Diferentes actores de la sociedad civil cuestionaron la actitud de muchos ayuntamientos, de no cumplir con las leyes. Se citan la ley de acceso a la información, la 176-07, del Distrito Nacional y los municipios, la 170-07, de Presupuesto Participativo, etc.

Serafino de la Cruz
Coordinador 

(Santo Domingo, 29 de julio de 2011). La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) presentó un estudio realizado en los principales ayuntamientos y distritos nacionales del país, que indica que más del 87% de estas instituciones estatales violan recurrentemente las leyes sobre transparencia en la gestión pública municipal. El estudio cita que entre las leyes más violadas están la 176-07, sobre presupuesto participativo, la 200-04, de acceso a la información pública, la 340-06, de compras y contrataciones, y la 41-08, sobre función pública.

José Sánchez, director del capítulo de Transparencia Municipal de FJT, cuestionó la falta de democracia directa que se observa en los municipios. Dijo que existen prácticas clientelistas y cuestionó el manejo poco transparente de los recursos administrados por los ayuntamientos.¹

En ese sentido, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), afirmó que un 98% de los ayuntamientos del país no cumple con la ley 340-06 sobre contratación de bienes, servicios, compras y obras del Estado. Deplora el gremio de profesionales que las obras que ocasionalmente les son asignadas a ingenieros y arquitectos “no son pagadas” por los cabildos, lo que “mantiene en zozobra y al borde de la quiebra” a decenas de sus colegiados. “Los cabildos no pagan la tasa del uno por mil que le corresponde al CODIA por las obras ejecutadas”, dijo el gremio que agrupa en el país a los ingenieros, arquitectos y agrimensores.

De su lado, el titular de la LMD, Fidias Aristy, deploró la situación expuesta por el CODIA y anunció que en breve se reunirá con el presidente de la entidad, para buscar posibles soluciones al conflicto.²

En fecha 12 de mayo de 2011, el Comité Provincial de la Red Nacional de Acción Juvenil, representado por el joven José Luis Delgado, remitió una instancia al Alcalde de La Vega, en la cual le solicitaba diversas informaciones. Al no ser entregadas, este grupo sometió un Recurso de Amparo, interpuesto contra el Alcalde, ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de la Provincia La Vega, a los fines de exigir la entrega de las informaciones solicitadas por vía de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública, que el funcionario se ha negado a suministrar.

El Juez apoderado del caso otorgó un plazo a las partes, a los fines de ampliar las conclusiones planteadas en la audiencia, e indicó que posteriormente emitirá su sentencia en audiencia que se convocará a dicho efecto.³

Asimismo, los alcaldes de una serie de ayuntamientos de la región noreste del país son objeto de cuestionamientos sobre el uso de los recursos en sus gestiones por parte de las organizaciones comunitarias, populares y de la sociedad civil. Estas reclaman de las entidades edilicias la elaboración e implementación de presupuestos participativos. En las últimas semanas, los alcaldes de San Francisco de Macorís y del municipio de Castillo, en la provincia Duarte, el Ing. Félix Rodríguez y Frank Valentín, respectivamente, han recibido el reclamo activo del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).

Raúl Monegro, coordinador del FALPO en San Francisco de Macorís, expresó que los ayuntamientos, en su calidad de gobiernos locales, tienen la responsabilidad de garantizar servicios y la obligación de realizar obras con los recursos que reciben, fruto de la Ley 166-03. Otro que es objeto de fuertes críticas y serias denuncias es el alcalde de Cotuí, quien ha sido cuestionado públicamente por las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil. En Tenares, el síndico Ermes Rodríguez es objeto de un fuerte y creciente cuestionamiento. La gente en Las Guáranas se queja del alcalde Samuel Recio Reynoso.⁴