Las más recientes conversiones de distritos municipales en municipios y modificaciones de límites territoriales muestran que el ordenamiento planificado y adecuado del territorio nacional sigue siendo débil en República Dominicana. Tales medidas han provocado conflictos y han evidenciado errores en la división y delimitación de territorios.
Natanael Disla
Monitor
Santo Domingo, 13 de septiembre de 2013
El caso Baitoa o el sentido de pertenencia
El 10 de mayo de 2013, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 69-13 que elevó el distrito municipal Baitoa (parte del municipio Santiago) a la categoría de municipio. El proyecto de ley fue una iniciativa del diputado Víctor Enrique Mencía García (PLD-Santiago), aprobado primero en la Cámara de Diputados el 19 de julio de 2011 y posteriormente modificado en el Senado de la República en su sesión de fecha 6 de marzo de 2013.
Previo a su promulgación, diversas instituciones se opusieron al proyecto. En un documento entregado a la Presidencia de la República, la Asociación Dominicana de Distritos Municipales (ADODIM) solicitó al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, detener esa y otras iniciativas para modificar el territorio nacional. Una de las razones esgrimidas es que con ellas “se pretende arrebatar a los distritos municipales los territorios con mayor potencialidad de desarrollo”.
De igual forma, tanto la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) como la Liga Municipal Dominicana han solicitado a las cámaras legislativas no aprobar proyectos de ley que eleven la categoría de demarcaciones, hasta tanto no se apruebe la Ley de Ordenamiento Territorial pendiente de conocimiento por parte de esas instancias. En ese sentido, Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República, advirtió el 24 de abril que no se iban a aprobar 21 proyectos de elevación de categoría que reposan en diversas comisiones, para no seguir dividiendo el territorio nacional.
A raíz de la aprobación del proyecto de ley que elevó Baitoa a municipio, varias comunidades protestaron en contra de la iniciativa, como fue el caso de Los Peladeros, cuyos habitantes reclamaron que pertenecen a la provincia La Vega y no a Santiago, como señala el proyecto de ley. Posteriormente, un grupo de diputados de La Vega hizo un descenso a Los Peladeros, donde conversaron con comunitarios buscando responder a su reclamo.
El 30 de abril, varias organizaciones comunitarias del distrito municipal Guayabal, perteneciente al municipio Puñal (provincia Santiago), protestaron frente al Congreso Nacional en Santo Domingo. Los manifestantes objetaron el hecho de que varias secciones y parajes de esa demarcación pasen a formar parte del nuevo municipio Baitoa y que su opinión no fue tomada en cuenta para la realización de esta iniciativa.
Con la nueva ley, el distrito municipal Guayabal quedó conformado por su zona urbana, la sección rural del mismo nombre y el paraje Palo Amarillo. Las demás secciones y parajes pasaron a formar parte del nuevo municipio. El 17 de mayo moradores de dos secciones y tres parajes que fueron anexados a la nueva demarcación realizaron un viacrucis en rechazo a la Ley 69-13 por entender que darían un paso hacia atrás con la nueva conformación municipal.
Los diputados Hugo Rafael Núñez Almonte (PRD-La Vega) y Magda Alina Altagracia Rodríguez Azcona (PLD-Santiago) presentaron el 19 de junio un proyecto de ley al pleno de la Cámara de Diputados donde señalan que en la elevación a municipio del distrito municipal Baitoa se incurrió en diversos errores: las comunidades de Yabanal, Los Peladeros y Loma del Coco (del distrito municipal Tavera) corresponden a la provincia La Vega, mientras que el paraje Mocán Arriba también pertenece a La Vega y Mocán Abajo al municipio Baitoa, provincia Santiago. Dos días después, el Ayuntamiento de La Vega convocó a una mesa de trabajo e invitó a la sociedad civil de esa ciudad para tratar el despojo de las cuatro demarcaciones del nuevo municipio Baitoa que pertenecían a la provincia La Vega. El Ayuntamiento de La Vega aprobó una resolución en apoyo a la iniciativa legislativa supraindicada para modificar la Ley 69-13.
Finalmente, el proyecto presentado por los diputados Núñez y Rodríguez fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados el 26 de junio, que devolvió los citados parajes a la provincia La Vega, donde pertenecían originalmente.
El caso del municipio Baitoa en particular muestra la importancia del descenso técnico en materia territorial con las herramientas y datos que ya existen, como los trabajos previos realizados en el IX Censo Nacional de Población y Vivienda, que pueden servir para aclarar dudas en materia de división geográfica, límites y linderos de las demarcaciones afectadas.
