Desde 2006 ha auditado en promedio una entidad edilicia cada 45 días

Karina Taveras

Coordinadora

Natanael Disla

Monitor

(Santo Domingo, 28 de julio de 2014). La Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) se rige por la Ley núm. 10-04, del 20 de enero de 2004. El artículo 6 de esa normativa establece que este órgano de control y fiscalización constituye la instancia superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría. En tal virtud, “tiene facultad para emitir normativas de carácter obligatorio, así como promover y alcanzar la coordinación interinstitucional de los organismos y unidades responsables del control y la auditoría de los recursos públicos”.

Dentro del Sistema Nacional de Control y Auditoría existe también el mecanismo de control legislativo, que constituye una de las herramientas de las que se vale el Congreso Nacional (CN) para auditar a las instituciones del Estado dominicano. Esto incluye a los ayuntamientos y las juntas de distritos municipales.

En la primera legislatura ordinaria de cada año, la Cámara de Cuentas remite al Congreso los informes de auditoría de las instituciones del Estado para la debida puesta en conocimiento de los demás organismos estatales de control y de la ciudadanía en general. En ese sentido, la CCRD informó en abril pasado que desde 2006 hasta esa fecha ha enviado al Congreso 67 auditorías realizadas a diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales que reciben fondos del Estado. De ellas, 47 corresponden a organismos edilicios: 25  a ayuntamientos, 19 a juntas de distritos municipales y dos a la Liga Municipal Dominicana.

Cuadro No. 1

Auditorías realizadas por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana

a entidades municipales 2006-2013

Fuente: Elaboración OPD-FUNGLODE a partir de datos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana  2006-2013.

En el Cuadro No. 1 se observa que los ayuntamientos auditados pertenecientes a las provincias Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal suman el 48 % de las auditorías realizadas. Esto podría responder al hecho de que la gran población, así como las características urbanísticas y sociales de estas provincias facilitan el monitoreo y auditoría de los recursos invertidos en ellas, además de que ameritan mayor atención debido al elevado monto de inversión social que realiza el Estado en ellas.

Gráfico No. 1

Provincias con mayor número de auditorías

Fuente:  Elaboración OPD-FUNGLODE a partir de datos de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.

Según la CCRD, gran parte de las auditorías practicadas a municipios y distritos municipales muestra la existencia de posibles indicios de responsabilidad penal por el incumplimiento e inobservancia de las leyes, disposiciones y normativas relacionadas con la contabilidad pública. Los informes de la CCRD están acompañados de evidencias que respaldan estos hallazgos y muestran que en algunos ayuntamientos existen gastos no contemplados, erogados a empresas privadas, sin estar avalados en los contratos correspondientes entre el ayuntamiento y la empresa. También se revela la contratación de personal sin funciones.

En algunos ayuntamientos y juntas de distritos municipales se han evidenciado debilidades de índole financiera en el sentido de que los ingresos se reconocen cuando se cobran y no cuando se ganan, y los gastos son reconocidos cuando se pagan, no cuando se incurre en ellos. Con estas prácticas se incurre en registros incorrectos y, en consecuencia, en estados financieros erróneos.

Las auditorias muestran faltas y omisiones importantes en cuanto a la ejecución presupuestaria, evidenciadas en la ausencia de los estados financieros y la omisión de las “Normas de contabilidad aplicadas al sector público”, emitidas por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.

El órgano de control externo señaló que entre las leyes incumplidas por gran parte de las instituciones edilicias figuran las de Presupuesto, Compras y Contrataciones Públicas; de Función Pública, Libre Acceso a la Información Pública y de Planificación e Inversión.

De acuerdo con datos de la Cámara de Cuentas, de las 47 auditorías realizadas a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales, 40 (85 %) han sido remitidas a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ‒antiguo Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa‒, lo que puede hacer susceptibles de judicialización a esos gobiernos locales. Algunos informes han sido sometidos dos veces a la Procuraduría, como por ejemplo los del Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros, la Junta del Distrito Municipal de Hato del Yaque y la Liga Municipal Dominicana.

En búsqueda de respuestas y soluciones

Respecto a estos datos, Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, señaló en abril pasado que las sumas involucradas en los informes que recibió de la Cámara de Cuentas son tan poco importantes -como 20,000 pesos- y que esas posibles irregularidades son «irrelevantes» (Reynoso, 2014).

Por su parte, Ignacio Ditrén, encargado de Asuntos Municipales del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señaló en marzo pasado que algunas supuestas irregularidades detectadas constituyen delitos menores, entendidos como inobservancias e indelicadezas −por ejemplo− la adquisición de bienes y servicios en compañías que no son suplidoras del Estado (Rosario Aguirre, 2014).

