El documento revela que en República Dominicana hay agua en abundancia, pero su distribución hace que sea escasa.
(Santo Domingo, 3 de septiembre 2014). Un análisis publicado por la Unidad de Políticas Públicas del Observatorio Político Dominicano (OPD), de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), sostiene que el agua disponible es abundante, pero la manera en que se distribuye espacial y estacionalmente, en adición al alto consumo en riego, agua potable y la precariedad del saneamiento se traduce en escasez.
En este sentido, destaca que se requiere de un marco regulador actualizado y coherente, que unifique y coordine acciones de las instituciones del sector de acueductos, integre a las comunidades y garantice el acceso equitativo, sostenible y eficiente al agua.
“¿Qué pasa con el agua?” es de la autoría de Fanny Vargas, coordinadora de la unidad de Políticas Públicas. El documento ofrece un diagnóstico del acceso y uso del agua en todo el país, así como del estatus de cobertura y calidad del servicio para los diferentes usos y fines.
Además expone que la demanda de agua se caracteriza por varias distorsiones que afectan el funcionamiento apropiado del servicio. Por ejemplo, a pesar que el riego es el renglón de consumo más importante, la eficiencia de los sistemas de riego es muy baja y la sostenibilidad financiera del sector no se ha alcanzado, aunque la cobranza del servicio ha aumentado a partir del establecimiento del modelo de juntas de regantes.
En cuanto al saneamiento del Gran Santo Domingo, el 81 % de la población no dispone de redes de alcantarillado. “Las redes existen y se encuentran en estado deplorable producto de los años de servicio”.
El informe apunta que de las 29 plantas de tratamiento a cargo de la CAASD, solo nueve se encuentran en servicio. Esto obliga a que el 96.2 % de las aguas residuales sean descargadas sin tratamiento al subsuelo y al mar.
La investigación señala que a pesar de que hay ocho instituciones que están destinadas a la distribución del agua a escala nacional, existen problemas de gestión institucional que requieren de grandes esfuerzos de planificación integral.
“No existe un ente regulador que articule coherentemente las políticas sectoriales de infraestructura, tarifas y cobranzas, relaciones con usuarios y operadores”, informa.
Además apunta que los problemas de precio, cobro, distribución y calidad del servicio son comunes para todos los proveedores de agua. Se debe cambiar el modelo institucional de la prestación del servicio por uno que involucre a actores comunitarios y privados, crear un ente regulador y uno de planeación.
