El Dr. Onofre Rojas fue el primer director ejecutivo de lo que fue la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado (COPRYME) -que luego se convirtió en Consejo Nacional para la Reforma de Estado CONARE)-, la institución donde se elaboró el proyecto de ley de partidos que ha servido como esquema inicial para las versiones que se discuten en el Congreso desde hace más de una década.
Entrevista a Onofre Rojas
(Primera parte)
Omar Alejandro Pérez
Coordinador Unidad de Partidos Políticos
Actualmente es el director ejecutivo de Mancomunidad del Gran Santo Domingo. En el entorno de los partidos políticos se destaca su liderazgo dentro del partido Alianza por la Democracia (APD) y lo que él define como su compromiso y coherencia con las fuerzas progresistas y revolucionarias del país.
En esta primera parte de la entrevista, el dirigente político nos habla sobre los orígenes del proyecto de ley de partidos y cómo se inserta en los esfuerzos más globales de reforma y modernización del Estado. En ese orden, los datos aportados son de gran utilidad para la comprensión de cómo y con qué visión se entiende que la reclamada regulación a los partidos políticos se articula con una visión holística de avances en el seno del Estado.
El dirigente señala entre los aspectos más controvertidos, las previsiones en torno al financiamiento partidario y la alternabilidad en los cargos de dirección interna.
¿Cómo y por qué surge la idea de una ley de partidos en COPRYME?
Dr. Onofre Rojas (OR).La propuesta de un proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas surge porque en COPRYME teníamos una concepción integral sobre el proceso de reforma y modernización del Estado. Cuando digo “una concepción integral” es que entendíamos que el proceso debía organizarse en base a diferentes áreas temáticas que posibilitaran un mejor abordaje: siempre tuvimos claro que se trataba de un conjunto.
Entonces, no era concebible que intentáramos hacer una reforma profunda al Estado dominicano y dejar de lado a los partidos políticos, que son un elemento central en cualquier democracia. En ese entonces, por supuesto, se había abordado y diagnosticado que existían problemas muy serios en los partidos políticos; por ende, [la reforma] debía contribuir a que el sistema político dominicano pudiera estar más acorde con las necesidades de transformación del Estado.
Quisiera rápidamente recordar que nosotros abordábamos los temas desde el planteamiento de una reforma constitucional, pues en su momento desde COPRYME impulsábamos el proceso de hacer la reforma vía la asamblea de constituyentes porque de lo que se trataba era casi como de refundar el Estado dominicano. Esa era nuestra idea, la cual pasaba por una reforma profunda de la Administración Pública, una reforma de la municipalidad y los organismos intermedios de provincias y regiones, la descentralización del Estado, una reforma al sistema político y electoral… y ahí es que entra este tema de la ley de partidos políticos.
También desde otros ámbitos se crearon comisiones especiales en aquel período para las reformas de la justicia. Por ejemplo, otra comisión manejaba el tema de las empresas públicas. Es decir que aquello correspondía con un planteamiento que precisamente le hicimos desde Alianza por la Democracia al presidente Leonel Fernández cuando él era candidato.
Nosotros sentíamos una especie de vacío en la propuesta política programática que hacía el Partido de la Liberación Dominicana en ese momento y le propusimos al entonces candidato Leonel Fernández darle mucho más peso a la idea de la reforma del Estado, de las reformas institucionales. Él acogió esa idea, la incluyó en el programa y luego nos planteó que le hiciéramos una propuesta después de ser electo de cómo lo íbamos a implementar.
Así le dimos la idea de que se debía crear una comisión especial que pudiese estar integrada por los diferentes poderes del Estado, por una representación de la sociedad civil y de alguna manera, por una representación de los partidos.
Dentro de ese marco de reformas globales nosotros nos planteamos la reforma política. En ese primer período logramos una reforma a la ley electoral [Ley núm. 275-97], que fue muy importante porque se introdujeron aspectos tan importantes como el tema de la elección por circunscripciones, el voto preferencial y el voto de los dominicanos en el exterior. Aunque estos aspectos se implementaron más adelante, estas reformas habían sido introducidas. Nos dimos cuenta de que la cuestión no estaba completa si solamente abordábamos la reforma al sistema electoral, sino que para mejorar el sistema político había que hacer una reforma más profunda del Estado. Eso se dibujaba en el proyecto constitucional, pero para el sistema de los partidos era necesario hacer esa propuesta de ley de partidos políticos y de agrupaciones.
Acorde con lo dicho por usted, ¿se podría considerar que muchas de las transformaciones institucionales verificadas en el país, como las modificaciones a la ley electoral o incluso la idea misma de modificación integral a la Constitución que se consuma el 26 de enero de 2010 estuvieron influenciadas por esa inyección inicial que dio la APD desde COPRYME?
