Ante todo, la democracia es una construcción social que ha tenido y tiene en la actualidad diversos matices. Por tanto, consideramos justo entonces hablar de las democracias. Y es que, según los sujetos que las promuevan, estas se encaminan hacia proyectos de sociedad distintos, incluso opuestos. Por ejemplo, en la actualidad empieza a perder vigencia el modelo que apunta a convertir a los ciudadanos en simples consumidores, buscando, entre otras cosas, ilustrarlos en el dominio de los mecanismos formales y los procedimientos que estos implican, sin que dichos ciudadanos vayan a preocuparse por trascender hacia una profundización de esta. Pero ahora, la tendencia creciente es avanzar hacia el modelo que pone énfasis en el pluralismo, la participación, el conflicto como algo legítimo, la justicia y el respeto a las diferencias, sin descuidar la representación y los aspectos procedimentales.

Nicolás Guevara

Santo Domingo. 15 de junio de 2009

1.- Tensiones propias de la democracia

En este sentido, la relación entre partidos políticos y organizaciones sociales hay que verla en un espectro más amplio, el de la gobernabilidad democrática. Esta va más allá de la reducida visión de estabilidad y eficacia, pues también implica un replanteamiento de la relación Estado - sociedad – partidos políticos en un marco de libertad, respeto a los derechos, no discriminación y proceso de cambio en la cultura política. De hecho, posibilita el debate crítico y la participación en una reorganización del Estado, a los fines de lograr una mayor equidad e inclusión. Esto supone, entre otras cosas, establecer mecanismos de consultas, espacios colegiados en torno a políticas públicas y otros dispositivos para que fluya la comunicación entre los actores en la esfera pública, se incremente el involucramiento social en las decisiones y se fortalezca el contrapeso necesario.

Ese es uno de los principales retos a los que se enfrentan los actores sociales y políticos hoy día en América Latina. Como sabemos, las tres décadas de instauración y búsqueda de consolidación del régimen democrático han coincidido con trascendentales acontecimientos y procesos, cuyos principales signos son: la desaparición del tradicional bloque de países socialistas; el impulso desde los grandes centros de poder mundial de políticas neoliberales; el aceleramiento del desarrollo de la tecnología de la comunicación y la información; los avances insospechados en el desarrollo de la ciencia, lo que replantea problemas éticos en torno a la reproducción humana; el llamado presentismo instalado en la época, donde tanto la memoria histórica como la idea de futuro han perdido vigencia: el compromiso es individual, aquí y ahora con mi mundo privado; y la emergencia de nuevos actores sociales. Estos elementos, entre otros, han marcado el tránsito hacia el siglo XXI y una nueva época aún en configuración, por lo que el cambio y la incertidumbre constituyen la impronta del momento.

En este contexto la vida política en la región ha tenido, a nuestro juicio, dos grandes motores que en las últimas décadas han jalonado en direcciones opuestas, desde arriba y desde abajo, los procesos democráticos.

Por un lado, el auge y predominio del neoliberalismo, ya bastante documentado y analizado, el cual se irradiaba desde los grandes centros de poder mundial como única vía posible de desarrollo. El mismo tenía énfasis como: políticas de privatización y achicamiento del ámbito de intervención del Estado; hegemonía del saber de la economía sobre otros saberes como el propio de la política y, por tanto, imposición de la ley del mercado en la sociedad y en la acción del Estado, sobre todo, en sus políticas sociales; una visión de las reformas políticas centrada en el fortalecimiento de una esfera de la sociedad civil y la preocupación por los procedimientos electorales sin mucha atención al contenido, por lo que la atención se centró en reformas legales en el ámbito electoral, así como en una desmedida apuesta a cómo ganar el voto por medio de la imagen y el uso de la tecnología asociada a los medios de comunicación.

Desde esta perspectiva se generaron múltiples iniciativas desarrolladas en América Latina. Pero si bien provocaron cierta estabilidad institucional, agravaron la situación de exclusión e inequidad en la que han permanecido grandes segmentos poblacionales de nuestros países. Vale decir que todo esto ha tenido un gran impacto en la República Dominicana bajo el influjo de los Estados Unidos, país que desde principios de los años 90 ha invertido recursos de diversa índole para impulsar dicho enfoque de la reforma ².

