El año 2011 estuvo matizado por diversos conflictos en el plano municipal.

Serafino de la Cruz
Coordinador Unidad de Gobierno Local

(Santo Domingo, 21 de marzo de 2012). A principios de 2011, la Asociación de Nacional de Hoteles y Restaurantes (ASONAHORES) y la Asociación de Hoteles del Santo Domingo (AHSD) amenazaron con someter a juicio político al alcalde del Distrito Nacional, Roberto Salcedo, por promover la creación de impuestos municipales. Aseguraron que la propuesta del Alcalde constituía una "usurpación de las funciones del Congreso Nacional y una violación a la Constitución y las leyes".

La posición de los gremios fue presentada en un documento ante una comisión del Senado, presidida por el legislador Charlie Mariotti. ASONAHORES y la AHSD plantearon que la facultad para los ayuntamientos establecer arbitrios está regulada por la Constitución[1].

El documento también fue firmado por los representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) y la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI).

Por otro lado, en la alcaldía de Santiago se suscitaron diversos escándalos. Empleados cancelados por las nuevas autoridades municipales realizaron varias protestas, reclamando sus prestaciones laborales. El conflicto obligó la intervención de un grupo de regidores, de los 41 que integran la Sala Capitular de ese municipio[2].

Otra situación que volcó la atención pública hacia el cabildo santiaguero fue la denuncia de que el alcalde aumentó la nómina del cabildo en 300%[3].

En otro conflicto, el diario Acento.com denunció que las autoridades municipales de Santiago violaron la Ley 200-04, De Libre Acceso a la Información Pública, al retener datos acerca de la empresa Urba-Luz, contratada para la recogida de basura[4].

También, los voceros de cinco partidos que inciden en la Sala Capitular de allí, denunciaron que el cabildo estaba seriamente afectado por una parálisis general en su funcionamiento, de la que acusaron al alcalde, Gilberto Serulle. La apreciación fue sustentada por Aulio Collado Anico, Domingo Ureña, Fausto Corniel, Cándido Alvarez y Eric Mercedes, portavoces de los partidos MIUCA, Partido Acción Liberal, Partido de los Trabajadores Dominicanos, Fuerza Nacional Progresista y Alianza por la Democracia[5]. A juicio de esos concejales, la administración del municipio ha sido abandonada por el Alcalde.

Otro conflicto fue el relacionado con el contrato -sin licitación y sin la aprobación de la sala capitular- de una empresa para los servicios de salud a ocho mil personas, según denunció un regidor[6]. Por el contrato, la alcaldía deberá pagar mensualmente dos millones de pesos. El acuerdo forma parte del programa de respaldo municipal firmado entre el alcalde Gilberto Serulle y Edgar Arnaud, vicepresidente de la empresa Per Mass Productos Consulting, S.A., con domicilio en Santo Domingo.

Por si fuera poco, durante una sesión ordinaria, la sala capitular cedió a la empresa NP Inmobiliaria S.A., la facultad de administrar y vender terrenos municipales. A pocos días de ser aprobado el contrato, el grupo de regidores que votó en contra anunció que pediría la revisión de la resolución. En visita al periódico La Información, de Santiago, los regidores Amarilis Baret, Fausto Corniel, Mayra Alonso, José Díaz Cabrera, Jochebel Jerez, Cándido Álvarez, María del Carmen Díaz, Anllely de León, Eric Mercedes, Tomás López, Élido Guzmán y Domingo Ureña advirtieron que ese contrato provocaría un problema social[7].

En San Cristóbal, el ex alcalde de ese municipio por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Montás, acusó al actual alcalde, Raúl Mondesí, de malversar más de 93 millones de pesos en ocho meses de gestión. Montás expresó que la actual administración había recibido más de 235 millones de pesos y todavía no había inaugurado la primera obra a favor de los sancristobalenses[8].

También, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) sometió un recurso de amparo contra el alcalde sancristobalense, bajo la acusación de violación a la Ley de Acceso a la Información Pública. El recurso, interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo, arguye que el alcalde se niega a entregarle documentos relativos a la administración del cabildo, tales como presupuesto, ingresos provenientes de la Ley de Presupuesto y de arbitrios municipales[9].

