El Tribunal Constitucional declaró nula e inconstitucional la resolución 112-2000 del Cabildo del Distrito Nacional, al considerar que imponía una doble tributación a los propietarios de inmuebles.

Serafino de la Cruz
Coordinador

(Santo Domingo, 16 de junio de 2012). La norma ordenaba el pago de un impuesto de 5.25% al valor de las viviendas suntuarias y solares urbanos no edificados, según lo estipulado en la Ley 18-88. Los jueces del Tribunal Constitucional acogieron una acción directa de inconstitucionalidad que fue interpuesta por la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI) en julio del año 2001.

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