El presente trabajo está referido a la participación de la sociedad civil en las políticas sociales en República Dominicana.

Dilenia Medina
Unidad de Sociedad Civil

Santo Domingo
Junio 2011
 

 Observatorio Político Dominicano

Julián Valdés
Director

Diana Pérez
Coordinadora Unidad de Poder Judicial

Dilenia Medina
Coordinadora Unidad de Sociedad Civil

Alfonso Jáquez
Coordinador Unidad de Poder Legislativo

Leopoldo Artiles
Coordinadora Unidad de Políticas Públicas

Serafino de la Cruz
Coordinador Unidad de Gobierno Local

Wilson Castillo
Coordinador Unidad de Partidos Políticos

Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad exclusiva del autor y pueden no coincidir con las del OPD. Para comunicarse con la autora: E-mail Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
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Resumen

La ciudadanía se define como la capacidad de ejercicio de derechos y deberes que poseen las personas constituidas como sujetos.¹ La intervención de los ciudadanos y ciudadanas implica diferentes mecanismos y espacios sociales para incidir en las estructuras estatales y las políticas públicas, lo que implica el involucramiento de la ciudadanía, las comunidades y diversos sectores sociales en estos procesos. La participación ciudadana implica una participación directa o indirecta, activa o pasiva,lo que implica una ciudadanía asistida o una ciudadanía emancipada, dependiendo del caso.

Las formas legales de la participación social en la democracia representativa a través de los partidos políticos son cuestionadas, enfocando el debate en la cuestión de si realmente es representativa o no. Por lo tanto, reduce la participación activa de los ciudadanos a la toma de decisiones y a la solución de los problemas que enfrentan. De ahí la importancia de la democracia deliberativa, que viabiliza la participación de un modo más directo y activo de diversos grupos sociales en las áreas económicas, administrativas, políticas y sociales, fenómeno que contribuye a la socialización del Estado. Una participación social eficaz contribuye al desarrollo del proceso democrático y promueve la autogestión de las comunidades.

En consecuencia, la participación social que emana de la democracia constituye el instrumento fundamental en la construcción de lo público entre el Estado y la sociedad civil. Las políticas públicas se definen como la acción pública, efectuada mediante los programas que implican las acciones gubernamentales, con la participación de actores plurales: Estado, sociedad civil y grupos corporativos. Actualmente, las políticas sociales basadas en planes y proyectos asistencialistas van dirigidas a la población excluida, como un paliativo a la satisfacción de necesidades básicas, así como las sentidas y reales.No obstante, grupos organizados de la SC asumen funciones encaminadas a trabajar en las áreas de desarrollo comunitario, salud y educación. Esto así, por la incapacidad del Estado de dar respuesta a las demandas sociales. El propósito de dicha participación consiste en que estos sectores puedan lograr la satisfacción de sus demandas.

La importancia de la democracia participativa supone la articulación de los actores de los diversos grupos a los procesos. En consecuencia, el fortalecimiento de la sociedad civil es el principal factor para el logro de la participación ciudadana. Ciertamente, la existencia de mecanismos institucionales regulados por un marco jurídico, como las leyes de Iniciativa Popular, de Participación Social y Presupuesto Participativo, constituyen elementos necesarios para la participación social.

Esta dinámica incluye el fortalecimiento de las organizaciones sociales, que actúan como interlocutores del accionar del Estado, al tiempo que contribuyen a fortalecer los procesos participativos en dos vertientes: a) formulación de proyectos, programas y planes sociales, y b) la vinculación de estos actores con el Estado.

Palabras clave: Ciudadanía, políticas sociales, sociedad civil, participación social, República Dominicana.

Abstract

This paper refers to the participation of civil society in social policies in the Dominican Republic. The citizenship is defined as the set of rights and duties people have formed as subjects. The citizenship intervention involves different mechanisms and social spaces to make an impact on state structures and public policies, which implies the involvement of citizens, communities, and various sectors of society in these processes. Citizenship participation implies a direct or indirect, active or passive, which implies an assisted citizenship or emancipated citizenship, depending on the case.

Legal forms of social participation of representative democracy through political parties make it impossible for a direct participation of citizenship in decision making and solving the problems they face. Hence the importance of deliberative democracy which facilitates the participation in a way which is more direct and active of social groups in economic, administrative, political and social areas, phenomenon which contributes to the socialization of the State. An effective social participation contributes to the development of the democratic process and promotes self-management of communities.

In this sense, social participation, which emanates from democracy, is the fundamental instrument in the construction among State and civil society. Consequently, public policies are defined as public action, carried out through programs that involve government actions, with the participation of plural actors: state, civil society and corporate groups. The social policies of the states are targeted to the excluded population and to the satisfaction of the basic needs, as well as heartfelt and real. The intention is that these sectors can achieve compliance with their demands.