De ahí la preeminencia de la forma sobre el contenido en la política, en concreto: asesores de imagen, encuestas y programas de formación para hacer una «buena» campaña electoral han pasado a ocupar el centro de la estrategia, lo cual ha elevado su costo. De esta manera, desde la esfera partidaria se ha restado importancia a incidir en las organizaciones sociales y retroalimentarse de ellas, así como realizar grandes movilizaciones. Solo se percibe el afán partidario de controlar los gremios de profesionales, bien desde el poder para neutralizar presión social, bien desde la oposición para propiciarla. Más aún, se percibe cierto menosprecio por la agenda propositiva frente a los evidentes problemas que afectan a la ciudadanía. Desde luego que, por ejemplo, los cambios políticos en el Cono Sur se orientan en otra dirección.

Mientras que desde la sociedad civil la tendencia ha sido endurecer las críticas sobre los partidos, en ocasiones hasta llegar a descartarlos como mediadores entre sociedad y Estado. De hecho, el que un dirigente social se integre a un partido político o asuma una función en la administración pública con frecuencia es visto casi como una traición al considerar que se integra a espacios contaminados. Y es que resulta difícil admitir que el autoritarismo, la centralización, la falta de democracia interna, entre otros males, también están presentes en las organizaciones sociales, pues la democracia y la afirmación de valores implican un proceso de construcción permanente que se pone en juego en el día a día en los distintos ámbitos de la vida.   

Por otro lado, el nuevo escenario democrático que se iba despojando de los enclaves institucionales dejados por los regímenes de fuerza se convirtió en terreno fértil para que afloraran nuevos actores que se habían venido incubando durante los gobiernos militares o de fuerte presencia militar, como en el caso dominicano. Si el primer elemento indicado tuvo su origen en los centros de poder mundial, formalizado luego en el Consenso de Washington, el segundo tiene su matriz en la base social a partir de coincidencia y mezcla de diversas corrientes de pensamiento como la que optó por los pobres dentro de la Iglesia católica, la de una franja de la izquierda partidaria y los enfoques pedagógicos condensados en la llamada Educación Popular.

     
Así, teniendo como base una síntesis de estas perspectivas socioculturales y políticas se reivindicaban múltiples derechos, se amplió su universo con el protagonismo de diversos sectores poblacionales y se colocaron en la agenda pública nuevos problemas: medioambiente. 

Simultáneamente, en la región los sistemas de partidos se configuraron y consolidaron, con la excepción de casos como los de Venezuela, Bolivia, Perú y Ecuador. En el caso dominicano tenemos el dato de que incluso en las últimas cuatro elecciones presidenciales, la suma de los partidos participantes llega a 30, mientras el promedio de partidos con reconocimiento ante el órgano electoral permanece por encima de 20, actualmente más de 25. Pero a pesar de ello, el electorado no ha contado con gran variedad en la oferta, pues la tendencia ha sido a la conformación de dos bloques encabezados por los partidos PRD y PLD, respectivamente, entre cuyas ofertas tampoco hay diferencias notorias.

De manera que en este país aún  no hay  amenaza de colapso del sistema de partidos, más bien podría decirse que la atención desmedida a lo electoral como medio de arribo al poder y el auge del clientelismo han llevado a los partidos a descuidar algunas de sus funciones vitales para la gobernabilidad democrática, como son sus funciones sociales. Según Jaime Cárdenas estas funciones son, entre otras: la socialización política que implica el deber de los partidos de educar a los ciudadanos en la democracia; la movilización de la opinión pública, pues disponen de los medios materiales y las garantías de permanencia y continuidad; la representación de intereses a veces contradictorios; y la legitimación del sistema político como capacidad para promover en su conjunto los procedimientos y las instituciones democráticas, y para garantizar y respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos ³. Pero estas funciones están cada vez más relegadas en las organizaciones políticas, así los movimientos sociales y los medios de comunicación adquieren de más en más preponderancia en ellas.