El caso Maimón o la bahía de los tesoros
La Ley 66-13 modificó tanto la integración como los límites territoriales del distrito municipal Maimón, perteneciente al municipio Puerto Plata y a la provincia del mismo nombre. Dicho distrito alberga la bahía de Maimón y ha sido fuente de varias iniciativas empresariales de turismo hotelero y de cruceros.
Maimón fue elevado a distrito municipal por medio de la Ley 314-06 del 17 de julio de 2006. En el Cuadro No. 1 se puede apreciar su integración al momento de su elevación.
La Ley 66-13 redefinió los límites del distrito municipal Maimón, señalando en uno de sus considerandos que no colinda en ningún lugar con el municipio Luperón. La pieza legislativa establece que el distrito municipal Maimón limita al oeste con el municipio Imbert, por lo que todas las secciones y parajes que antes pertenecían a Maimón fueron transferidos al municipio Luperón.
En el Cuadro No. 2 se puede apreciar cómo quedó conformado el distrito municipal Maimón después de la modificación de su territorio.
Esta última redistribución política administrativa ha causado varios conflictos en esa demarcación debido a que la comunidad y la Junta del Distrito se niegan a que su territorio sea reducido. El 25 de marzo se reportaron 16 personas heridas y más de 20 detenidas en Maimón, Puerto Plata, como resultado de protestas contra la ley.
Los manifestantes reclamaban la pérdida de ingresos que la nueva distribución representa para el distrito municipal Maimón, ya que la sección Maggiolo ‒que alberga la aldea Cofresí, donde se encuentran varios complejos turísticos‒ quedó sustraída del territorio maimonense. Allí se planea crear un relleno sanitario que sustituya al actual vertedero y se ha identificado una zona potencial de generación de energía eólica, con el consecuente cobro de arbitrios por ese concepto. Maggiolo ha estado en disputa entre la Junta del distrito municipal Maimón y el Ayuntamiento de Puerto Plata, ya que los arbitrios que generan los hoteles localizados en Cofresí los cobra el cabildo puertoplatense.
A ello se une el hecho de que una firma británica-estadounidense-panameña está invirtiendo 65 millones de dólares en una terminal de cruceros en el distrito municipal Maimón, en la bahía del mismo nombre.
Este caso ha demostrado que los territorios con vocación turística o comercial de gran envergadura confrontan diversas luchas de intereses al momento de una redistribución política. Por un lado, conflictos territoriales no resueltos anteriormente resurgen y se recrudecen ante cualquier cambio legal de linderos y límites. Por el otro, las empresas privadas se ven compelidas a asumir costos extras para no perder su inversión, como es el caso del vertedero de Maggiolo, cuya administración pretende asumir una empresa privada para convertirlo en relleno sanitario.
Conclusiones
La creación de nuevas demarcaciones en República Dominicana ha sido un tema polémico a través de los años. La confluencia de diversos intereses, la planificación en materia territorial, así como la institucionalidad en el ámbito local, han sido parte de los puntos nodales de estos eventos.
En cuanto al aspecto legal, se hace necesario analizar hasta qué punto se cumple en cada proyecto de ley de elevación, el mandato establecido en el Art. 27, parr. D de la Ley 176-07 de que el nuevo municipio supere el 10 % o más del presupuesto del municipio del que es segregado, así como la consulta en las comunidades afectadas para conocer su opinión sobre el particular. Igualmente, la opinión técnica en los aspectos identitarios, territoriales, limítrofes y socio económicos es un aspecto que no debe descuidarse al momento de elevar de categoría un territorio.
El proyecto de Ley de Ordenamiento Territorial que cursa actualmente en las cámaras legislativas deberá establecer un protocolo estricto de seguimiento a las cuestiones indicadas para evitar errores de cuidado que alteren los límites de las demarcaciones, así como evitar la excesiva fragmentación del territorio.
En cuanto a la planificación territorial, los planes estratégicos juegan un rol preponderante en la conformación de la demarcación, junto con las mancomunidades de municipios que estén presentes en la zona. Ambas cuestiones deben ser tomadas en cuenta a la hora de cualquier segregación territorial.
Todo desarrollo en materia territorial debe contemplar el trabajo mancomunado de los municipios y distritos municipales que colinden entre sí.
A través de los años, la experiencia en República Dominicana en materia de ordenamiento territorial ha mostrado cuestiones preocupantes que han dado al traste con un sin número de demarcaciones con el consecuente gasto en personal, procesos administrativos y prestación de servicios municipales diversos.
Bibliografía
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Ley 314-06 que eleva la sección Maimón, del municipio Puerto
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Ley 69-13 que eleva el distrito municipal Baitoa, del municipio
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Los Peladeros organiza encuentro busca separación de Baitoa.
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Siguen los preparativos construcción terminal de cruceros turísticos en Maimón,
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http://www.elpoderdigital.com/