The importance of participative democracy supposes the congregation of actors of the different groups to the processes. The reason for this is the state's inability to respond to social demands. Therefore, strengthening civil society is the main factor for the achievement of citizenship participation. In such sense, the existence of institutional mechanisms regulated by a legal framework as the laws of People's Initiative, Social Participation and Participatory Budget, constitute the necessary elements for social participation.

This dynamic includes strengthening of social organizations, which act as interlocutors of the State. Contributing at the same time in two ways: a) making projects, programs, and social plans and b) linking these actors with the state.

1. Concepto de ciudadanía: Su construcción. Participación ciudadana, participación social

La ciudadanía se define como el conjunto de derechos y deberes que poseen las personas constituidas como sujetos sociales, como actores políticos. Cabe aclarar que esos derechos se han ido modificando a partir de la evolución societal en todos los ámbitos. Así, García Canclini (2002) indica: “La ciudadanía se refiere a las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia”.El autor obvia el elemento político, sin el cual no es posible entender y explicar las transformaciones de la sociedad

La cita anterior revela la vinculación de las prácticas sociales con los elementos culturales producto de la dinámica social. Es relevante destacar el elemento sentido de pertenencia de los diversos grupos sociales que posibilitan la unificación en base a intereses comunes y, en algunos casos, a una cultura territorial.

Cortina (1994) destaca el rol principalísimo que juega la sociedad civil en el fortalecimiento de los procesos democráticos, explicando: “Sin una sociedad civil potente… peligran los derechos de los individuos y de los grupos que no se adhieren incondicionalmente al sistema”. Una idea muy debatida por diversos autores es el fortalecimiento de la sociedad civil como garantía para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Esto último supone la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones mediante la participación en el diseño de políticas públicas y sociales, lo que implica un proceso democrático deliberativo. La apertura de espacios de deliberación supone que la receptividad del gobierno vaya incrementándose en la medida en que se establecen los mecanismos de participación.

A este respecto, Nun (2001) plantea: “La ciudadanía es... una construcción social que se funda, por un lado, en un conjunto de condiciones materiales e institucionales y, por el otro, en una cierta imagen del bien común y de la forma de alcanzarlo. Lo que equivale a decir que es siempre el objeto de una lucha...”.

Cabe aclarar que la crisis económica de los ochenta en América Latina, con sus efectos negativos, provocó transformaciones en lo económico y lo político, que aumentaron las demandas y la conflictividad de los sectores excluidos, que exigieron no sólo sus derechos civiles y políticos, sino también los económicos y los sociales. Esto conduce a la aparición de nuevas formas de democracia que implican una vinculación entre el Estado y la sociedad civil mediante procesos dialógicos. El diálogo, es el instrumento que posibilita la construcción del sujeto colectivo en el entorno de la participación ciudadana.

El concepto participación es un término polisémico, es decir, tiene diversas interpretaciones. A tal fin, Bresser y Cunill (1998) plantean: “La lectura de este término ha sufrido varias modificaciones en la relación entre Estado y sociedad, pero no ha variado su noción práctica quizás en el sentido ‘democratizador’ con la intención que fue creado”. Desde la elaboración de estos autores se entiende dicha participación como:

La participación efectiva de la mayoría de la población en formas de ciudadanía democrática requiere de un acceso de todos a los recursos de la sociedad y modalidades deorganización y participación política que estén enraizadas en las condiciones culturalespropias de esa sociedad.

La participación ciudadana implica una participación directa o indirecta, activa o pasiva. Fleury (1997:141), en base a otros autores, plantea tres categorías de ciudadanía:

a) Ciudadanía invertida: aquella que obedece a las formas de asistencia.

b) Ciudadanía regulada: aquella que responde a las modalidades de seguro social y significa la diferencia entre los sujetos.

c) Ciudadaníauniversal: la que se inserta en la seguridad social e implica a todos los ciudadanos.

Igualmente, Bustelo (1998), examinando la política social, categoriza la ciudadanía entre ciudadanía asistida y ciudadanía emancipada. La primera refiere a que las inequidades sociales son un producto natural de la sociedad, sin importar la distribución del ingreso, enfatizando en los grupos socialmente más deprimidos de la población. La segunda implica la inclusión de todos en búsqueda de la igualdad social y el respeto a los derechos. Lógicamente, los actores que intervienen en la política social construyen ciudadanía. No obstante, se dan las particularidades en cada realidad social. Situación que incluye los derechos, la equidad, la inclusión social y la distribución del ingreso.

2. Políticas públicas y política social

Respecto al concepto de políticas públicas, las definiciones son variadas y no posibilitan una concepción consensuada. A tal fin, Peters (1982) citado por Pallares, expresa que las políticas públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos”.

Asimismo, Kauffer (2002) refiere que políticas públicas es el “Conjunto de decisiones cuyo objeto es la distribución de determinados bienes o recursos. En este proceso se encuentran en juego bienes o recursos que pueden afectar o privilegiar a determinados individuos y grupos”.

