Los catedráticos españoles participaron en el panel inaugural sobre derechos humanos, nacionalidad y soberanía del Estado, auspiciado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), el Instituto Global de Altos Estudios (IGLOBAL) y el Observatorio Político Dominicano (OPD).
(Santo Domingo, 26 de marzo 2015). Los doctores Ramón Viñas Farré, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Barcelona, y Sixto Sánchez Lorenzo, catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Granada, aseguraron que la Constitución nacional está por encima de cualquier estatuto internacional.
“La constitución es la súper ley, jurídicamente no existe ni ley ni tratado internacional que prevalezca sobre la Carta Magna, que es la voluntad popular”, sostuvo Viñas Farré.
El jurista citó el artículo 26 de la Constitución dominicana que expresa que el Estado reconoce y aplica las normas del derecho internacional en la medida en que sus poderes públicos las hayan adaptado y puntualizó que esta no estipula que los tratados internacionales prevalezcan sobre la Constitución y por tanto, estos están por debajo de la norma suprema de un Estado.
Además destacó que la nacionalidad y la soberanía nacional están estrechamente conectadas. “El Estado dominicano es quien establece quiénes son, quiénes conservan y quiénes pierden la nacionalidad dominicana. Los poderes legislativos son los que mandan”.
Sin embargo, confesó que a pesar de que ambos términos estén conectados, las normas sobre la atribución, adquisición y sobre todo, la pérdida de nacionalidad, deben respetar los derechos humanos, que no le exigen a una nación reconocer a nadie como nacional o no, pero sí le demandan que se le trate como a una persona humana.
Por su parte, el profesor Sixto Sánchez Lorenzo señaló que la nacionalidad tiene un principio base. “El principio es que cada Estado es soberano para determinar quiénes son sus nacionales. Esta competencia es exclusiva, es una cuestión de soberanía estatal; por tanto, el fallo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra la decisión del Tribunal Constitucional dominicano es contraria, más allá de la Constitución dominicana, al propio derecho internacional”.
El catedrático consideró que la CIDH no busca la no discriminación, es decir la desigualdad de raza, sino que tengan acceso a la comunidad dominicana los niños que nacen en República Dominicana de padres que residen ilegalmente.
“Esto no es un error jurídico, no es un problema de interpretación, no es discutir, es un problema de arbitrariedad, es una decisión injusta contra República Dominicana”, subrayó.
Ambos expertos participaron en el panel inaugural del primer seminario “Derechos humanos, nacionalidad y soberanía del Estado”, que fue auspiciado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), en coordinación con el Instituto Global de Altos Estudios (IGLOBAL) y el Observatorio Político Dominicano (OPD), con el objetivo de contribuir al debate que se ha suscitado en el país a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a República Dominicana modificar su Constitución para otorgarle la nacionalidad a todos los que hayan nacido en territorio dominicano.
Procedencia y consecuencias de la decisión de la CIDH para RD
En el plano interno, Sixto Sánchez Lorenzo recalcó que el gobierno y los jueces deben defender el sistema constitucional.
"La primacía del derecho internacional no está por encima de la Constitución ni de quienes la interpretan, y quien la interpreta no es ni siquiera el Gobierno, es el Tribunal Constitucional como órgano supremo del Estado; por tanto, un juez que se encuentre con que una norma internacional contradice su Constitución debe respetar la superioridad de la jurisprudencia constitucional ante todo”.
En el plano internacional, aclaró que las resoluciones de la Corte son inapelables, ya que no hay instancia superior a esta y que al principio puede atribuir responsabilidad internacional para el Estado dominicano, el cual deberá asumir las consecuencias si las hubiera.
Sobre las consecuencias para la CIDH por la sentencia emitida contra el país, sostuvo que los jueces de la Corte son inmunes y por tanto, no tienen ninguna responsabilidad civil. Pero que la sanción de la CIDH está en la deslegitimación, en la pérdida de prestigio y falta confianza.
"En el momento en que los Estados dejan de confiar en un sistema, este se pervierte, y si se pervierte, los Estados terminarán denunciando la Convención, no participando en ella por creer que está politizada, y la organizaciones internacionales pueden estar politizadas, pero las cortes jamás. Esta es la clave para el sistema funcione”, puntualizó.
El experto en materia de derecho internacional comparó la situación en la que se encuentra República Dominicana y concluyó que si en Europa se produce una sentencia similar, habría que modificar la legislación de 23 países de los 28 Estados que conforman la Unión Europea, los cuales no reconocen el jus solis ni a residentes legales ni ilegales.
Sobre el seminario
El panel inaugural del primer seminario “Derechos humanos, nacionalidad y soberanía” se realizó el pasado miércoles 25 de marzo a las 7:00 de la noche en el auditorio de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña y fue moderado por el presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo y ex presidente de la República, Leonel Fernández.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del licenciado Marco Herrera, director ejecutivo de FUNGLODE. Además intervino Marcos Villamán, rector del IGLOBAL.
En la inauguración del evento también participaron el exvicepresidente de la República, Dr. Rafael Alburquerque; la ministra de la Mujer, Alejandrina Germán; el director general de Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, Marino Vinicio Castillo; el director de la Biblioteca Nacional, Diómedes Núñez Polanco, jueces del Tribunal Constitucional, diputados, rectores universitarios y otras personalidades de la vida nacional.
