Reforma del Código de Trabajo: el “pacto por el empleo formal” en contexto

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Las discusiones por el ajuste salarial de los trabajadores se iniciaron en el primer trimestre de 2013 y degeneraron rápidamente en un impasse.

 

Fanny Vargas
Coordinadora de la Unidad

 

(Santo Domingo, 22 de agosto de 2013). Después de meses de discusión, las partes llegaron a un compromiso; sin embargo, en medio de las reuniones salió a relucir la idea de un “pacto por el empleo formal” que conlleve una reforma del Código de Trabajo y la eventual puesta en marcha del seguro de desempleo.

Este deseo de reforma no es nuevo. Los empresarios han argumentado desde hace años que el Código de Trabajo de 1992 está desactualizado y necesita reformarse. Ya para mediados de 2011 se habían realizado reuniones no publicadas entre los representantes sindicales, empresarios y el Gobierno para discutir posibles modificaciones al código. Los empresarios plantearon en esos encuentros la modificación de 28 puntos de la normativa, lo que fue rechazado por los sindicatos (Sierra, 2012).

En enero de 2012, Francisco Domínguez Brito ‒entonces ministro de Trabajo y actual procurador general de la República‒, admitió que se había estado discutiendo una modificación al Código de Trabajo respecto a los horarios de la jornada laboral y la posibilidad de sustituir el pago de la cesantía por un seguro que garantice el sueldo por un tiempo determinado al empleado cancelado (el llamado seguro de desempleo).

En mayo de 2012 se registraron propuestas concretas sobre la cesantía. Organizaciones como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD),  la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal Dominicana (Copardom), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) se pronunciaron en diversas ocasiones a favor de una reforma del Código, que consideran no se adapta a los cambios sustanciales que ha experimentado la economía dominicana.

¿Cuáles son los puntos a modificar?

Las organizaciones del sector privado han hecho énfasis en que las disposiciones del Código en materia de horarios, prestaciones laborales, cesantía, riesgos laborales y conciliación judicial crean una pesada carga para las empresas, en especial las pequeñas y las medianas. En un principio, alegaron que los horarios y días feriados no responden a la realidad del país y que es necesario establecer jornadas diferenciadas para diversos sectores.

La cesantía y otras cargas laborales (como los aportes a la seguridad social) son consideradas como una traba para la competitividad y que crean distorsiones en el mercado laboral. Los empresarios sostienen que después de la puesta en marcha de la seguridad social los pagos ascienden al doble entre el fondo de pensiones (AFP) y la cesantía, y que es necesario revisar las normativas y crear topes a los montos otorgados.

En cuanto a las conciliaciones y litigios laborales también se ha discutido ampliamente. Los empresarios abogan por un mecanismo que evite muchos de los litigios en los tribunales, cuya gran mayoría es ganada por los trabajadores.De acuerdo con la Cámara de Comercio de Santiago, muchas empresas pequeñas han quebrado porque no resisten las constantes demandas laborales en las que se ven envueltas sin conseguir fallos a su favor por las desventajas que tienen los patronos con el actual Código de Trabajo (Acento, 2013). Este y otros grupos de empresarios denunciaron una “mafia” de abogados que se dedica a comprar casos para chantajear a los empleadores. Propusieron que se exija la presencia física del trabajador en los procesos ante la jurisdicción de trabajo y que su ausencia sea considerada como un desistimiento a la demanda.

Además de estas afirmaciones Fernando Capellán, presidente de la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), resaltó el "alto costo laboral que asumen las empresas dominicanas" entre las principales causas de los bajos índices de competitividad que los informes internacionales otorgan al país.

La opinión de los trabajadores

Los diversos grupos que representan los intereses de los empleados, como la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y el Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), se oponen en términos generales a cualquier reforma que erosione los derechos de los trabajadores, aunque se muestran cautelosamente abiertos al diálogo. Para los sindicatoshay artículos del Código de Trabajo que pueden ser revisados, pero otros, como la cesantía y los beneficios para mujeres embarazadas, no son negociables.

Su argumento es que en el país los salarios son bajos y la compensación final del trabajador es la cesantía. Según el CNUS, el seguro de desempleo sería más costoso que la cesantía como tal, y que esta no representa una carga tan grande para el sector privado como señalan algunos de sus representantes.

Los dirigentes sindicales afirman que el interés de los empresarios es suprimir ciertos derechos laborales y bajar el costo de la mano de obra. Esa “flexibilización” consiste en reducir calidad y crear precariedad.