OR.Es bueno aclarar las cosas, para no ser excluyentes. La APD tuvo la iniciativa, hizo las propuestas y tuvimos incluso el privilegio -mi persona y otros compañeros que participaron- de integrar la dirección ejecutiva de la Comisión de Reforma y Modernización del Estado; pero luego, el proceso que se creó, que se desarrolló, fue mucho más amplio.
Nosotros procuramos lograr una participación lo más plural posible desde todos los ámbitos: desde las diferentes ciencias y técnicos muy calificados, a los cuales no preguntábamos su afiliación política. Con la participación ya directamente de actores políticos de diferentes signos entonces sí es necesario reconocer no a la APD, sino al conjunto, al proceso que se desarrolló en República Dominicana. Fue en ese período donde se hizo la gran agenda de reforma de República Dominicana.
Hicimos un programa nacional de reforma y modernización del Estado. No solamente rediseñamos ese programa, sino que lo construimos con la sociedad, con una participación muy amplia; generamos un espíritu de reforma y eso hay que resaltarlo -eso sí yo lo reivindico-,que se generó un gran espíritu de reforma donde nosotros logramos participaciones muy fuertes desde los partidos políticos y organizaciones de todo tipo de la sociedad civil, y dentro de las mismas instancias del Estado a los llamados de la Comisión. Ahí asistían los jueces de la Suprema Corte de Justicia de entonces, ahí asistían con mucha seguridad los jueces de la Junta Central Electoral, congresistas, ministros del Gobierno, los dirigentes empresariales, los dirigentes sociales… Es decir, hubo realmente un gran movimiento a favor de la reforma. Reitero, se creó un espíritu de reforma y se desarrollaron iniciativas muy concretas que dieron un cierto significado a las reformas.
Permíteme hacer un breve paréntesis para explicarte el significado de por qué nosotros -y yo nunca estuve de acuerdo con que se le cambiara el nombre de COPRYME a Consejo Nacional para la Reforma del Estado. Eso [la parte relativa a la modernización] tenía un significado.
Nosotros decíamos: “Las reformas tienen que ver con las propuestas de carácter sustantivo profundo, son el cambio transformacional de una institución. Es el cambio jurídico e institucional de una entidad”. En esa línea, los procesos de modernización los vimos como todos aquellos procesos que ayudaban a introducir nuevas tecnologías, nuevas metodologías; procesos que realmente le dieran el signo de los tiempos a las entidades y entonces una cosa iba de la mano con la otra, o sea, luchamos por las transformaciones profundas, pero entendíamos que de manera concreta había que modernizar las instituciones y por eso a veces los procesos que avanzaron más rápidamente fueron los de modernización de diferentes instituciones.
Por ejemplo, nosotros hicimos una reforma con relación al tema de los impuestos y las rentas internas. Aquí existía una dirección del impuesto sobre la renta, una dirección de rentas internas etc., etc., entonces nosotros creamos la Dirección General de Impuestos Internos.
Es decir, funcionaba una serie de entidades que estaban dispersas, pero a esas entidades se les dio un sentido de modernización. Quizás los más jóvenes ya ni siquiera conocen lo que eran las largas colas; aquí, por ejemplo, para renovar una placa cada vez que se iba a renovar, eran filas por todo Gascue, filas grandísimas, pues solo había dos o tres estaciones de renovación. Ante la situación, creamos un proceso de desconcentración de esa labor, dando paso a que lo que a la gente le costaba muchísimo se convirtiera en un proceso rápido.
Eso mismo pasaba muchas veces con la Dirección General de Tránsito Terrestre. Yo te puedo decir que era un infierno. Entidades como estas eran el tumulto y la arrabalización más grande. Tránsito Terrestre y Obras Públicas se convirtieron en una entidad modelo, lo mismo la Dirección General de Pasaportes -eso era una mafia, una cosa gravísima-,lo mismo que la modernización del sistema de correos y los aeropuertos.
Entonces, los signos de la modernización eran los que le decían como más claramente a la gente la idea del espíritu de cambio.
¿Se puede afirmar que la modernización llegó primero que las reformas de fondo a las instituciones?
OR.Sí. Era más viable porque también hay que saber que muchas de estas reformas necesitaban -como las reformas de fondo- cambios legales en el aparato jurídico. Entonces, la correlación de fuerzas en el Congreso no era favorable al gobierno que impulsaba estos cambios. En consecuencia, aquello era más difícil, pero es evidente que la gente visualiza mejor las cosas concretas. Hay otras que lograron algunos acuerdos con relación a la municipalidad. Aquí los municipios apenas recibían el 20 % de lo que recaudaba el impuesto sobre la renta, que aproximadamente representaba como un 1 % del presupuesto nacional, y además el gobierno tenía la costumbre de dar esos recursos discrecionalmente.
