Considerando Primero: Que la Constitución de la República Dominicana garantiza a su población un conjunto de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, deportivos, colectivos y medioambientales, por lo que el Estado debe adoptar políticas para promover y proteger el ejercicio de estos derechos y para ello deberá desarrollar o fortalecer sus capacidades técnicas, gerenciales y financieras;