defendió su actuación en la aplicación de arbitrios, la que, según dijo, está avalada por lo que establece la ley 176. El mismo estuvo acompañado del secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Domingo Contreras, entre otros funcionarios municipales.[8]

Finalmente, luego de varias semanas de debates y de las quejas expresadas por los empresarios y constructores de viviendas, la Sala Capitular del Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN), derogó, el lunes 28 de febrero, la Resolución 320-10. Esta es la que tenía que ver con el cobro de un nuevo arbitrio a los solares y a las viviendas que están dentro de la capital.[9] La misma fue derogada con el voto de todos los presentes. También, los ediles dejaron para una próxima sesión el tema de los arbitrios relacionados con el planeamiento urbano, que se habían sometido en el presupuesto de 2011, a fin de lograr un consenso con todos los sectores.