Logramos una ley, la núm. 17-97, a través de la cual a partir del año 1997 le comenzaron a pasar el 4 % del presupuesto nacional a los municipios. Ahora, si evalúas, se ha avanzado poco, porque aunque después de la ley se consignó el 10 %, apenas los municipios reciben un 5 %. No obstante, en aquel momento se tomó esta decisión -que la gente la consideró tímida-, pero fue un cambio importante para los municipios porque prácticamente multiplicaron por cuatro sus ingresos, mientras que en todos estos años, desde el 97 –en 16 años- apenas han subido un 1 % y se han multiplicado las necesidades municipales; ha aumentado mucho la población y sin embargo, no reciben los fondos necesarios.
¿Cree usted que la reciente reforma a nuestras instituciones, concebida en la Constitución de 2010, responde satisfactoriamente a ese espíritu reformador y modernizador que estaba en COPRYME originalmente?
OR. Yo creo que ahí hay dos cosas. Uno: yo creo que algunas reformas no han sido lo suficientemente sustantivas como nosotros las hubiésemos deseado en cuanto a los cambios que se han introducido. Ahí nos quedamos cortos, pero donde más cortos nos quedamos es en la aplicación de las reformas. O sea, hay procesos, hay reformas que se han aprobado y sin embargo, los grados de aplicación son limitados. Se pudiese tener una institucionalidad mucho mejor y no es posible. Te pongo un caso. A mi juicio, dramático, que es la tendencia de esta situación, en el año 1997 nosotros hicimos el primer censo nacional de empleados públicos, había alrededor de 287,000 a 297,000 empleados. En aquel momento nosotros dijimos en la Comisión que esa cifra podría ser reducida más o menos a 150,000 empleados, que con eso la burocracia pública dominicana pudiera ser lo suficientemente competente para resolver los problemas de la administración pública del país.
Sin embargo, hoy tenemos más de 650,000 empleados en la Administración Pública en República Dominicana, lo cual evidencia que uno de los fenómenos que más distorsiona un proceso de gestión pública es el clientelismo político y las tentaciones populistas en la Administración. Eso es un problema grave que también incide para que no avancemos en lo que se pueda, en lo que es la profesionalización de la Administración Pública.
Se ha avanzado porque evidentemente, pasamos de casi no tener nada y ya tenemos un determinado número de empleados que está en el servicio civil y carrera administrativa. Eso tenemos que lograr profundizarlo, porque un hecho que se pudiera decir es universal es que todos los países que tienen un nivel medio, medio alto o alto de desarrollo son países todos que se caracterizan por tener una administración pública profesionalizada. O sea, la institucionalidad pesa en el desarrollo. Es fundamental tener una institucionalidad pública que garantice la continuidad del Estado, que garantice el funcionamiento de la administración y por tanto, garantice que el Estado pueda ser más eficiente.
Debo aclarar que nosotros nunca fuimos partidarios del auge de la tesis neoliberal. Era muy fácil ser de esa corriente liberal y mucho más difícil mantener una política de defensa del Estado. Era la época de la aplicación del llamado “Consenso de Washington”, en el cual se decidió achicar al mínimo el Estado. Nosotros teníamos la tesis de que el Estado es importante, al igual que su institucionalidad, y no se trataba de más o menos empleados públicos, sino que era necesario achicar la nómina pública. Eso no significaba achicar el Estado porque el concepto neoliberal era prácticamente borrar casi el Estado porque se entendía que las empresas podrían autorregularse y nosotros siempre defendimos la otra tesis, pero es evidente que en República Dominicana no hemos dado todos los pasos necesarios; nosotros deberíamos estar mucho más avanzados en ese plano y hoy es lo contrario.
Unas de las necesidades es la de reformar los partidos del sistema político, porque el incremento de la nómina pública es utilizado con el argumento de que hay que mantenerse políticamente, de que hay que satisfacer las necesidades de los compañeros. Yo estoy de acuerdo que sí: a los compañeros, a los no compañeros y a todo el mundo hay que buscarle posibilidades, generarles posibilidad de empleo.
Ahora, no puede concebirse que los empleos estén fundamentalmente en la nómina pública, sino en la capacidad de construir riquezas, de desarrollar riquezas. En la medida en que una nación tiene más capacidad de generar riquezas, tendrá más capacidad de generar empleos. De manera que pensar que se resuelven los problemas de la empleomanía poniendo, agrandando, la nómina pública, es una falacia; al contrario, con eso lo que se hace es crear un círculo vicioso.
Volviendo a la ley de partidos, ¿quiénes participaron en la redacción del primer anteproyecto?