Julio César de la Rosa, coordinador de la entidad, anunció que “someterá ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA) al alcalde, de comprobarse que haya incurrido en actos de corrupción en violación de la Ley 176-07 que rige a los municipios”.

En Santo Domingo Este, siete regidores del Ayuntamiento pidieron al alcalde Juan de los Santos cumplir la ley en la construcción del Palacio Municipal que alojará las oficinas administrativas de ese cabildo. Definieron como urgente la necesidad de la obra y emplazaron al alcalde Juan de los Santos a iniciarla de inmediato, con apego a la ley[10].

Manuel Soto, regidor del Bloque Institucional Demócrata (BIS) y quien sirvió de vocero, explicó que el Ayuntamiento, previo a la licitación, contrató una empresa para la construcción de un edificio de cinco niveles, con una área de 9,500 metros cuadrados, a un costo de RD$212,895,338, y que el alcalde pidió un préstamo de RD$350 millones para construir una estructura sólo de tres niveles.

Los regidores aclararon que se han negado a aprobar ese préstamo porque peritajes de empresas constructoras calificadas han cotizado la obra a un costo de RD$180 millones. Piden la intervención de la Cámara de Cuentas, para evitar lo que, a su juicio, es una violación a la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones Públicas. El grupo de regidores estuvo presidido por los voceros del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), del Movimiento Institucional Unidad y Cambio (MIUCA) y del Movimiento Democrático Alternativo (MODA).

En mayo, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana anunció el sometimiento de 136 cabildos por no rendir cuentas de sus operaciones en 2010. La presidenta de la entidad, Licelot Marte de Barrios, declaró en estado de desacato a 136 alcaldes y directores de juntas de distritos municipales. Los cabildos y distritos municipales no habían entregado las documentaciones requeridas para el análisis presupuestario de 2010, como establecen la Constitución y la Ley 10-04[11].

En junio, el tema de la acumulación de basura fue muy reseñado por la prensa nacional. Esto incluyó conflictos generados con empresas recolectoras, así como con la forma de adjudicar los contratos. El síndico Francisco Fernández, de Santo Domingo Norte, dispuso la intervención directa del personal de ese cabildo en la recogida de desechos. El conflicto surgió por una disputa entre la alcaldía y la empresa recolectora de basura, Bérico Services. Las partes involucradas se culparon mutuamente de la situación[12].

Otro tema de conflicto fue la pretensión de fragmentación del país, con la creación de nuevas demarcaciones. En una sesión extraordinaria, en julio, los diputados convirtieron la sección Barranca, La Vega, en distrito municipal. Lo mismo hicieron con la sección Abreu, de María Trinidad Sánchez. En Santiago, la sección Las Cabuyas pasó a ser distrito municipal y el distrito municipal La Canela fue elevado a municipio[13].

Ante esto, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Félix Rodríguez, solicitó la detención de todos los proyectos de ley que pretendan crear nuevos municipios y distritos municipales.

En Navarrete, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) sometió ante el Tribunal Superior Administrativo, un recurso de amparo contra la alcaldesa de Villa Bisonó, Amantina Escarlet Gómez Garrido. Alegaron que ésta se negó a entregar informaciones solicitadas por instituciones de esta ciudad, entre ellas la Alianza por la Transparencia, el Desarrollo y la Paz de Navarrete[14].

ADOCCO acusa además a Gómez Garrido de haber hecho un préstamo, con apoyo de los regidores, de RD$10 millones de pesos a un prestamista que en 48 meses le ganaría al ayuntamiento la suma de RD$12 millones en intereses. A la alcaldesa se le solicitó documentación sobre el monto de las deudas y obligaciones de pago contraídas por el cabildo en sus diferentes áreas, de enero 2008 a diciembre de 2010, a lo que se negó.

Entre los documentos que la síndica se negó a entregar figuran copias de los cheques emitidos y las facturas de compras realizadas por el cabildo en el citado período; el monto presupuestado para los años 2008, 2009 y 2010; los montos presupuestados a cada obra y ejecución; copias de las resoluciones, concursos de obras públicas realizadas y/o presupuestadas.

