El Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE), publicó un análisis en torno la reactivación del debate sobre el impuesto a las compras por Internet, que actualmente enfrenta al Gobierno y los empresarios con la clase media, tras el anuncio de la Dirección General de Aduanas (DGA) de que a partir del 15 de agosto las compras por Internet por montos inferiores a los $200 dólares serían gravadas de manera irrevocable, eliminando la exención que permitió el floreciente comercio de los couriers.
(Santo Domingo, 5 de agosto de 2014).El análisis, de la autoría de Juan Pérez Osorio, investigador de la Unidad de Políticas Públicas del OPD, destaca que aunque el aviso de la DGA no fue explícito respecto al tipo de derechos, impuestos y las tasas que se cobrarán, la Asociación Dominicana de Couriers (ASODEC), entidad que aglutina a las empresas de couriers, sostiene que se trata del ITBIS, cuya tasa actual es de 18 %.
Cuestión legal
El análisis del OPD puntualiza que a diferencia de las discusiones generadas en 2013, el debate actual tiene su epicentro en el trasfondo legal de la resolución de la DGA, “pues con esta decisión el organismo estatal contradice distintas disposiciones legales que son de mayor jerarquía”.
“En efecto, el Decreto No. 402-05, que regula el despacho expreso de envíos, es muy específico cuando se refiere a la imposibilidad de gravar dichas compras, ya que con esto violaría el artículo 11.13 sobre compromisos específicos del tratado DR-CAFTA”.
En igual situación se encuentra la Ley No. 277-12, promulgada por el presidente Danilo Medina, que dejó sin efecto la imposición de nuevos impuestos a las compras por Internet contemplada en el artículo 49 de la Ley núm. 253-12”, añade.
Sostiene el OPD que otro aspecto a considerar es el principio de jerarquía en la Administración Pública, en el sentido de que ninguna resolución o norma de un ministerio o dirección general puede modificar un decreto presidencial ni estar por encima de una ley igualmente promulgada por el Ejecutivo y al parecer, la resolución de la DGA contraviene lo establecido en el artículo 4 del Decreto No. 402-05 y el artículo único de la Ley núm 277-12.
Alegatos a favor y en contra de la medida
El documento del OPD precisa que el ingeniero Fernando Fernández, director de la DGA, afirmó entre las justificaciones de la medida está el hecho de que solo este año el Estado ha dejado de percibir $5,600 millones de pesos al no cobrar impuestos a las compras por Internet.
Asimismo, Pérez Osorio indica que gremios y figuras destacadas del empresariado nacional, como Celso Marranzini y José “Pepín” Corripio, han mostrado su apoyo irrestricto a la medida.
“De acuerdo con sus opiniones, se están dando los pasos necesarios para establecer la «equidad tributaria» que tanto habían reclamado por años, y que trata, de cierta forma, de impedir la competencia desleal en perjuicio de los negocios que operan en el país”, puntualiza el análisis.
Resalta, además, que a pesar de que el Gobierno dominicano ha desestimado la inclusión del impuesto a las compras por Internet durante los últimos años, agrupaciones empresariales como la ONEC y el CONEP no cesaron de pedir a través de comunicados de prensa y espacios pagados en los diarios de circulación nacional, la aplicación de gravámenes a esta modalidad de comercio.
“Al igual que en años anteriores, el simple anuncio de esta medida ha desatado una ola de reacciones y comentarios negativos, tanto en los medios de prensa como en las redes sociales”, agrega.
Sobre las compras por Internet
Pérez Osorio enfatiza que basado en sus registros administrativos, las empresas de courier han estimado que cerca de 65,000 dominicanos compran mensualmente a través de Internet, aproximadamente unos 500,000 al año.
Asimismo, indica que la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) sostiene que la exención de impuestos a las compras por Internet por debajo de $200 dólares crea una competencia desleal que los está llevando a la quiebra, que representa un sacrificio fiscal muy grande para el Estado y que solo beneficia a una minoría.
“Quienes apoyan que se elimine la exención alegan que en 2014 el fisco dejará de percibir $6,093 millones de pesos por las compras por Internet”, agrega el documento.
La investigación del OPD concluye ponderando que las partes en pugna dentro de este debate recurren a los principios elementales de justicia y equidad para fundamentar sus argumentos y toman como principal justificación la defensa de los intereses de los dos actores fundamentales en este asunto: los hogares y el Gobierno.
“A pesar de que es previsible que la resolución de la DGA sea dejada sin efecto, por los aspectos legales que ella entraña, no es menos cierto que el sector comercial está en su legítimo derecho de pedir al Estado condiciones y regulaciones que hagan más justa la competencia en el mercado. En este sentido, el Gobierno todavía cuenta con algunas alternativas para gravar las compras en línea, como han hecho algunos países del hemisferio”, puntualiza.
