El pasado noviembre, varios conflictos generaron problemas y críticas a los cabildos.

Serafino de la Cruz
Coordinador Unidad de Gobierno Local

 (Santo Domingo, 12 de diciembre de 2011). Entre estos, cabe destacar los siguientes:

El alcalde de Santiago, Gilberto Serulle, encabezó una marcha que llegó al Palacio de Justicia, donde cientos de vendedores y empleados montaron una protesta en rechazo a una sentencia de un tribunal de este Distrito Judicial, que ordena paralizar los trabajos de ampliación y remodelación de la rotonda del barrio ensanche Libertad, de esta ciudad, la cual se levanta en terrenos privados.

De inmediato, la instalación judicial fue ocupada por tropas especializadas de la Policía Nacional, lo que impidió que Serulle y los demás manifestantes que le acompañaron penetraran a la misma, como era su intención. La referida sentencia, emitida por la Cámara Civil y Comercial de Santiago, fue aprobada luego que la familia Ferreras reclamara ante los tribunales la propiedad de los predios donde se realizan los trabajos¹.

Asimismo, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) atribuyó perversidad al modo en que el alcalde Roberto Salcedo convocó a licitación las instalaciones de Güibia. Julio César de la Rosa Tiburcio, hablando a nombre de la institución, anunció que impugnará ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la concesión de la Plaza Guibia, del Malecón de Santo Domingo, al Clúster Turístico del Distrito Nacional. Dijo que la entrega se realizó con la gracia de que el clúster podría también subarrendar los chaise longue que se han colocado en la plaza, para beneficio de los asistentes, a empresas privadas, bajo el subterfugio de garantizar la auto sostenibilidad de los espacios.

ADOCCO acusó al alcalde capitalino de montar una licitación sin haber terminado el proyecto, con el sólo propósito de que no se interesara nadie y declarar desierta la licitación, como al efecto, ocurrió. De la Rosa Tiburcio reiteró que Roberto Salcedo no solo violó la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, sino también el Tratado de Libre Comercio de República Dominicana, Estados Unidos y Centroamérica, así como la Resolución No. 6-2011 del Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, que ordenó que los contratos producto de licitación pública sean sometidos a la Sala Capitular, para su aceptación o rechazo².

Por otro lado, el fiscal de la provincia Duarte, Regis Victorio Reyes, informó que profundiza las investigaciones en torno al presunto desfalco al Ayuntamiento de San Francisco, denunciado por el alcalde Félix Rodríguez Grullón. El funcionario afirmó que en la fase de interrogatorio han sido llamados a declarar funcionarios del área financiera. "La investigación sigue abierta hasta completarla en base a un trabajo exhaustivo", expresó. Agregó que las investigaciones se iniciaron tan pronto el alcalde Rodríguez Grullón presentó una querella contra el encargado de nómina del ayuntamiento, licenciado Gerson Lizardo, cuya residencia fue allanada³.

El Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), de la Policía Nacional, y el fiscal de esta ciudad, iniciaron las investigaciones en torno a un desfalco millonario que denunció el alcalde Félix Rodríguez Grullón, en perjuicio del Ayuntamiento Municipal.

En tanto, el Bloque de Regidores del PRD solicitó mediante acto de alguacil al Banco de Reservas y al alcalde municipal, Félix Rodríguez Grullón, esclarecer de manera convincente el desfalco millonario que denunció el funcionario edilicio, en perjuicio del cabildo, a través del pago en la nómina electrónica.

Asimismo, el Concejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal depositó ante la Cámara de Cuentas, la documentación sobre el alegado fraude millonario cometido en el cabildo y solicitó la realización de una auditoria que esclarezca la situación denunciada.

Ante esto, el Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO), exigió que se investigue y aclare el desfalco en el ayuntamiento, y los responsables sean sometidos a la justicia. Raúl Monegro, vocero, dijo que no se trata de un pequeño robo cometido por un simple empleado, sino un desfalco millonario, denunciado por el propio alcalde municipal.

De otro lado, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) sometió ante el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo contra el Alcalde de San Cristóbal, Raúl Mondesí, ante la negativa de entregar informaciones solicitadas contenidas en el presupuesto de ese cabildo, correspondiente al año 2011⁴.

ADOCCO solicitó al ayuntamiento de la provincia San Cristóbal la documentación sobre ingresos provenientes de la ley de presupuesto asignados a esa alcaldía; ingresos provenientes del cobro de arbitrios municipales, nóminas de personal fijo, temporero, ocasional y regidores -con sus detalles de posición, salario y tiempo-, con la totalidad de lo invertido por esos conceptos.

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