Para Lahera (2002) se trata de “Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido en forma democrática, los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado”.

A partir de las definiciones anteriores se puede sintetizar el concepto de políticas públicas como la acción pública, efectuada mediante los programas que implican las acciones gubernamentales, con la participación de actores plurales: Estado, sociedad civil y grupos corporativos.

Respecto a las políticas sociales, Atria (2006) establece que son: “Cadenas de decisiones que involucran directamente a agentes públicos y cuya implementación está orientada a la resolución de un problema que se considera público”. No obstante, no alude a la participación ciudadana en estos procesos; podría entenderse como una definición muy técnica.²

Olavarría (2007) argumenta que las políticas sociales implican la:

Intervención del Estado expresada en un conjunto de decisiones interrelacionadas, orientada a resolver, o aminorar, un problema público y que sigue un proceso formal, que lleva a dictar documentos formales, que expresan las decisiones y un proceso político que muestra la confrontación de intereses.

En estas definiciones se conjuga la participación del Estado, el sector privado y la sociedad civil en actividades que suponen la solución o disminución de un problema. El objetivo fundamental es la incursión en la toma de decisiones de todos los actores sociales para beneficiar a la ciudadanía, en términos de la distribución de recursos.

La política social constituye un elemento fundamental de las políticas públicas. Al igual que los demás conceptos definidos anteriormente, la conceptualización del término presenta variaciones en el tiempo debidas a los cambios sociales. El objetivo de las políticas sociales consiste en modificar ciertas cuestiones sociales y establecer el conjunto explícito y sistemático de directrices, decisiones y proyecciones estratégicas que, desde los ámbitos estatales sociales y/o civiles, buscan modificar o transformar ciertas cuestiones sociales. Asimismo, Atria expone:

Definiremos la política social como un conjunto articulado y temporalizado de acciones, mecanismos e instrumentos, conducidos por un agente público, explícitamente destinados a mejorar la distribución de oportunidades o corregir la distribución de activos a favor de ciertos grupos o categorías sociales.

Al examinar las definiciones expuestas se podría decir que las políticas sociales son el conjunto explícito y sistemático de directrices, decisiones y proyecciones estratégicas que, desde los ámbitos estatales sociales y/o civiles, buscan modificar o transformar ciertas cuestiones sociales. Sin embargo, no explicita la participación de la ciudadanía en este proceso.

Los sectores esenciales a los cuales van dirigidas las políticas sociales en República Dominicana los constituye la población en situación de pobreza y extrema pobreza. Los ámbitos de intervención de las políticas sociales son: educación, salud, vivienda, alimentación, seguridad social, asistencia social, empleo y capacitación para el trabajo, ecología y medio ambiente, cultura, recreación y deporte, participación ciudadana, organización social, servicios de información, transporte y comunicaciones y servicios básicos (electricidad, agua potable y vivienda). Aún cuando la política social se enfoca en la población más deprimida, Viteri indica:

… la función principal de la política social es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades. Este concepto incluye todas aquellas actividades que contribuyen a la salud, educación, asistencia pública, seguridad social y vivienda de la población, y también aquellas que afectan, en general, la redistribución y distribución del ingreso y las dirigidas a construir y conservar el capital social. (2007).

En definitiva, las políticas sociales no son más que la sistematización de medidas basadas en lineamientos y decisiones para aminorar y/o transformar las cuestiones sociales. Estas características se articulan con las normas y las acciones estratégicas para intervenir espacios específicos en tiempos determinados para la búsqueda del bienestar y de la equidad social.

Por tanto, la política social se constituye en la mediación entre el Estado y la población, bien sea de modo vertical u horizontal, articulando a todos los actores de la sociedad. Es importante resaltar que la política social es una construcción social que se origina y evoluciona en base a la existencia de conflictos, marcados por los intereses y las demandas de dichos actores. De ahí la importancia del disenso/consenso para el establecimiento de las mismas, tomando en cuenta el desarrollo de los procesos históricos en los cambios sociales.

Estos actores juegan un papel clave en la construcción de las políticas sociales e influyen mediante la acción colectiva en los lineamientos y decisiones a tomar, dependiendo de la correlación de fuerzas en torno a los debates que se generan sobre los temas de la cuestión social.

3. Gobernabilidad y gobernanza

Tanto gobernabilidad como gobernanza constituyen dos conceptos muy utilizados hoy en día.Ambos términos se derivan de una raíz común: gobierno; sin embargo, se enfocan en dos vertientes.

La primera alude a la jerarquía de mando y la segunda expresa el involucramiento de actores de la sociedad civil, para mejorar la labor de las instituciones estatales. La gobernabilidad es entendida como el estado o grado de equilibrio dinámico entre demandas sociales y capacidad de respuesta gubernamental. Es necesario distinguir sus diferentes grados: ideal, normal, déficit, crisis e ingobernabilidad (Ancira, 2003). También, se refiere a elementos vinculados a la gestión política y administrativa de la sociedad y a las diversas formas de la praxis del poder. Esto supone, además, la posibilidad de las sociedades de mejorar las estructuras democráticas y políticas.

