Entendidas como el conjunto de iniciativas gubernamentales en un determinado sector, las políticas públicas en República Dominicana tienen su origen en la génesis misma del Estado. Desde entonces, su formulación e implementación recaen en el Poder Ejecutivo y los ministerios que le constituyen. Sin embargo, la creciente participación ciudadana en dichos procesos ha contribuido a la horizontalización de las políticas en el país.
Antecedentes Históricos
A finales del siglo XIX, la tendencia al caudillismo y la fragilidad institucional favorecieron la consolidación de un sistema marcadamente presidencialista. Dicha tendencia contribuyó a un modelo de gestión centralizado en el cual el Gabinete establecía las prioridades gubernamentales y los medios para su consecución.
Durante la época, las constante inestabilidad política impidió el desarrollo de una administración pública organizada. En consecuencia, esta se caracterizó por elevados niveles de corrupción y dispendio. Lo anterior contribuyó al incremento del déficit fiscal de la nación, motivando una política de endeudamiento y la primera ocupación estadounidense (1916-1924).
A partir de 1916, las fuerzas de ocupación propiciaron reformas estructurales orientadas a la reorganización del aparato estatal. Altamente burocratizado, dicho modelo administrativo contribuyó a la concentración de las decisiones públicas, las cuales posteriormente quedaron en manos de la sociedad económica y las agrupaciones políticas que les representaban.
Tras la salida de los norteamericanos y el derrocamiento de Horacio Vázquez (1860-1936), Rafael Leonidas Trujillo (1891-1961) preservó esta estructura. No obstante, el dictador impulsó un medidas orientadas a la superación de la crisis económica, agravada por la Gran Depresión (1929-1934). Además de saldar la Deuda Externa (1941), implementó una política monetaria con la creación del Banco Central de la República Dominicana y la emisión del peso dominicano.
De igual manera, promovió agresivamente el desarrollo industrial del país, adoptando el modelo de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En este contexto, creó modernas fabricas y diversificó la industria nacional, sustentada en el sector agrícola y la exportación de la caña. Sin embargo, hizo del erario público su patrimonio personal. Para 1961, Trujillo poseía el 80% de la producción interna bruta.
En cuanto a la política social, instituyó una serie de reformas a raíz de las presiones que ejerciera la Organización Internacional del Trabajo (OIT)y la Confederación Dominicana de Trabajo (CDT). Entre éstas, estableció la Caja Dominicana de Seguros Sociales (Ley no. 1376 del 17 de marzo de 1947) y el Sistema de Seguros Sociales (Ley no. 1896 del 30 de diciembre de 1948). El 11 de Junio de 1951, la Ley no 2920 instauró el Código del Trabajo.
Además, el Dictador continuó la expansión de la infraestructura vial con la construcción de carreteras y el asfaltado de los centros urbanos; modernizó los servicios públicos, ampliando significativamente su cobertura en todo el territorio; e introdujo mejoras significativas en la Salud Pública y el Sistema Educativo. Instituido por la Ley no. 2909 de 1953, este último no fue modificado hasta 1997 por la Ley Orgánica de Educación.
A principio de la década de los 60, presiones internacionales obligaron a la adopción de las reformas propiciadas por organismos multilaterales en el contexto de la transición hacia la democracia. Auspiciada por la Alianza por el Progreso (1961) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la primera de estas reformas instituyó un organismo dedicado a la elaboración de un plan nacional de desarrollo: la Junta Nacional de Planificación y Coordinación.
Tras la caída del Régimen Trujillista, el gobierno del profesor Juan Bosh (1962) trató de introducir una amplia reforma social. Sin embargo, intereses geopolíticos en el contexto de la Guerra Fría (1945-1991) alimentaron un golpe de Estado que culminó con la Revolución de Abril (1965) y la segunda intervención militar estadounidense (1965). En ese mismo año, la Junta Nacional de Planificación fue convertida en la Subsecretaria de Estado de Planificación, mediante la Ley no 55 de 1965 que el Consejo Nacional de Desarrollo.
Durante los 90, las reformas estatales continuaron adoptando lineamientos de los organismos multilaterales; la mayoría de tendencia neoliberal. El 10 de junio de 1997, la Ley no. 141-97 creó la Comisión de Reforma de la Empresa Pública (CREP), iniciando la privatización de las empresas estatales. En el 2001, esta fue transformada en el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas mediante la Ley no.124-01.
El 28 de diciembre del 2006, el Gobierno promulgó la Ley no. 498-06de Planificación e Inversión Pública. Junto a la Ley no. 496-06 que crea la Secretaría de Estado de Economía, Planificación y Desarrollo (SEEPYD), estableció un nuevo referente institucional para la planificación estatal mediante el establecimiento del el Sistema Nacional de Planificación.