La lectura de los datos

Vistas las opiniones divergentes de los distintos actores, es conveniente estudiar algunos hechos sobre el mercado laboral.

A pesar del sostenido crecimiento económico, el desempleo en el país es de 15 %1,que ha sido el promedio de este indicador para el período 2000-2012.Esto indica que el desempleo es persistente. En adición,el subempleo representa aproximadamente el 16 % del empleo total; alrededor de un tercio de los subempleados2 busca horas adicionales. Al agregar esta cantidad a la tasa oficial de desempleo, da como resultado la tasa de "mano de obra subutilizada", cerca del 20 por ciento (FMI, 2013).

Para abril de 2013, el empleo formal apenas alcanzó el 45 % del mercado laboral. Es decir, que de los 3.9 millones de empleos actuales, el 55 % (2.1 millones) es informal.

En términos agregados, de los 282,734 empleos formales creados desde 2000 al presente, solo el 17 % fue creado por el sector  privado, lo cual representa aproximadamente 48,000 empleos netos.  El 83 % de estos  empleos fue  creado  en  el  sector  público (CONEP, 2013).

Estos datos indican que  el empleo  formal  privado  ha  tenido  un crecimiento neto de 4.1 % en los últimos doce años, aproximadamente 4,000 empleos netos por año, principalmente dirigidos a actividades del sector servicios intensivas en capital. Las personas que no son absorbidas por el sector formal se tornan a la informalidad, en su mayoría aocupaciones independientes no profesionales, no técnicas y no administrativas.

Los salarios reales promedio por hora en el 2010 fueron 20 % inferiores al nivel alcanzado en el 2000 y se han quedado muy rezagados respecto del crecimiento de la productividad laboral. Como resultado, el salario mínimo en República Dominicana no se ha mantenido al nivel con el costo de vida (FMI, 2013). Según el Banco Central, el costo de la canasta mínima de bienes para los más pobres fue el doble del pago del salario mínimo promedio.

Un hecho notable es que las ganancias por hora están muy dispersas a través de la distribución de los ingresos. Así, los trabajadores del sector privado ganan en promedio 58 pesos dominicanos por hora, los trabajadores independientes 72, los empleados del sector público 88 y los empleadores US$187 por hora (FMI-OIT, 2013, p.  16).

Consideraciones finales

Los especialistas en general no consideran que el mercado laboral dominicano sea demasiado rígido en comparación con sus vecinos (Guzmán, 2011). El Código introducido en 1992 ‒dicen‒no ha sido un obstáculo para la rápida expansión de las exportaciones de manufacturas. En la última encuesta del sector empresarial realizada por el BCRD, la inflexibilidad de las regulaciones del mercado de trabajo no parece ser percibida como obstáculo importante por las empresas dominicanas, cuando ocupa el lugar 12 de 15 obstáculos principales. Sin embargo, la importancia relativa de ambos factores varía de acuerdo con el tamaño de la empresa. (FMI, 2013, en base a datos del Banco Central)

En general, la situación laboral es precaria. No parece correcto que, como alegan las organizaciones sindicales, el país quiera ganar competitividad en base a la disminución de las garantías de los trabajadores en lugar de crecer mediante actividades productivas generadoras de empleos formales. Esto no significa que no sea viable una reforma laboral, en consenso con el empresariado y los trabajadores, que modifique los puntos antes mencionados y permita al país ser más competitivo sin arriesgar los derechos de los trabajadores y promoviendo el empleo digno.

Las discusiones sobre el tema de la reforma aún se encuentran pendientes. El Ministeriode Trabajo reiteró recientemente que los beneficios que tienen los trabajadores bajo el Código vigente no están en discusión, y que si se modifica la legislación, esos beneficios se deben mantener o aumentar. La ministra Maritza Hernández sostuvo que el Ministeriotendrá su posición sobre el tema cuando llegue el momento, y ahí se planteará lo que sea bueno para los trabajadores y los empleadores.

Bibliografía

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Notas


1. BCRD reportado para abril 2013. Tasa de desempleo ampliada, además de los desocupados abiertos, a aquellos que aunque no buscaron trabajo en el período de referencia, aceptarían y están disponible para trabajar en caso de que le ofrecieran un empleo.

2. Personas que expresan el deseo de trabajar más horas sin poder conseguirlas.