Refiriéndose a los conceptos gobernabilidad y gobernanza, Revesz argumenta:

Mientras la gobernabilidad es, sencillamente, la capacidad de gobernar, la gobernanza es una manera de gobernar. De manera general, la noción de gobernanza designa el conjunto de los procedimientos institucionales, de las relaciones de poder y de los modos de gestión públicos o privados, formales e informales, que regulan la acción de los organismos políticos. Supone que mediante procesos de negociación o de decisión participativa, agentes económicos o sociales ejercen una influencia tan significativa como los actores políticos o administrativos. Implica, por lo tanto, un retraimiento del Estado, reubicado -en una perspectiva liberal- en elrol de mediador (2006).

En estos tiempos, la gobernanza significa los diferentes modos de gobernar (Prats Catalá, 2005). Destaca la participación de los diversos actores implicados en estos procesos. Procesos que suponen la confrontación, el debate y el consenso y, por supuesto, la vinculación Estado, sociedad civil y empresariado.

… en el marco del Estado y de la administración pública para mejorar su relación (vertical) con la ciudadanía y el proceso de toma de decisiones, la gobernanza estaría articulada fundamentalmente a la forma de mejorar la relación horizontal entre una pluralidad de actores públicos y privados; igualmente, para mejorar los procesos de decisión, gestión y desarrollo de lo público y colectivo, teniendo en cuenta una relación con características de integración y de interdependencia.

En base al planteamiento de Revesz, Velásquez (2006) elabora el esquema siguiente, estableciendo la relación de ambos términos y explicando las modificaciones ocurridas:

Asimismo, Revesz (2006) alude a que los elementos característicos de la buena gobernabilidad son legitimidad, eficiencia y estabilidad,y los de la buena gobernanza son participación y rendición de cuentas. No obstante, hace referencia a factores que inciden en los problemas que se presentan en los regímenes democráticos, afrontando graves situaciones en América Latina:

a) Instituciones políticas y sociales que se expresa en el debilitamiento del Estado y de los partidos políticos, y la pérdida de credibilidad en los mismos.

b) Crisis de lo público, que se manifiesta en la fragmentación social, la corrupción, el desprestigio de la política, la violencia, la impunidad y el desinterés de la juventud por la política.

c) Crisis del modelo de desarrollo, que se manifiesta en el aumento de la pobreza, dependencia, degradación de la actividad económica, disminución del empleo y migración de la población hacia el exterior.

En definitiva,la interrelación de actores estratégicos que confrontan situaciones y solucionan o aminoran conflictos mediante un sistema de normas y procedimientos, conduce al camino adecuado de establecer una gobernabilidad fundamentada en mecanismos consensuados. Por tanto, se podrá apostar a una gobernanza horizontal.

4. Sociedad civil

La importancia del papel de la sociedad civil adquiere cada vez mayor relevancia. El concepto es, igualmente un término polisémico y muy debatido en círculos académicos, políticos y sociales. La principalía de la sociedad civil actualmente obedece, por un lado, a la crisis de los partidos políticos y, por otro lado, al cuestionamiento a la corrupción y nepotismo de individuos que ejercen la función pública, ejercida amén de la utilización de prácticas clientelares y asistenciales.

A tal fin, Medina (2010) afirma: “Tres factores principales contribuyeron al rescate de la sociedad civil: a) las dificultades y posterior crisis del Estado benefactor; b) la disgregación de la Unión Soviética; y, c) las luchas por la democracia en América Latina”.

La visión de esta nueva sociedad civil supone la pluralidad de los actores en términos institucionales, sociales, políticos, económicos e ideológicos, lo que implica la autonomía y la libertad de los sujetos y presupone la ruptura del monopolio de la verdad y el poder. Este presupuesto significa la relación Estado/sociedad civil, posibilitando el fortalecimiento de esta última, sin que se quite al Estado sus responsabilidades con la ciudadanía.

Esta relación conlleva a trazar nuevos lineamientos, enfatizando la idea de equidad y libertad, a partir de un estado de derecho que posibilite establecer los límites del rol del Estado y el desarrollo de una fortalecida sociedad civil. Efectivamente, se presentaría una moneda con una cara referida al primero y otra cara referida a la segunda, para una contribución efectiva del proceso democrático. Esta situación supone la generación de iniciativas ciudadanas por parte de la sociedad civil, articuladas a las propuestas estatales.

La teoría crítica especifica que la democracia implica la complementariedad entre los derechos formales y los sustantivos, tal como indica Alexander (1994): “Hablar exclusivamente en términos de mecanismos formales institucionales ignora el ámbito social que aporta a las estructuras políticas independientes su apoyo crítico social más relevante”.

