La empresa indicó que agentes de la Policía Municipal, que de forma arbitraria y sin ningún aval o fundamento legal que los justifique, han interrumpido en varias localidades los trabajos de colocación de postes y cables para llevar los servicios de telecomunicaciones de la compañía a esa comunidad.

Serafino de la Cruz
Coordinador

(Santo Domingo, 31 de julio de 2012). La empresa de telecomunicaciones Tricom denunció el miércoles 18 de julio que policías municipales, que operan bajo las órdenes de la Alcaldía de San Cristóbal, le han impedido en más de una ocasión llevar a cabo los trabajos de construcción de su red de fibra óptica y cable coaxial en esa ciudad[1].

“Tricom cuenta con la debida aprobación y documentación por parte del Consejo de Regidores del Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, que mediante resolución del 4 de mayo pasado, actuando conforme a las atribuciones que le reconoce la Ley No. 176-07 para aprobar los usos de suelo, autorizó a la empresa a instalar 41 postes en la autopista Sánchez, 940 en el municipio de San Cristóbal y el cableado de las redes”, reveló la empresa.

Señaló que, no obstante, mostrarles a los agentes de la Policía Municipal las copias de los permisos otorgados a favor de Tricom, éstos proceden a impedirles a los empleados de la empresa realizar los trabajos, limitándose a decir que responden a instrucciones directas, “verbales e informales”, del alcalde Raúl Mondesí.

Tricom detalló que el alcalde Mondesí se ha negado a ofrecer una explicación de las instrucciones impartidas a los policías municipales. Liza Arzeno, vocera de Tricom, afirmó que esta arbitrariedad evidencia el irrespeto del alcalde Mondesí a la institucionalidad. Sostuvo que el alcalde de San Cristóbal, desprovisto de autoridad legal y poder jurisdiccional, impide los trabajos de Tricom en violación a la Constitución, la Ley Municipal y las resoluciones del Consejo Municipal.

Para el jueves 19, la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, conocería una demanda interpuesta por Tricom contra la alcaldía, con el fin de que cese el impedimento a los trabajos.

Después de esta denuncia pública de Tricom contra el cabildo, se anunció que luego de una reunión entre las partes se había solucionado el problema. Ambas instituciones informaron que la situación de conflicto originada tuvo su origen en diferencias procedimentales[2].

En el marco de una reunión sostenida entre las partes, en la cual se intercambiaron argumentos y diferencias de procedimiento, fue refrendada la validez de los permisos otorgados en inicio. Con la solución del conflicto, a través del cual se validan las autorizaciones necesarias para la implementación de la red en la provincia de San Cristóbal, Tricom procede de manera inmediata a continuar con las labores de lugar.

Con la continuidad de los trabajos, Tricom informó que los clientes que se encontraban en proceso de instalación, en pocos días podrán disfrutar de los servicios de Telecable, internet y telefonía.

Sin embargo, luego de resuelto el conflicto con Tricom, en esta ocasión es la empresa de telecomunicaciones Claro que denuncia que la alcaldía de San Cristóbal, alegadamente, mantiene detenido desde 2009 el desarrollo de las telecomunicaciones, lo que impide que se materialicen inversiones de capital en la instalación de 6 antenas y 8 proyectos para facilidades de planta externa que ascienden aproximadamente a RD$50 millones[3].

En un comunicado, emitido por la empresa Claro, se precisa que la alcaldía de San Cristóbal ha impedido la puesta en ejecución de 14 proyectos de expansión y mantenimiento de sus redes fijas y móviles. Se plantea: “La situación de los servicios ofrecidos mediante las facilidades de la red fija y planta externa se encuentran en estado de emergencia, lo que implica que el municipio podría quedar incomunicado ante un eventual fenómeno natural”.

La empresa precisa que eso ha provocado la imposibilidad de ofrecer servicios de vanguardia disponibles en otras localidades, por ejemplo, de datos de alta velocidad (ADSL), IPTV (televisión digital), internet móvil de banda ancha, así como, responder a solicitudes de servicios diversos, ante la falta de facilidades.

Claro indica que esta situación afecta primordialmente a los munícipes de San Cristóbal y al estándar de calidad de servicio que ofrece a sus clientes. Resalta que este proceder no se corresponde con los objetivos planteados por el Estado, de disminuir la brecha digital en el país.

Se debe recordar que varios ayuntamientos están involucrados en conflictos con las telefónicas desde 2008. Esta situación provocó la emisión de varias sentencias judiciales en los tribunales del país a favor de dichas empresas.

La sentencia más relevante es de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que acogió un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Asociación Dominicana de Empresas de Telecomunicaciones, Inc. (ADOMTEL) en fecha 25 de septiembre de 2008, declarando no conforme con la Constitución, en lo que respecta únicamente a las empresas de las telecomunicaciones, el Artículo 284 de la Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios[4].

Al tomar en cuenta el Artículo284, los cabildos entendían que el sector de las telecomunicaciones debía pagar el 3% del total facturado a los municipios[5]. A pesar de que existe esta sentencia, los conflictos no terminan.