OR.En la Comisión de Reforma nosotros teníamos un área de reformas políticas. En ese momento primero estuvo coordinada por el Dr. Pedro Catrain, pero luego quien asumió esa responsabilidad fue el Dr. José Ángel Aquino, quien hoy es miembro de la JCE. Allí teníamos un equipo técnico que le acompañaba y donde participaron gentes de diferentes partidos políticos y de las diferentes tendencias.
Por ejemplo, aquí tenemos [el doctor habla señalando los citados en el proyecto que sostiene en sus manos] a la Dra. Licelot Marte de Barrios, quien hoy es la presidenta de la Cámara de Cuentas, que iba por el Partido Reformista; Belarminio Ramírez, del Partido Reformista Social Cristiano; el Dr. Tirso Mejía-Ricart, del Partido Revolucionario Dominicano; Miguel Ángel Rodríguez, del Partido de la Liberación Dominicana. Por la Junta, el director de partidos políticos, Braulio Alcántara; Dolores Piña, encargada de capacitación electoral; el doctor José Silié Gatón, que había sido miembro de la Junta y era asesor. De la sociedad civil teníamos gente como Alejandro Abreu, Emanuel Castillo, José Almonte, Faustino Collado, Enrique Chalas, Rosario Espinal, la politóloga; Idelfonso Güemes Naut de la UASD; Clodoaldo Mateo, profesor también de la UASD. En fin, había mucha gente. El coordinador, como decía, era el Dr. José Ángel Aquino; Cándido Mercedes, que es de Participación Ciudadana y era del equipo nuestro, y el Dr. Fabio Alduey. En fin, había todo un equipo de trabajo, pero esto se hizo con mucha participación.
Debo decirte que conjuntamente con ese proceso de hacer ese proyecto de ley o antecediendo a ese proyecto de ley, ya en la Comisión de Reforma comenzamos un proceso de reforma a la ley electoral; se hizo un gran trabajo. Nosotros también creamos una red de jóvenes líderes de los partidos políticos, a los que se les impartían seminarios y cursos de capacitación orientados no a un partido, sino inter-partidarios. Eso fue creando una buena articulación.
Muchos de esos jóvenes planteaban la necesidad de que se generaran cambios en los partidos, dado que uno de los problemas que se detectaban era que había un enquistamiento de la dirigencia en los puestos dirigenciales y que la rotación en los partidos era muy escasa. Los jóvenes planteaban ese tema y ese fue uno de los incentivos al crear este proyecto de ley.
Además, se creó una red de mujeres de los partidos políticos y se comenzó un proceso de capacitación a las mujeres, pues junto con los jóvenes, otro elemento fuertemente incentivado era garantizar el derecho de las mujeres a la participación política. Yo diría que esos fueron unos procesos importantes.
¿Cuáles cree que fueron las razones para que no se aprobara en aquel momento y que aún no se haya aprobado el Proyecto de Ley de Partidos?
OR.Las razones siempre se le atribuyen a las fuerzas políticas que son las responsables y han dominado el Congreso. Acá una fuerza política dominante en el Congreso aprueba lo que entiende que debe aprobar.
Entonces, la verdad es que estas fuerzas no han tenido la voluntad política para aprobar esa ley y creo que eso tiene que ver con temas cruciales como el financiamiento. Yo creo que hay temor a que la regulación pueda ser un poco más estricta en el tema del financiamiento, al igual que el tema de la regulación de las campañas, que es otro tema importante.
Por otro lado, ha marcado unas pautas para que las organizaciones concentren esfuerzos en aspectos fundamentales como la formación política y da un mandato para que parte del financiamiento sea dedicado precisamente a la educación y la formación política de las militancias partidarias.
Parecería que la cúpula de los partidos ha preferido tomar otro derrotero con el financiamiento. Lo mismo pasa con el tema de la alternabilidad de los partidos. Es un tema fundamental y es una vergüenza que en República Dominicana exista todavía una gran cantidad de partidos políticos e incluso, los que se dicen ser los partidos más democráticos, tienen un anacronismo vigente en sus estatutos que dan la facultad de períodos indefinidos en los cargos. Es realmente una aberración política el hecho de que un dirigente político pretenda estar infinitamente al frente de una organización política. Incluso, esto hasta ha sido ya superado en Cuba.
Durante el último congreso del Partido Comunista Cubano, la organización introdujo una reforma política en su estatuto, y en el estatuto de la nación, para que las personas por ejemplo ocupen una misma posición, bien sea en el Estado o bien sea en el partido, solamente por dos períodos consecutivos. Entonces, parece que las cúpulas políticas, realmente con la finalidad de mantener el control político en el interior de sus partidos, no han promovido una reforma como esa. Como digo, esto pasa también con las campañas, que deben ser más equitativas.
