Las leyes de cuota femenina reservan un mínimo de candidaturas a cargos electivos para las mujeres
Coordinadora
Monitor
Ruth Ferreras
Colaboradora
(Santo Domingo, 12 de septiembre de 2014). A través de la historia republicana, la mujer dominicana ha ido logrando paulatinamente el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos. En 1920 se comenzaron a gestar movimientos feministas en un contexto de limitada participación sobre todo en el magisterio y la vida intelectual, y en un marco rural en el que predominaba la política sostenida por caudillos civiles y militares, donde el rol de la mujer era entendido principalmente como hogareño.
En 1925 se formó en Santo Domingo el Club Nosotras, grupo eminentemente literario, y en 1930 una de sus integrantes asistió a la Primera Conferencia de la Comisión Interamericana de Mujeres, realizada en La Habana, Cuba. Había en la región gran efervescencia feminista y en República Dominicana se iniciaba la dictadura trujillista. Ese mismo año, las aspiraciones de las feministas respecto de sus derechos civiles y políticos chocaron de frente con la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y el movimiento comenzó a decaer, pero en 1931, Acción Feminista Dominicana, formada por mujeres de élite y liderada por Abigail Mejía, auspició el Primer Manifiesto Feminista Dominicano exigiendo igualdad de derechos en la Constitución (Mayes, 2008; Méndez, 2008).
La mujer dominicana obtuvo el derecho al voto en 1942, a través de la reforma constitucional de ese año, que lo estableció en sus artículos 9 y 10. Este hecho marcó una apertura importante en los derechos civiles y políticos de las mujeres en República Dominicana. Sin embargo, estudiosos sobre el autoritarismo señalan que dictaduras de derecha como la de Rafael Trujillo abrieron la vía al activismo de mujeres conservadoras con el objetivo de “organizar un proyecto totalitario” centrado en una noción particular de la condición de la mujer y sus intereses (Mayes, 2008; Méndez, 2008).
Las políticas implementadas por el gobierno de Juan Bosch en 1963 permitieron que las mujeres comenzaran a organizarse en sus comunidades de base y en las diferentes instancias de la sociedad. Las dirigentes de distintas partes y regiones del país fueron formando parte de centros, clubes y juntas de vecinos a escala rural y urbana, así como de juntas de vecinos. Igualmente, emprendieron la formación de las asociaciones de mujeres campesinas. Entre estas organizaciones sociales caben mencionar las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), dentro de las cuales las mujeres han podido representar un rol protagónico (Pérez, C. y Artiles, L. (1992), y la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), que nació en 1986 con la idea de concretizar un espacio reivindicativo de mujeres trabajadoras del campo.
Estos grupos centraron su acción en reivindicaciones para el mejoramiento comunitario e incorporaron en su quehacer reflexiones de grupos de mujeres sobre su situación en la sociedad dominicana. Los grupos urbanos de amas de casa se organizaron en demanda de servicios básicos como agua, hospitales, escuelas y arreglos de calles, entre otros. Su principal radio de acción ha sido y es el espacio de residencia: el barrio. Las juntas de vecinos, por su parte, cobraron auge a partir de las luchas civiles escenificadas en las décadas de los años 70 y 80, cuando los centros urbanos empezaron crecer y sus periferias a ser urbanizadas. Estas organizaciones comunales fueron fermento para la participación activa de las mujeres en cuanto a incidencia social y política (Familia, 2011).
La paridad de género como instrumento político hacia la inclusión
A partir de la década de los años 90, las organizaciones de mujeres en República Dominicana comenzaron a demandar una mayor inclusión en los puestos públicos de dirección y en las candidaturas electas.
En ese sentido, la primera ley de cuota femenina en República Dominicana se promulgó el 21 de diciembre de 1997. Fue la núm. 275-97 y estableció que un mínimo de 25 % de las candidaturas a cargos electivos de los partidos fuera ocupado por mujeres. Posteriormente, este porcentaje fue elevado a 33 % mediante la Ley núm. 12-00 y más adelante, la núm. 13-00 estableció que los partidos deberían incluir al menos una mujer en las candidaturas de síndico o vicesíndico de cada municipio (alcalde y vicealcalde, a partir de la Constitución de 2010) (Pérez, 2012).