En tal sentido, Held (1992) apunta: “Un amplioconjunto de derechos-sociales ligados a la reproducción, al cuidado de los niños, a la sanidad y a la educación, así como los derechos económicos para garantizar los recursos económicos necesarios para una autonomía democrática”. Al hablar de proceso democrático, es ineludible visualizar la democracia no sólo desde el sistema de elección a través del voto, sino también desdela participación directa y activa de la ciudadanía. La observación del sistema de derechos suponelos derechos económicos y sociales para elevar la calidad de vida del ciudadano.

En este contexto, es importante considerar el papel de la sociedad civil organizada, a diferencia de estructura de la sociedad, caracterizada por la heterogeneidad: en torno a su clasificación y de las intervenciones que realiza como ONG.³

5. Políticas sociales en República Dominicana

Es importante que las políticas sociales sean contempladas desde la inserción del ciudadano y su potencialidad para el cambio y, consecuentemente, evitar la fragmentación de dichas políticas, fortaleciendo su objetivo: el logro de una mejor calidad de vida.

Respecto a las políticas sociales en República Dominicana, Castellanos argumenta:

En estados democráticos que han asumido nuevos modelos de desarrollo en el continente (desde 2000), las políticas sociales son asumidas como instrumento de superación de la exclusión social y de construcción de condiciones favorables para una economía saludable y la gobernabilidad democrática, es decir, forman una parte integral de las concepciones y políticas de desarrollo (2010).

En consecuencia, la gobernabilidad, entendida como la capacidad de gobernar, supone la posibilidad de que el Estado cumpla de manera eficiente su papel. A partir de esta afirmación, el concepto de gobernabilidad democrática se visualiza desde una perspectiva integral, e implica un proceso constante de construcción de la democracia, proceso que supone la vinculación permanente Estado/sociedad civil; es relevante la participación social de la ciudadanía en este proceso. Sin embargo, las crisis económicas y las políticas neoliberales restringieron el papel del Estado y los grupos corporativos adquirieron más poder, limitando así la participación social de la ciudadanía, dando lugar a una gobernanza vertical, con el consiguiente rezago del proceso democrático.

De igual modo, se observan en la realidad dominicana los elementos planteados por Revesz referentes a los problemas que enfrentan los regímenes democráticos: a) Debilitamiento de las instituciones políticas⁴ y sociales; b) crisis social expresada en la fragmentación social, la corrupción, el desprestigio de la política, la violencia, la impunidad, y el desinterés de la juventud por la política; c) problemas económicos manifestados en aumento de la pobreza, disminución del empleo, deterioro de la actividad económica, además, se añadirían otras características: abandono del campo y crecimiento del sector informal. A estos factores se agregaría otro elemento: la inseguridad ciudadana.

6. Mecanismos de participación

Desde 2000 se han creado diversos mecanismos legales -como leyes, decretos y reglamentos- que permiten la participación ciudadana:

• Ley 19-01del Defensor del Pueblo.
• Decreto 38-03 sobre Auditoría Social de ONG, mecanismo de la comunidad para la defensa del gasto social.
• Ley 200-04 General de Libre Acceso a la Información Pública.
• Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en República Dominicana.
• Índice del Reglamento No. 40-08, de fecha 16 de enero de 2008, para la Aplicación de la Ley No. 122-05, sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones sin Fines de Lucro en la República Dominicana.
• Ley No. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

·         Ley 437-06,de Recurso de Amparo relacionada con los derechos y garantías constitucionales.

• Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios.
• Ley No. 170-07 de Presupuesto Participativo Municipal.

Es de gran relevancia la creación de estos mecanismos legales, que suponen avances en términos del proceso democrático. No obstante, hay que incrementar su eficacia, para que en esta época de incertidumbre se logren los cambios necesarios.

Desde esta mirada, es necesario observar la democracia no sólo desde el ejercicio del voto (democracia representativa), sino incrementando la participación hacia la democracia deliberativa, lo que contribuiría a la construcción de una ciudadanía emancipada mediante procesos educativos, para lograr el empoderamiento de los sujetos en la exigencia de la transparencia de la gestión pública. Todo esto se fundamenta en los derechos económicos y sociales, además de los políticos.

Ante esta circunstancia, se hace imprescindible generar nuevos mecanismos que incluyan a los sectores desposeídos de la población, ya que los derechosmencionados son insuficientes para una participación social real y efectiva de la ciudadanía.

Los adelantos alcanzados en estos términos en República Dominicana han propiciado elavance y ampliación de la democracia política y nuevas propuestas de herramientas que avalan una mejor articulación Estado-sociedad. Por ejemplo, hay que insistir en la aprobación de los anteproyectos de Ley de Partidos Políticos y Ley de Participación Social.

