La investigación, realizada por el Observatorio Político Dominicano (OPD), además sugiere la implementación de un plan de acción preventivo por parte de las autoridades para reducir el fenómeno que ha cobrado 45 vidas en el primer semestre de este año.
(Santo Domingo, 22 de septiembre de 2014). Un análisis publicado por el Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), precisa la urgencia de la promulgación y aplicación efectiva de leyes que disminuyan al mínimo la incidencia del feminicidio en el país.
El documento destaca que en la actualidad, República Dominicana solo cuenta con la Ley núm. 24-97, contra la violencia intrafamiliar, promulgada en 1997, que castiga los asesinatos de mujeres pero no tipifica el feminicidio al nivel que lo requiere.
“Esto provoca que la respuesta sancionadora y reparadora del Estado siga siendo deficiente y que República Dominicana sea el tercer país con más feminicidios en Latinoamérica, después de Honduras y El Salvador, por encima de Colombia, Chile y Perú, países donde han disminuido las víctimas de maltrato a manos de su pareja, gracias a la implementación de políticas públicas”, apunta.
El análisis “Las políticas públicas frente al feminicidio”, de la autoría de Greidys Roa Chalas, investigador de la Unidad de Políticas Públicas del OPD, indica que en el primer semestre de este año en el país se reportaron en el país 45 casos de feminicidios, para un incremento de 40 % en comparación con el mismo período en 2013.
Replicar iniciativas latinoamericanas
El estudio sugiere replicar algunos planes de acción que se ejecutaron en Perú Chile y El Salvador, que resultaron efectivos para disminuir los índices de feminicidio.
“Estos países presentan políticas en común que han fomentado la alerta temprana, la formación de la Policía y el Ministerio Público en materia de género y violencia, la existencia de atención especializada que asegura la protección para las potenciales víctimas del feminicidio y las campañas nacionales de educación”, enfatiza Roa Chalas.
Chile es el país de América Latina y el Caribe con la menor tasa de feminicidios íntimos por cada cien mil habitantes para el año 2012. El estudio señala que el país suramericano normalizó el feminicidio en 2010 con la Ley núm. 20,480, la cual impone sanciones que van desde la pena mayor de cárcel hasta cadena perpetua.
Además, precisa que el Servicio Nacional de la Mujer en Chile (SERNAM) implementó políticas públicas como la revisión del material educativo para la eliminación de estereotipos de género, creación de casas de acogida para mujeres en situación de alto riesgo de violencia, implementación de programas sociales como “Programa de alerta temprana” y “Hombres por una vida sin violencia”, enfocado en reeducar a los hombres que ejercen o han ejercido violencia familiar.
Asimismo, la investigación puntualiza que a pesar de que El Salvador es uno de los países con más alta de feminicidios de América Latina y del mundo, para el año 2012 las cifras mostraron una reducción de 50 % tras la aplicación de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, que sanciona el delito de feminicidio con penas de hasta cincuenta años de prisión.
En el caso de Perú, los feminicidios han descendido en 16 % gracias a políticas públicas como el “Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015”, donde se les da garantía a las mujeres de una vida libre con igualdad entre ambos sexos sin distinción alguna y además elimina patrones socio-culturales discriminatorios, señala el análisis.
Propuestas caso República Dominicana
La investigación del OPD plantea la urgencia de hacer cumplir las leyes ya existentes, al tiempo de fortalecer los canales de denuncia y que se les brinde el seguimiento necesario a las víctimas.
Igualmente, recomienda reformar la Ley núm. 24-97, la cual permite la conciliación como método alterno para la resolución de controversias y con ello deja abierta la posibilidad de acuerdos entre una mujer abusada y su agresor, sin que este último haya pagado por su culpa.
Además, como medidas preventivas para disminuir los feminicidios, el análisis propone una mayor inclusión de las mujeres en la vida productiva de la sociedad por medio de políticas destinadas a mejorar sus condiciones de vida.
“Se necesita brindar oportunidades de incrementar sus ingresos, principalmente a las más mujeres desposeídas, como son las madres adolescentes, trabajadoras domésticas, trabajadoras del sector informal y las envejecientes, para que no se vean forzadas a depender económicamente de compañeros abusivos”, manifiesta el documento.
Roa Chalas puntualiza que los datos mostrados en el análisis del OPD se refieren únicamente al feminicidio de tipo íntimo, definido como el asesinato cometido por hombres con quien la víctima tenía o tuvo una relación íntima, familiar, de convivencia, o afines a estas.