Estas leyes reservan un mínimo de candidaturas a cargos electivos para las mujeres. Se trata de un tipo de acción afirmativa que persigue la igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder político. Mientras algunos sugieren que el trato diferenciado es contradictorio al propio objetivo planteado, otros argumentan que las condiciones de desigualdad preexistentes solo pueden nivelarse mediante este tipo de acciones positivas (Pérez, 2012).
La socióloga Isis Duarte señala que la cuota de paridad de género ha contribuido al incremento de la representación femenina, principalmente en las regidurías de los cabildos del país, mientras que los otros dos espacios de ejercicio del poder, el senado y la alcaldía, continúan vedados a la participación femenina. En otras palabras, Duarte (2001) señala que las mujeres fueron elegidas para participar en procesos de toma de decisiones en espacios políticos y geográficos más limitados.
La cooperación internacional y sus aportes a las políticas municipales de género
La Fundación DEMUCA y la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) apoyaron en 2007 la creación de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas (UNMUNDO), con el apoyo de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU). La institución surge como iniciativa de un grupo de políticas y funcionarias municipales para promover una mayor participación de las mujeres dominicanas en la gestión de los asuntos municipales. Es una organización sin fines de lucro, de carácter municipalista, no partidaria, conformada por las mujeres que ocupan puestos de dirección en los gobiernos locales de todo el país, las funcionarias y profesionales técnicas en el área municipal y todas las mujeres vinculadas al municipalismo dominicano. Propone el desarrollo de capacidades para la gestión local entre las mujeres, aumentando su representación en las instancias locales.
En mayo de 2011 ONU Mujeres y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) pusieron en circulación el Programa Municipal de auditoría de Género (MAG) con el fin de promover la transversalización del enfoque de género en la formulación, gestión y evaluación de políticas municipales, aplicando esta misma perspectiva a la Ley núm. 176-07.
Ciertas brechas que se van abriendo
En las elecciones de los bufetes directivos el 16 de agosto pasado, varias mujeres fueron elegidas para ocupar las presidencias de las salas capitulares de los ayuntamientos. Es el caso de Santo Domingo Este, Santiago, Gaspar Hernández, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Vega. En Santiago fue escogida la primera mujer como presidenta de la Sala Capitular de ese municipio.
Igualmente, el 16 de agosto pasado fue escogida como presidenta del Senado Cristina Lizardo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar esa posición en la historia del país.
A pesar de ese paso de avance, para el período 2014-2016, solo cinco comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, de un total de 41, están presididas por mujeres: Asuntos de Equidad de Género, Educación, Ministerio Público, Presidencia de la República y Seguridad Social.
De igual manera, de las 30 comisiones permanentes que existen en el Senado de la República para el período señalado, solo tres están dirigidas por mujeres: Administración e Interior, Asuntos de la Familia y Equidad de Género, y Asuntos Fronterizos.
Consideraciones finales
Las barreras que impiden el pleno acceso de las mujeres a la vida pública se han ido debilitando, según muestran los resultados de las Encuestas de Cultura Política y Democracia (DEMOS), que se realizan periódicamente en el país desde el año 1994. Estos estudios demuestran que hoy día la mujer dominicana es más aceptada: según la DEMOS de 2012, el 69.8 % apoya a la mujer dominicana en la política.
En ese sentido, la mujer va ganando espacio. Muestra de ello es la presencia de varias mujeres a la cabeza de varios gobiernos locales, en la Presidencia de la Cámara de Diputados y en la dirección de varias comisiones del Congreso Nacional, aunque en menor número. Es en los espacios comunitarios donde las mujeres continúan participando activamente, ya sea en los cabildos abiertos, como en los servicios de atención primaria de salud, planificación familiar y educación, así como en la incidencia en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos.
Los avances en el acceso a la educación muestran que ser mujer ya no es un factor que limite el acceso de la persona al sistema educativo. Un ejemplo de ello es que en el nivel superior, aproximadamente el 62 % de las matriculaciones universitarias están a nombre de mujeres.
Si bien las mujeres se integran cada día más en mayores espacios de dirección en los diferentes estamentos gubernamentales, no es menos cierto que el camino a recorrer en cuanto a una participación equitativa de la mujer en dichos espacios todavía es largo.
Referencias
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