2.- De la agenda social a la reforma política

En el período indicado el empuje reivindicativo desde la esfera social pronto se empalmó con lo propiamente político al incursionar en el debate de la reforma del Estado. Como bien plantea Sebastián Barros al seguir la línea de concepción de lo político en Carl Schmitt, Hannah Arendt y Anthony Downs: «En primer lugar, en los tres la política es una actividad sin contenidos a priori, sin una fundamentación última o transcendental. En segundo término, la política se caracteriza por ser una actividad que tiene al conflicto como su base constitutiva. Por último, la política es la actividad que da forma a las diversas formas de relaciones sociales. Paradójicamente, la política da forma a aquello que parece darle origen: la vida en comunidad ⁴». Esto último se puede apreciar en un conjunto de procesos en América Latina, en la mayoría de los casos no como ruptura de lo establecido, sino como profundización y avance no lineal de la institucionalidad democrática tensionada, como dijimos, por corrientes desde arriba y desde abajo.

En el caso dominicano esto se evidencia, a nuestro juicio, en tres modalidades de vinculación en la esfera pública que sirven como indicadores para rastrear la relación entre lo político y lo social en las últimas décadas, a saber:

Acciones puntuales de participación

Se trata de la participación social en consultas no vinculantes, por lo que en algunos casos la ejecución de lo acordado ha generado cierta decepción. Sin embargo, los resultados están ahí, a veces no tan visibles, a la espera de un ponderado análisis de su impacto en la sociedad. Algunas de esas acciones relevantes de carácter puntual son:

1. El Diálogo Nacional (1998) logró una gran movilización de actores sociales y prefiguró una agenda nacional a partir de la recopilación de las propuestas planteadas en la década pasada.
2. La Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional (2001), de amplia composición e importante labor.
3. La Consulta del Plan Decenal de Salud (2006-2007), coordinada por el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social, CEGES junto a las instituciones estatales del sector.
4. La Cumbre de la Unidad Nacional ante la Crisis Económica Mundial (2009).
5. La Consulta Popular por la Reforma Constitucional (2006-2007), de amplia participación.
6. La Consulta y Concertación de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 (2010). Estas dos últimas con las modalidades territorial, sectorial e individual. La consulta territorial de la END, en marcha, es coordinada por el Centro Juan Montalvo junto a otras instituciones sociales.

Estas acciones y otras no reseñadas han potenciado una visión más integral en los distintos sectores, así como la capacidad de generar alianza, concertación y formulación de propuestas desde la sociedad respecto a las políticas públicas. Esto a pesar de que son acciones que confrontan la cultura autoritaria, la centralización y el predominio de intereses particulares, por lo que no siempre se ha sido consecuente con las mismas y las propuestas formuladas.

Procesos de relacionamiento

Son múltiples los procesos dilatados en el tiempo, generados básicamente desde la sociedad civil, que han avanzado hacia la formalidad legal o han incidido en esta. Igualmente, iniciativas impulsadas por funcionarios públicos interesados en desarrollar una gestión más democrática y eficiente, lo que provoca incertidumbre por su fragilidad institucional, sin garantía de continuidad. Entre estos procesos destacan los siguientes:

1. El Plan Decenal de Educación (1992-2002) marcó el inicio de la reforma del Estado en la década de los 90. Este proceso sirvió para que desde el Estado se reconocieran los aportes de la sociedad civil en el ámbito educativo, integrando sus organizaciones a los distintos equipos de trabajo. Luego, múltiples universidades y ONG desarrollaron procesos de formación y capacitación de maestros bajo contrato con el Gobierno, además de que sus técnicos se integraron a la producción de textos con impronta dominicana. Y hoy, por ejemplo, el Centro Cultural Poveda dirige una regional de educación.