7. La sociedad civil en República Dominicana

El proceso democrático en el país inicia con la llegada al poder de Juan Bosch, luego de la muerte de Trujillo. Con interrupciones caracterizadas por golpes de Estado y la guerra civil de 1965. Al término de los doce años de Balaguer, el ascenso al poder de Guzmán (PRD)⁵ da lugar a un nuevo proceso de democratización que produjo una movilización importante de la sociedad. Cabe aclarar que este movimiento (1978-82) asumió un carácter gremial, con la participación de los sindicatos. La crisis económica de los ochenta (1983-86) produjo medidas de ajuste económico que provocaron una enérgica movilización popular en respuesta a las mismas, resaltando la poblada de 1984, durante el gobierno de Jorge Blanco (PRD, 1982-1986). Esto trajo como consecuencia el desarrollo de la organización y movilización a causa el deterioro de la economía. En este último período se abre un espacio de negociación con grupos de la sociedad civil, denominado “Diálogo Tripartito”.⁶

En 1986, con la vuelta al poder de Joaquín Balaguer, emergen nuevas organizaciones, que se incorporan en otros escenarios. Estas fueron desplazando a los sindicatos y a los grupos estudiantiles, ocupando el rol de voceros de las comunidades en demanda de servicios sociales.

Un dato importante respecto a este crecimiento de la organización lo aporta Martínez (2008), cuando apunta:

A partir, básicamente, de los 80, entra al escenario un nuevo tipo de organización social y comunitaria de naturaleza territorial: irrumpen con fuerza las Juntas de Vecinos y las organizaciones barriales de diferentes tipos. Primero, en la forma de Juntas de Vecinos, promovidas por los ayuntamientos (especialmente por el Ayuntamiento del Distrito Nacional). Luego, en forma de Comités de Defensa, Comités de Lucha, uniones de vecinos, etc.⁷

A partir de ese momento, se verifica el surgimiento de movimientos sociales urbanos, que transforman las formas de la organización popular, los cuales exigen al Estado y a los gobiernos locales elevar la calidad de los servicios urbanos y la defensa de los derechos de los pobladores urbanos. Específicamente, cabe destacar el caso del Comité para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), respecto a los desalojos de los moradores de la Zona Norte de Santo Domingo. Este movimiento surge en 1979, influenciado por las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), la Teología de la Liberación y por la práctica de la Educación Popular basada en las ideas de Paulo Freire.

En la actualidad, se identifica la existencia de nuevos grupos con mayor incidencia en los distintos procesos de reforma, con la participación de actores de la sociedad civil y sectores corporativos exigiendo el cumplimiento de demandas, realizando protestas y elaborando propuestas ante la crisis económica, magnificada sobre todo por el gran deterioro de los servicios básicos.

En este escenario, la falta de credibilidad en las iniciativas gubernamentales provocó, además de ampliar las áreas de intervención delas OSC existentes, el establecimiento de nuevos espacios de reflexión-acción para impulsar las reformas políticas que contribuyeran a un proceso de democratización, enfatizando en el fortalecimiento institucional. Al mismo tiempo, diversidad de organizaciones comunitarias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) plantearon tres elementos para su consolidación: a) acrecentar su poder; b) aumentar sus recursos económicos; y, c) democratizar la práctica política.

A propósito de las ONG, es bueno aclarar que son parte de las OSC. Igual que otros conceptos tratados anteriormente, la noción de organizaciones de la sociedad civil presenta varias definiciones.No obstante, se definen como OSC las entidades sociales, formales o no, que conforman los intereses sociales de sectores no-gubernamentales e independientes de poderes públicos y de partidos políticos, sin fines de lucro, sin pretensiones de lograr el poder y con el objetivo de efectuar intervenciones en diversos ámbitos. Sin embargo, la atomización de las ONG en el país, por su heterogeneidad, constituye una seria dificultad para lograr su fortaleza.

A tal fin, las OSC son actores importantes, con legitimidad, influencia y poder en los sectores donde actúan, articulándose en contextos diferentes, pero, principalmente en los asuntos públicos: intervención en la definición de la gestión y en las políticas públicas. Por un lado, destacan aquellas OSC que promueven las reformas institucionales: Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana (PC), Institucionalidad y Justicia y el Foro Ciudadano.

Por otro lado, resaltan aquellas que no participan de la gestión, siendo su mecanismo de participación las protestas violentas, cuyas acciones responden a escenarios coyunturales. Entre éstas están el Colectivo de Organizaciones Populares, el Consejo de Unidad Popular y el Foro Social Alternativo.

Esto lleva a afirmar que los sectores excluidos realmente no tienen una participación directa y activa en la elaboración de las políticas, ni mucho menos en la toma de decisiones,lo que conlleva a crear instrumentos que posibiliten su integración a los procesos democráticos, para lograr su emancipación, proyecto a asumir por la sociedad civil. Esta población excluida es “representada” por OSC de la clase media que actúan como mediaciones, pero no posibilitan integrar los pobladores urbanos y comunidades a estos procesos para propiciar una gobernanza horizontal.

