De acuerdo con Kauffer, las acciones que realiza el Estado a través de las políticas públicas constituyen el “conjunto de decisiones cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o recursos” (2002:2).

Diuris Betances
Asistente de investigación

23 de septiembre de 2013

Introducción

De igual manera, Olavarría (2007) -parafraseando a  Jenkins (1978)- dice que las políticas sociales implicanla intervención del Estado expresada en un conjunto de decisiones interrelacionadas, orientadas a resolver un problema público y que sigue un proceso formal.

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) se encuentran dentro de la estructura de la sociedad civil. Son actores con presencia en las comunidades y que cooperan con su desarrollo económico, social e institucional en busca de lograr un aumento de la calidad de vida de los ciudadanos. En la misma medida, su contribución representa un equilibrio de la gobernabilidad democrática y el desarrollo de la gobernanza horizontal.

En este contexto de relaciones entre Estado-sociedad civil, el ejercicio de observación cobra mayor importancia si se toma en cuenta que la asignación de recursos a las ONG habilita medios que acercan los estamentos del Estado a los ciudadanos y permiten una participación de forma más directa y práctica, en la que se sostienen los vínculos de interdependencia y colaboración entre los distintos actores.

Este trabajo tiene como objetivo destacar la importancia de la relación entre el Estado y las ONG, con especial énfasis en las áreas de intervención en las que estas últimas desarrollan sus actividades. En tal virtud, cabe decir que la observación y fiscalización por parte del Estado de la ejecución de estos fondos y la posterior rendición de cuentas permite transparentar el uso de los recursos en los programas de trabajo de las ONG, ejercicio que contribuye al fortalecimiento de la sociedad civil.

Consignación y ejecución de los fondos a través de los ministerios de Estado

Una consecuencia de la consignación de fondos públicos a las diferentes ONG es que viabiliza el acercamiento entre las instituciones del Estado y dichas organizaciones. Esta aproximación facilita la ejecución de proyectos en las comunidades y hace posible una intervención en las diferentes áreas de trabajo con miras a satisfacer las distintas necesidades de la población.

De acuerdo con la Ley de Presupuesto, el Estado consignó RD$168,504, 012,262.00 para los ministerios de Estado. De dicha cantidad, la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) registró RD$1,043,005,710.00 para ser distribuidos entre 1,600 organizaciones no gubernamentales (ONG) diseminadas por todo el país, que recibirían fondos consignados de 13 ministerios, de acuerdo con sus áreas de intervención (Ver Cuadro No. 1 y Gráfico No. 1).

Cuadro No. 1
Ejecución presupuestaria de los fondos transferidos a las ONG
a través de los ministerios de Estado de 2010

Los datos de la Cámara de Cuentas presentados en el Cuadro No. 1, muestran que la ejecución presupuestaria de los fondos transferidos a las ONG ascendió a RD$1,043,005,710.00. Se observa una diferencia de RD$2,667,888.00 entre el presupuesto consignado y el ejecutado, distribuida de la forma siguiente: Ministerio de la Presidencia: RD$2,662,000.00 y Ministerio de Educación: de RD$5,888.00.

Gráfico No.1
Ejecución presupuestaria de los fondos transferidos a las ONG
a través de los Ministerios de Estado de 2010

La presentación de la ejecución del presupuesto de las ONG ante la Cámara de Cuentas permite transparentar el manejo de los recursos consignados y la correcta aplicación de los programas de trabajo planteados por las organizaciones. En tal sentido, una mirada a dichos estados facilita medir el cumplimiento de las ONG respecto a la rendición de cuentas, y sirven como punto de partida para evidenciar si hubo una correcta utilización de los recursos.  

La rendición de cuentas es fundamental para que exista una adecuada gobernabilidad en el marco de esta relación Estado/sociedad civil. El aumento de la confianza en las ONG puede ser el resultado del hecho de que las entidades que reciben recursos del Estado transparenten sus gastos.

En consecuencia, Medina (2011) plantea que la relación entre el Estado y la sociedad civil dependerá de la posibilidad de que el Estado cumpla de manera eficiente su papel para obtener una adecuada gobernanza.Este proceso implica el empoderamiento social a través de las organizaciones que trabajan tomando decisiones que fortalecen la gobernanza. Este procedimiento está destinado a mejorar la relación horizontal entre la pluralidad de actores, así como la mejora en los procesos de decisión, gestión y desarrollo de lo público y colectivo, teniendo en cuenta una relación con características de integración y de interdependencia.

Conclusión

La consignación de fondos del Estado a las ONG a través de los diferentes ministerios facilita la creación de mecanismos que posibilitan la articulación entre los actores sociales y el Estado. En este contexto, ambos entes persiguen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y hacer más eficiente el trabajo de las instituciones estatales.

Dicha articulación permite a su vez, el desarrollo un proceso de empoderamiento y un sentido de pertenencia de los actores, que se evidencia en las prácticas sociales que asumen los ciudadanos con su participación en este proceso. De igual forma, contribuye al fortalecimiento de las diversas organizaciones de la sociedad civil.

Otras contribuciones importantes de la relación Estado/sociedad civil son el mantenimiento del equilibrio de la gobernabilidad democrática y el desarrollo de una gobernanza horizontal. De ahí la relevancia que adquiere la democracia participativa para el logro del involucramiento de los ciudadanos, articulándose a los diversos procesos.

La demanda de transparencia es elemental para las prácticas políticas y la capacidad de representación de los ciudadanos por quienes tienen en sus manos lidiar con los recursos de estas organizaciones. Por consiguiente, el registro de la ejecución de fondos del presupuesto consignado para las ONG es un dato relevante que permite mostrar transparencia en el uso de los recursos del Estado por parte de estas organizaciones.

Bibliografía

Ancira, A. (2003). Gobernabilidad democrática en América Latina. México: Centro de Investigación
       y Docencias Económicas (CIDE). Recuperado desde www.summit-americas.org/specialsummit

Cámara de Cuentas de la República Dominicana. (2011). Recuperado desde
       http://www.camaradecuentas.gob.do/

Kauffer, M. (2002). Las políticas públicas: algunos apuntes generales. Eco fronteras. 16: 2-5.
       Ciudad México. Recuperado desde http://conferenciapesmexico2012.com

Ley de Presupuesto General de la Nación. Dirección General de Presupuesto (2010).
       Recuperado desde http://www.digepres.gob.do

Medina, D. (2011, junio). La participación ciudadana: Mediación entre el Estado y la sociedad
       civil: Caso República Dominicana. OPD. Recuperado desde http://www.opd.org.do

Olavarría, M. (2007, diciembre). Conceptos básicos en el análisis de políticas públicas. En:
       Documentos de Trabajo No. 11. Recuperado desde http://www.captura.uchile.cl