2. Las organizaciones sociales y los ayuntamientos. Desde mediados de los años 90, organizaciones comunitarias iniciaron procesos para formalizar su reconocimiento en los ayuntamientos más allá de lo establecido en la normativa de los años 80 sobre las juntas de vecinos. Una de esas experiencias fue la de los Foros para la Participación Municipal desarrollada en el Distrito Nacional. En este ayuntamiento el involucramiento social en las políticas municipales no ha avanzado como se esperaba a pesar del reconocimiento de las organizaciones. Actualmente hay un relacionamiento de carácter instrumental como la contratación de empresas comunitarias para la recogida de basura. Pero más allá del Distrito con el apoyo de instituciones del Gobierno Central como CONARE y la cooperación internacional, se extendieron en el territorio nacional los ensayos de presupuestos participativos municipales, que luego incorporó la ley. En la actualidad más de cien ayuntamientos experimentan esta práctica, lo cual marca una tendencia difícil de revertir.

3. Las ONG y el Estado. Estas organizaciones emprendieron la tarea de impulsar la reforma al marco legal que la amparaba desde el período de la primera ocupación norteamericana. Así, después de varios años y gobiernos se crea vía decreto el Consejo de Seguimiento a las Asociaciones sin Fines de Lucro (2001) y luego se aprobó la Ley 122-05, que entre otras cosas crea el Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro con la participación de cinco miembros de la sociedad civil. Esta manda a que las dependencias y entidades que conforman el Estado Dominicano la fomenten en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, con decretos del 2001 y 2004 se establece y reformula el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para el Gabinete de Política Social.

4. La Observación Electoral. Esta iniciativa desarrollada también desde mediados de la década pasada por una institución de la sociedad civil, Participación Ciudadana, y que en principio fue vista con recelo por los partidos políticos, logró movilizar decenas de miles de jóvenes en diferentes torneos electorales y presionar para la mejora del la jornada electoral. Esta experiencia, con excelente rigor técnico, tuvo tan buenos resultados que al pasar el tiempo los propios partidos empezaron a solicitar que también observaran sus procesos internos de selección de personas candidatas.

5. El Consejo Económico, Social e Institucional. Este mecanismo de participación social fue establecido vía decreto en el año 2005 como organismo consultivo del Poder Ejecutivo, luego adquirió rango constitucional. Está integrado por los diversos sectores sociales.

Acerca de estos espacios habría que convenir que, por un lado, ha faltado voluntad política, responsabilidad de los partidos como mediación fundamental y por el otro, más empuje social para que operen con la debida coherencia, según las respectivas finalidades. De manera que hay desencuentro entre la formalidad de la norma y la práctica. A pesar de eso, no hay dudas de que estos apuntan a proporcionar estabilidad a la participación y abren las puertas para avanzar en la canalización de los conflictos y lograr un mayor impacto de la sociedad sobre la definición y ejecución de las políticas públicas.

Movilización e incidencia

Resulta útil ver cómo desde los movimientos sociales se ha incidido en el rediseño de políticas públicas o cambio de las mismas a partir de dos ejes centrales: 1) Organización-movilización sobre la base de articular organizaciones, sectores y personas, en muchos casos especialistas en los temas. 2) Formulación de propuestas con calidad, por parte de las propias personas afectadas, a partir de asesoría técnica. En este sentido, desde hace más de dos décadas vivimos experiencias significativas, como las siguientes:

El Comité para la Defensa de los Derechos Barriales, COPADEBA abrió una nueva etapa de relacionamiento en el país. Esta organización popular con la experiencia de creación de la ONG Ciudad Alternativa fue de gran impacto frente a la política urbana del gobierno de la época. Como nunca antes se colocó en el debate nacional la importancia de reconocer a los actores sociales como sujetos con los cuales había que contar en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Todo ello sustentado en una reflexión acerca de la democracia, como lo muestra el hecho de que en el año 1989 estas instituciones organizaron en el país el primer seminario de debate sobre democracia participativa ⁵. Pero el gobierno del doctor Balaguer no estaba preparado para asumir la perspectiva del debate público y respondía vía coerción militar, en ocasiones combinada con lo legal, como fue la emisión del decreto por medio del cual estableció un cerco militar que duró cuatro años (1992-1996) a los barrios La Ciénaga y Los Guandules, hasta que se abrió el diálogo con el nuevo gobierno.

