El Cabildo del Distrito Municipal Verón-Punta Cana aprobó una resolución que autoriza el aumento en el cobro de derecho de rodaje a los camiones de carga que transitan por el municipio de Verón.

Serafino de la Cruz
Coordinador

(Santo Domingo, 4 de junio de 2012). Esto ha provocado el rechazo de los hoteleros e industriales, quienes afirman que la medida "encarece las actividades productivas de la zona y pone en riesgo la generación de empleos formales".

La Asociación de Industrias de la República Dominicana dijo sentirse alarmada por la facilidad con la que en los últimos años, desde algunos ayuntamientos, se emiten resoluciones contra la producción nacional, el turismo y la seguridad jurídica en el país, estableciendo arbitrios municipales que atentan contra el comercio intermunicipal, en violación a lo establecido en el Art. 200 de la Constitución de la República.¹

Las declaraciones de Ligia Bonetti de Valiente se dieron a propósito de la publicación reciente, por parte del Cabildo del Distrito Municipal Verón-Punta Cana, la resolución 16/2011, que autoriza el cobro concerniente al aprovechamiento del uso de las vías públicas (rodaje) a los camiones de carga que transiten por ese municipio.

Afirmó que también constituye un escándalo que se busque otorgar un contrato a una empresa para que cobre un 3% de venta y distribución de energía eléctrica a las empresas presentes en el Distrito Municipal de Verón-Punta Cana.

Entre los nuevos valores que establece la resolución se encuentran los siguientes: camiones de 6 ruedas, 30 pesos; de 8 a 10 ruedas, 75 pesos; de 12 a 14 ruedas, 100 pesos; de 15 o más ruedas, 125 pesos.²

La Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos del Este considera ilegal la resolución del Cabildo Verón-Punta Cana que dispone el cobro del referido “peaje especial” a los camiones de carga que utilizan las vías de esa comunidad turística.³

Ellos se suman a la postura de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) que considera la iniciativa del cabildo como un atentado contra la producción nacional, el turismo y la seguridad jurídica en el país.

Para la Asociación, la resolución 16/2011 dictada por el Ayuntamiento de Verón – Punta Cana es un atentado contra el comercio intermunicipal y transgrede literalmente el artículo 200 de la Constitución de la República, que regula la facultad de los gobiernos para crear nuevos impuestos.

Esta resolución provocó que la AIRD, la Asociación Nacional de Hoteles y Turismo (ASONAHORES) y la Asociación de Hoteles de la Región Este interpusieran, el lunes 28 de mayo, un recurso contencioso-administrativo contra la resolución 16/2011, dictada por el ayuntamiento del Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana⁴.

Además, cuestionan otra resolución del Ayuntamiento de Verón, la 19/2011, que castiga con el cobro de un 4% del valor de las taquillas, entradas, tickets, por cada cliente, correspondiente a excursiones de todo tipo.

El recurso fue interpuesto ante el magistrado juez presidente de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Municipal de La Altagracia (Higüey).

Por otro lado, la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo 21 (AERODOM), reveló el miércoles 30 de mayo que las exigencias que viene haciendo el Ayuntamiento Municipal de La Caleta, en lo que tiene que ver con el cobro de arbitrios no tienen fundamento legal.

Yolanda Mañán, directora de Relaciones Públicas y Comunicaciones de AERODOM, recordó que el 3l de agosto de 2011, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) emitió un fallo a favor de esta empresa, en el que se establece que los ayuntamientos de los municipios donde hay aeropuertos internacionales no tienen fundamento legal para cobrar impuestos a esas instituciones.⁵

Estas declaraciones se producen luego de que el 31 de mayo, el alcalde de La Caleta, Jesús Mercedes, acompañado de regidores y dirigentes comunitarios, reclamaron ante el Juzgado de Asuntos Municipales ubicado en Boca Chica, el pago de unos quince millones de pesos que supuestamente adeuda Aerodom al Ayuntamiento.

Mercedes dijo que ese dinero que reclama el cabildo desde 2007, es por concepto de impuestos y arbitrios municipales que aplica la Junta Municipal a las empresas que operan en el entorno de La Caleta.⁶