Pedro Matos, presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), al responder a los planteamientos de Ignacio Ditrén, propuso crear en cada provincia una comisión de auditoría con el objetivo de aplicar el control previo, para que de esa forma se conozca el destino de los fondos asignados a los ayuntamientos. El dirigente gremial sostuvo que los ayuntamientos violan reiteradamente la Ley núm. 126-01 acerca de la elaboración de estados financieros.

Las auditorías significan una erogación de fondos para las entidades auditadas, que deben cubrir el costo de las mismas. Cada fiscalización puede tener un costo estimado de un millón de pesos y un tiempo para realizarse de tres a seis meses. Ello supone aproximadamente un 15 % de las transferencias gubernamentales y de los recursos propios obtenidos que administra la junta municipal que menos fondos recibe: 6 millones de pesos (Cfr. Cámara de Cuentas, 2012).

Consideraciones finales

Los mecanismos de control y fiscalización interna de las municipalidades deberían de estar acordes con los organismos de control y su accionar fiscalizador ante el Estado. Lo micro y lo macro en cuanto a los mecanismos de vigilancia financiera deben de encaminarse hacia acciones comunes de inspección y buen manejo de los recursos.

Los ayuntamientos tienen la responsabilidad de someter sus estados financieros y patrimoniales a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, según lo establece el art. 11 de la Ley núm. 126-01. La Federación Dominicana de Municipios y la Liga Municipal Dominicana deben seguir capacitando a los funcionarios municipales del área financiera y ejecutar las iniciativas necesarias para que aquellos ayuntamientos y juntas de distritos municipales que lo necesiten tengan el personal calificado a su disposición, con el objetivo de que sus libros, estados financieros e informes estén al día y remitidos a tiempo a las instituciones de control interno. Con ello, las instituciones edilicias podrán recuperar la credibilidad ante la opinión pública. Si no se ejecutan las acciones correctivas, los ayuntamientos seguirán siendo objeto de críticas y de acciones judiciales ante las faltas que acusan, y que han sido evidenciadas por los informes que ha elaborado la Cámara de Cuentas.

En muchos de los casos pasibles de judicialización reseñados por la Cámara de Cuentas se acusan inobservancias de fondo, forma y procedimiento. En otros se han evidenciado dilaciones por parte de las autoridades de algunos gobiernos locales en proveer a la ciudadanía de las informaciones referentes a sus ejecutorias públicas, lo que profundiza la desconfianza de la población y afecta  la imagen pública de las municipalidades.

Bibliografía

Cámara de Cuentas de la República Dominicana. (2006). Informe de auditoría Junta de Distrito Municipal El Limón (Villa González). 

________. Plan Anual de Auditoría 2014. Recuperado de http://www.camaradecuentas.gob.do

________. (2012). Informe preliminar a la luz del cumplimiento de las leyes 176-07 y 10-04. Santo Domingo. Recuperado de http://www.camaradecuentas.gob.do

Cámara de Cuentas dice ha enviado 67 auditorías a Procuraduría. (2014, 22 de abril). Noticias SIN. Recuperado de http://www.noticiassin.com

Cámara de Cuentas ha enviado 67 auditorías a investigación del Ministerio Público. (2014, 22 de abril). 7 Días. Recuperado de http://www.7dias.com.do

Cela, J. & Pedrazuela, I. (2002). Clasificación de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en la República Dominicana: descripción de sus características. Santo Domingo: Instituto Tecnológico de Santo Domingo.

Contadores públicos reclaman que los ayuntamientos sean más transparentes. (2014, 30 de abril). Listín Diario. Recuperado de http://www.listindiario.com.do

La Cámara de Cuentas informa que hará 190 auditorías a 139 instituciones estatales en este año. (2014, 6 de mayo). Acento. Recuperado de http://www.acento.com.do

Ley núm. 126-01 que crea la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Recuperado de http://www.fedomu.org.do

Resumen de los informes de auditoría enviados a la Procuraduría General de la República. (2014, 22 de abril). 7 Días. Recuperado de http://www.7dias.com.do

Reynoso, S. (2014, 22 de abril). Procurador califica de "irrelevantes" resultados de auditorías enviados por la Cámara de Cuentas. 7 Días. Recuperado de http://www.7dias.com.do

Rosario Aguirre, L. (2014, 5 de marzo). Ditrén estima más alcaldes podrían ser apresados por legislaciones. Impacto Digital. Recuperado de http://impactodigital.com.do