Las mujeres en la escena pública. Igual que en otras regiones del mundo en el país el movimiento feminista ha logrado a partir de la movilización y la formulación de sólidas propuestas un grado de incidencia que va desde cambios en el discurso pasando por el establecimiento de cuotas en la ley electoral, que los partidos se resisten a cumplir, hasta la creación de la Secretaría de Estado de la Mujer, ahora ministerio. Asimismo, han provocado que los partidos reconsideren candidatos a partir de la objeción hecha por las mujeres.

El renacer de los movimientos de jóvenes. En los últimos años se evidencia que hay sectores juveniles con interés de organizarse y plantear sus puntos de vista más allá del los tradicionales espacios universitarios, socioculturales y deportivos, para colocarse en el centro de problemas sociales y políticos. Las manifestaciones en los barrios, tanto del Distrito Nacional como de las provincias, así lo confirman; además de las protestas organizadas por la defensa del medioambiente y el deterioro del ejercicio de la política son testimonio de este renacer de la sensibilidad social en una franja de la juventud.

En este horizonte la movilización y la capacidad de propuestas de los movimientos sociales han servido de base para la presión-negociación con el Estado y los partidos políticos. Esta dimensión debe ser ampliada, pues se ve muy focalizada al Ejecutivo, por lo que sería útil abarcar también a los otros poderes del Estado, así como al ámbito municipal.   

3.- Conclusión abierta

Como hemos dicho, la relación partidos políticos – sociedad civil implica también contemplar la función del Estado. A pesar de las carencias y dificultades, las experiencias reseñadas son avances en la democratización, aún no valorados en su conjunto. El reto es asumir las diferencias entre los actores como complementariedad necesaria; explorar nuevos modos de relación que superen la vieja visión desde los partidos políticos de instrumentalizar los «frentes de masa» y la nueva de sobredimensionar las estrategias comunicativas. Igualmente, desde la sociedad civil superar cierta corriente antipartidos; crear y poner en marcha mecanismos de participación como vía de control social que vayan más allá del gobierno central; consolidar espacios públicos en los planos local y nacional, incluso internacional marcados por la solidaridad y la capacidad de impulsar proyectos de inclusión. Esto es lo que se  intenta y promueve, por ejemplo, desde el Foro Social Mundial, porque en el presente contexto de globalización, ha habido un desplazamiento de la soberanía de personas de carne y hueso a pequeños sectores de riqueza y construcciones abstractas como corporaciones, capital, Estado ⁶.

Por todo esto, el reconocimiento de funciones diferenciadas, pero complementarios entre sociedad civil y partidos políticos, así como el manejo de conflictos en sus relaciones no es algo que se solucione, más bien se sobrelleva. Por tanto, el tránsito hacia una vida digna y justa para todos y todas no es tan rápido, predeterminado ni lineal, lo que importa es concebir horizontes, estrategias y tener creatividad y  persistencia.

Referencias:

1. Guevara, Nicolás y Gimeno, Consuelo (2000). Educación Crítica y Derechos Humanos, Horizonte para Construir la Democracia. Para una Nueva Ciudadanía en América Latina. Novamérica, Yachay Tinkuy y Centro Poveda, Santo Domingo.
2. Ver al respecto Villamán, Marcos (2009). Reforma del Estado, estado de la reforma, en Revista Voces No. 1. Consejo Nacional de Reforma del Estado, CONARE. Santo Domingo.
3. Cfr. Cárdenas Gracia, Jaime: Partidos Políticos y Democracia. Cuaderno de divulgación de cultura democrática No. 8. Instituto Federal Electoral, México.
4. Barros, Sebastián: Tres conceptos de lo político y una política. http://www.nombrefalso.com.ar/index.php?pag=39
5. Al respecto ver la publicación de las principales ponencias en la Revista Estudios Sociales No. 78 (1989) del Instituto Filosófico Pedro Francisco Bonó.
6. Cfr. Chomsky, Noam (2001). Controlar nuestras vidas. Observatorio Social de América Latina, CLACSO, Argentina.