Se asume la definición que presenta Villamán (2010), por considerar que es la que más se aproxima a la realidad dominicana, desde la perspectiva de este trabajo. Ciertamente, expresa: “Con sociedad civil se hace referencia a un grupo o sector organizado y plural, que se ubica, efectivamente, en un espacio diferente al de la dominación política y al de la acumulación de capital”.

Al hacer alusión a la sociedad civil, Villamán refiere a tres categorías:

a)   La liberal: que entiende analíticamente a la sociedad a partir del par Estado-sociedad, obviando al mercado por la vía de la identificación–confusión de la sociedad con el mercado. Consecuentemente, en esta visión, la sociedad civil se agota en el mercado y el empresariado constituye la sociedad civil de manera muy privilegiada. Esta concepción estuvo y está presente en la República Dominicana.

b)   La comunitarista-comunicacional: que entiende a la sociedad a partir de la tríada Estado-mercado-mundo de la vida. Esta mirada es mucho más rica, porque incluye los tres espacios o las tres lógicas: el poder político, el dinero y el mundo de la vida, o el mundo de la solidaridad, como le llaman aquí algunos.

c)   La radical: que asume también la distinción de Estado-mercado-sociedad civil, y plantea a la sociedad civil como el lugar para la construcción de un orden social alternativo.

Por tanto, se asume que en la estructura social se sitúan tres esferas: la sociedad civil, la sociedad económica y la sociedad política. Aún cuando diferentes sectores ubican a los sectores empresariales dentro de la primera esfera, se entiende entraría dentro de la clasificación liberal citada anteriormente. En el caso de este trabajo, se asume la segunda categoría, por entender que es la que se aproxima al marco en que se desarrolla el mismo.

En tal sentido, la ciudadanía, entendida en el contexto dominicano y atendiendo a la tipología que aplica Bustelo, en este momento, cabe dentro de la categoría ciudadaníaasistida, dado que las políticas sociales implementadas obedecen a planes asistencialistas, dirigidas a los sectores poblacionales más necesitados. Lo que significa que, en el marco de la focalización, la asistencia social contribuye a la fragmentación de las políticas públicas, falta de coordinación intersectorial que impide la efectividad de las acciones, y la inequidad en la distribución de los recursos. Lógicamente, imposibilitan la reproducción de estos grupos y evidencian las desigualdades estructurales existentes. Tal es el caso del Programa Solidaridad⁸ constituido por planes compensatorios, no por planes emancipatorios.

En la actualidad, las reformas institucionales promovidas desde el Estado son iniciativas que conducen a la construcción de ciudadaníademocrática. Este proceso implica la participación directa y activa de la mayoría de la población. Actualmente, en el país diferentes actores sociales de la sociedad civil poseen más información, acerca de la realidad dominicana lo que le posibilita exigir las reivindicaciones de sus derechos sociales y económicos, y se vinculan en dos vías: a) A través de espacios coyunturales, ratificando la afirmación de Nun (2001), respecto a quela ciudadanía como construcción social es siempre el objeto de una lucha, circunstancia que se observa con la realización de protestas en reclamo de servicios básicos, dando lugar a situaciones de conflicto; y, b) A partir de asuntos comunes, por ejemplo, el caso del Foro Ciudadano⁹, conjunto de organizaciones que ha contribuido con diversas propuestas a favor de la ciudadanía.

Dos hechos relevantes expresan la participación de la ciudadanía en términos minoritarios:

1. Las organizaciones femeninas que se manifestaron en contra del Artículo 30 de la Constitución dominicana, por considerar que violentaba el derecho de las mujeres a decidir. El grupo fue enfrentado por estamentos intolerantes de las iglesias católica y evangélica. Aún cuando exigían el diálogo para debatir posiciones, sus integrantes no fueron escuchadas.

1. La participación de grupos de jóvenesde clase media, que efectuaron una movilización exitosa en Gonzalo, Monte Plata, en contra del establecimiento de una cementera, por considerar que atentaba contra el medio ambiente (Artiles, 2010), logrando finalmente su objetivo de que no se instalara la fábrica en el lugar.

Al igual que en otros países latinoamericanos, la crisis de los partidos y la debilidad institucional afecta negativamente la gobernabilidad, por lo cual es necesario fortalecer la sociedad civil desde los diversos espacios en que se manifiesta la ciudadanía con posibilidad de ejercer sus derechos y deberes. Por esto, es imprescindible establecer consensos entreEstado ysociedad civil, y garantizar la continuidad de las políticas sociales de modo integral, sin fragmentaciones.

