El pasado mes de abril dos cabildos dominicanos aprobaron resoluciones conflictivas para la transparencia de los municipios

Serafino de la Cruz
Coordinador Unidad de Gobierno Local

(Santo Domingo, 06 de mayo de 2011). La Sala Capitular del Cabildo de Santo Domingo Oeste (CSDO) aprobó la concesión del cobro de los arbitrios por concepto de rodaje, en tres puntos de entrada a ese municipio, a la empresa EFI-Cobros S.R.L. en busca de garantizar el cobro del impuesto[1]. Se trata de un impuesto que se aplica a cada camión que entra al municipio cargado de materiales de construcción. El arbitrio ronda entre 25 y 45 pesos.

La decisión del CSDO está contenida en la Resolución No.11/2011, emitida el pasado 18 de marzo.  El presidente de la Sala Capitular del Cabildo del Santo Domingo Oeste, Luis Díaz Filpo, ofreció la información al momento de desmentir la denuncia hecha por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) de que la Sala Capitular habría aprobado nuevos arbitrios para el transporte de carga. "Ese arbitrio se cobra desde el 2002" -explicó el funcionario- "cuando no existía ese municipio, lo cobraba el Ayuntamiento del Distrito Nacional" -argumentó.

En el marco de la concesión, la empresa EFI-Cobros se compromete a pagar RD$300 mil al mes al CSDO por concepto de cobro del impuesto. El contrato tendrá una duración de un año y será revisado cada seis meses. Uno de los problemas que motivaron que los regidores aprobaran la concesión de ese cobro es que debido a la irregularidad con que se paga, el CSDO no tiene garantías de obtener los recursos establecidos. Fuentes periodísticas confirmaron que en los tres puntos de cobro de ese arbitrio (en el cruce de Hato Nuevo, la Autopista 6 de noviembre y la Carretera Sánchez) los camioneros pasan sin pagar el arbitrio o, los que pagan, lo tiran al suelo y no pagan lo debido.

Una concesión similar fue aprobada por la Sala Capitular del Cabildo de Santiago. Durante una sesión ordinaria, la Corporación Edilicia cedió a la empresa NP Inmobiliaria S.A. la facultad de administrar y vender terrenos municipales. La resolución también otorga facultad a la empresa NP, propiedad del empresario Nicasio Pérez Zapata, para proceder a la venta de terrenos municipales en manos de terceros[2].

Mediante el contrato, el Cabildo de Santiago se compromete a pagar a la empresa el 10% de los arbitrios cobrados a partir de los RD$9 millones que recaude la compañía. La razón que motiva la concesión es que "los cobros están por debajo, debido a la ineficiencia del Departamento de Catastro".

El contrato fue aprobado por 18 regidores del PRD y algunos aliados, y rechazado por 14 regidores del PLD y aliados. Los regidores Rafael Cruz y Cándido Álvarez, de los Partidos Reformista Social Cristiano (PRSC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP) respectivamente, dijeron que el Departamento de Catastro fue abandonado por las autoridades municipales para justificar el contrato.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) se opuso a la aprobación del contrato; su presidente municipal, Ramón Rodríguez, dijo que la medida viola los artículos 93, numeral 1, literal k, y el 128, numeral 3, literal d, de la Constitución de la República. En su interpretación, esos artículos otorgan facultad exclusiva al Presidente de la República y al Congreso Nacional para someter y aprobar contratos que impliquen la enajenación de bienes del Estado.

El vocero de los regidores del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Arides Hernández, defendió el contrato, alegando que el cabildo no tiene capacidad logística para aplicar el cobro de los arbitrios de terrenos municipales.

A pocos días de aprobado el contrato, el grupo de regidores que votó en contra del contrato entre el Cabildo de Santiago y la firma NP Inmobiliaria, anunció que pedirá una revisión de la resolución. En una visita al periódico La Información de Santiago, los regidores Amarilis Baret, Fausto Corniel, Mayra Alonso, José Díaz Cabrera, Jochebel Jerez, Cándido Alvarez, María del Carmen Díaz, Anllely de León, Eric Mercedes, Tomás López, Elido Guzmán y Domingo Ureña advirtieron que ese contrato provocará un problema social[3].

Los ediles santiagueros estiman que la aprobación de la resolución del pasado 28 de abril es ilegal y viola la Constitución de la República, porque el cabildo no puede despojarse de sus bienes para pasarlo a ninguna empresa para que decida.   Explicaron que el contrato es violatorio de la ley 340 sobre contrataciones de bienes y servicios de parte de las empresas del Estado, por cuanto no se hizo un llamado a concurso  para adjudicar el contracto a la empresa NP Inmobiliaria.

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