En Tamboril, después del municipio ser declarado en estado de emergencia en agosto de 2010 y de anunciarse un riguroso plan de austeridad, el alcalde Angolino Germosén hizo que los regidores le aprobaran la compra de un vehículo de lujo, que le costó al cabildo más de RD$3 millones, según revelaron fuentes oficiales a Acento.com.do. Angolino Germosén había dicho al referido diario, el pasado primero de abril, que su alcaldía encaraba graves dificultades económicas para cumplir con sus labores y pagar las prestaciones laborales a ex empleados (todavía pendientes), porque había heredado una deuda de RD$32 millones[15].

En La Vega, concluyó en julio el conocimiento del Recurso de Amparo interpuesto contra el Alcalde de La Vega por jóvenes del Comité Provincial de la Red Nacional de Acción Juvenil. El caso fue ventilado ante la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de allí. Esta fue apoderada, a los fines de exigir la entrega de determinadas informaciones que se habían requerido a dicha entidad por vía de la Ley de Libre Acceso a la Información Pública y que se había negado a suministrar[16].

Para la audiencia, convocada a conocerse en julio, el alcalde de La Vega depositó una parte de las informaciones, aduciendo que las no entregadas afectaban el derecho a la privacidad de las personas que figuran en lo solicitado, y además, que la Red Nacional de Acción Juvenil (RNAJ) no poseía calidad jurídica para demandar lo requerido.

En el noreste del país, los alcaldes de una serie de cabildos de esa región fueron objeto de cuestionamientos sobre el uso de los recursos en sus gestiones por parte de organizaciones comunitarias y populares, entre otras representativas de las distintas localidades. Los quejosos reclamaban de las entidades edilicias la elaboración e implementación de presupuestos participativos[17].

En las últimas semanas de julio, los alcaldes de San Francisco de Macorís y el municipio de Castillo, en la provincia Duarte, el Ing. Félix Rodríguez y Frank Valentín, respectivamente, recibieron el reclamo activo del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) y otras organizaciones en esas localidades, a quienes reclamaron dar participación a las comunidades en la elaboración del presupuesto y la construcciónde obras comunitarias. En un esfuerzo por separado, el FALPO y otras organizaciones del municipio de Castillo, aglutinadas en una coordinadora de lucha, se movilizaron contra el síndico de Castillo, Frank Valentín.

Otro que fue objeto de fuertes críticas y serias denuncias fue el alcalde de Cotuí, Rafael Molina Lluberes, quien fue cuestionado públicamente por las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil en demanda de Presupuesto Participativo y por asumir poderes absolutos.

De su lado, la Fundación Justicia y Transparencia (FJT) presentó un estudio realizado en los principales ayuntamientos y distritos nacionales del país, que indica que más del 87% de estas instituciones estatales violan recurrentemente las leyes sobre transparencia en la gestión pública municipal. El estudio cita que entre las leyes más violadas están la 176-07, sobre presupuesto participativo, la 200-04, de acceso a la información pública, la 340-06, de compras y contrataciones, y la 41-08, sobre función pública[18].

José Sánchez, director del capítulo de Transparencia Municipal de FJT, cuestionó la falta de democracia directa que se observa en los municipios. Dijo que existen prácticas clientelistas y cuestionó el manejo poco transparente de los recursos administrados por los ayuntamientos.

En ese sentido, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), afirmó que 98% de los ayuntamientos del país no cumple la ley 340-06, sobre contratación de bienes, servicios, compras y obras del Estado. Deplora el gremio de profesionales que las obras que ocasionalmente son asignadas a ingenieros y arquitectos “no son pagadas” por los cabildos, lo que “mantiene en zozobra y al borde de la quiebra” a decenas de sus colegiados. “Los cabildos no pagan la tasa del uno por mil que le corresponde al CODIA por las obras ejecutadas”, dijo el gremio que agrupa en el país a los ingenieros, arquitectos y agrimensores.

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