Asimismo, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dominicanas se caracterizan por presentar una diversidad de intereses, amén del ejercicio que realizan. Más bien, podrían clasificarse por intervenciones coyunturales, que conllevan prácticas asistencialistas y clientelares, que necesariamente impiden el desarrollo de la democracia, o aquellas que establecen objetivos a largo plazo.

En este contexto, las ONGs (sic) pueden representar una racionalización de la presencia social de estos intereses de cambio en el modelo de desarrollo. Lógicamente, no todas las instituciones que hoy se agrupan dentro del término ONG serán útiles para este tipo de acción. Serán eficaces para esta finalidad, únicamente aquellas que se planteen estratégicamente este objetivo, que sean capaces de introducir nuevos valores en las conciencias, sean capaces de agrupar fuerzas para la negociación, establecer alianzas e influir en la sociedad política.

Sin embargo, la heterogeneidad y la atomización de las ONG entorpecen una articulación entre ellas, generando tensiones y, al mismo tiempo, obstaculizando la vinculación Estado-sociedad. Cabe aclarar que a pesar de las debilidades, algunas ONG han hecho un gran aporte a la transparencia y al impulso de la democratización, contribuyendo a desarrollar los elementos para una buena gobernanza.

8. Consideraciones finales

La participación de los ciudadanos y ciudadanas implica diferentes mecanismos y espacios sociales para incidir en las estructuras estatales y las políticas públicas.

De ahí la relevancia que adquiere la democracia participativa para el logro del involucramiento de los ciudadanos, articulándose a los diversos procesos. En este contexto, es importante la existencia de mecanismos institucionales regulados por un marco jurídico, que constituyen elementos necesarios para la participación social.

En tal sentido, la sociedad civil juega un papel primordial en el fortalecimiento de los procesos democráticosy en el fortalecimiento de la sociedad como garantía para el cumplimiento de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

Esta dinámica supone el fortalecimiento de las organizaciones sociales, que actúan como interlocutoras del accionar del Estado, al mismo tiempo que contribuyen a fortalecer los procesos participativos en dos vertientes: a) formulación de proyectos, programas y planes sociales, y b) la vinculación de estos actores con el Estado. Por tanto, es vital el involucramiento de los ciudadanos en el diseño de las políticas públicas y sociales, lo que implica un proceso democrático deliberativo.

Los procesos democráticos exigieron los derechos civiles, políticos, económicos y sociales, dando origen a nuevas formas de democracia que implican una vinculación entre el Estado y la sociedad civil mediante procesos dialógicos. Este entorno significa la participación de los actores plurales: Estado, sociedad civil y grupos corporativos.

Si la función principal de las políticas sociales es la reducción y eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, servicios, oportunidades y capacidades, en el país, básicamente a través de ellas se implementan proyectos, programas y planes asistencialistas, dirigidos a la población más pobre. De ahí que al ubicar la ciudadanía dominicana, esta encaje en el plano de la ciudadanía asistida no emancipada.

De igual modo, se observan en la realidad dominicana los elementos planteados por Revesz, referentes a los problemas que enfrentan los regímenes democráticos: a) Debilitamiento de las instituciones políticas y sociales; b) Crisis social expresada en la fragmentación social, la corrupción, el desprestigio de la política, la violencia, la impunidad y el desinterés de la juventud por la política; c) Problemas económicos manifestados en aumento de la pobreza, disminución del empleo, deterioro de la actividad económica; además, se añadirían otras características: abandono del campo y crecimiento del sector informal. Finalmente, a estos factores se agregaría otro elemento: la inseguridad ciudadana.

Al igual que en otros países latinoamericanos, surgen en el país movimientos de protesta social que transforman las formas de la organización popular en las zonas urbanas, exigiendo elevar la calidad de los servicios básicos.¹⁰

La protesta social sugiere que los sectores excluidos no tienen una participación directa y activa en la elaboración de las políticas, ni mucho menos en la toma de decisiones.Porlo cual es necesaria la creación de mecanismos que posibiliten su integración a los procesos democráticos, para lograr su emancipación, proyecto a asumir por la sociedad civil.

Esta población excluida es “representada” por OSC de la clase media, que actúan como mediaciones, pero no hacen posible la integración de los pobladores urbanos y comunidades a estos procesos. De ahí que se plantee un problema de representatividad.

Por un lado, las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) dominicanas se caracterizan por presentar una diversidad de intereses. Empero, podrían clasificarse por intervenciones coyunturales que conllevan a prácticas asistencialistas y clientelares que necesariamente impiden el desarrollo de la democracia.

Por otro lado, la heterogeneidad y la atomización de las ONG impiden en cierto modo, una articulación entre ellas, creando tensiones. Asimismo, se entorpece la vinculación Estado-sociedad.

No obstante, a pesar de las debilidades, es relevante resaltar la contribución de las ONG a la transparencia y al desarrollo del proceso  democrático, señalando las pautas para desarrollar los elementos de una buena gobernanza.Es decir, iniciando el camino para una gobernanza horizontal.

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