Es licenciado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Posee máster en Derecho de la Administración del Estado (Universidad de Salamanca, España), en Defensa y Seguridad Nacional (Instituto Superior para la Defensa, Santo Domingo, República Dominicana), en Estudios Políticos Electorales (doble titulación de la Universidad de Granada y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra). También, es egresado de la especialidad en Geopolítica del Instituto Superior para la Defensa (INSUDE).
Su ámbito de ejercicio profesional e investigación es el Derecho de la Propiedad Intelectual, así como el Derecho Civil y Comercial, el Derecho laboral, Administrativo y Empresarial.
Es docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en las áreas de Derecho de la Propiedad Intelectual, Derecho Empresarial, Resolución Alternativa de Conflictos y Derecho Laboral. También, imparte docencia para los programas de posgrado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en materias de Derecho Procesal Penal y Procedimiento Civil.
Desde 2010 es subdirector de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
Es coeditor del Anuario Dominicano de Propiedad Intelectual de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE). Ha publicado artículos en la Revista Global y fue uno de los autores del texto 50 años de construcción democrática, impreso y editado por la Editorial Funglode.
Fue coordinador de la Unidad de Políticas Públicas y de la Unidad de Poder Legislativo del Observatorio Político Dominicano (OPD) desde noviembre de 2012 hasta abril de 2014.
El presidente Danilo Medina cumplió el sábado 25 de noviembre del año en curso, cien días de gobierno desde que asumió la primera magistratura de República Dominicana el 16 de agosto pasado. De inmediato, el nuevo presidente aplicó un conjunto de medidas para imprimir su estilo de gobernar en la administración pública y dejar sentadas sus prioridades.
Luego de haber agotado cien días al mando de la cosa pública, el primer mandatario de República Dominicana, licenciado Danilo Medina, se dirigió a la nación con la finalidad de pasar balance a las disposiciones del Poder Ejecutivo, a pesar de las protestas y reacciones que se han sucedido durante su joven estadía en el Gobierno.
Como era de esperarse, el Poder Ejecutivo convocó en el Palacio Nacional, el lunes 3 de los corrientes, al Consejo de Ministros a los fines de conocer el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2013, el cual asciende a un monto de 443,344 millones de pesos, más la amortización de la deuda, ascendente a unos 73,425 millones de pesos, lo que refleja una suma total de 516,799 millones de pesos.
Desde la llegada del presupuesto general al Congreso Nacional, el pasado martes 11 de diciembre, los diversos sectores que convergen en la sociedad dominicana han estado atentos a la actuación de los legisladores, puesto que se acerca la fecha límite dispuesta por la Constitución dominicana al respecto.
La alta nómina administrativa, la escasez de personal calificado, la intervención e incidencia de la política en las direcciones regionales y distritos educativos y la falta de maestros competentes, son algunos de los aspectos que se observarán en todo el año 2013, en cuanto a la inversión que se realizará desde el Ministerio de Educación de República Dominicana (MINERD), con la finalidad de que el gasto del 4% del PIB asignado a dicho sector sea bien administrado, según señaló el Prof. Julio Leonardo Valeirón, director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE).
Desde el pasado martes 15 de enero de 2013, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) ha sido objeto de debate, puesto que personalidades y representantes de instituciones de la sociedad civil organizada han planteado sus puntos de vista respecto a la propuesta de que la citada institución sea coordinada y vigilada por el Ministerio Público.