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La participación y baja representación de la mujer en los órganos del Estado ha sido de los temas más discutidos a nivel mundial. Durante años, la mujer dominicana ha intentado acceder y participar de forma activa en los espacios de toma de decisión. En busca de garantizar esta participación se han establecido las cuotas legislativas o cuotas de género como un mecanismo que responda a las necesidades y al derecho de participar que poseen no solo las mujeres, sino todos aquellos grupos que de alguna manera son excluidos de estas instituciones o de la vida política. Este trabajo busca analizar el fenómeno de la paridad política en toda América Latina y el Caribe, así como exponer de manera llana el tema de la mujer, su evolución y situación actual en el Poder Legislativo.

 

Flor Batista Polo

Monitora

 

Introducción

La participación de la mujer en los órganos del Estado es uno de los temas más importantes y debatidos a nivel mundial. Durante años las mujeres del mundo han demostrado la voluntad y el deseo de pertenecer a las instituciones de toma de decisión y a pesar de que se ha avanzado con paso lento, se espera que en los próximos años su integración sea mucho mayor.

En la década de 1970, las mujeres latinoamericanas estuvieron involucradas de manera activa en las luchas contra las dictaduras y el posterior proceso de transición a gobiernos democráticos. Sin embargo, su acceso a la política inició en el siglo XX, cuando ganaron el derecho al voto, proceso que no llegó acompañado por el derecho a la representación.

La implementación del sistema democrático en toda América Latina hace necesario comenzar a hablar sobre la participación y representación de todos los ciudadanos; por lo tanto, es obligatorio tratar el tema de la igualdad y que esta refleje en las instituciones gubernamentales.

El objetivo de este análisis es responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la necesidad de implementar en los Estados la democracia paritaria? Y luego observar la evolución de la mujer dominicana dentro de las cámaras legislativas.

1. Antecedentes

La paridad política nace por iniciativa del movimiento feminista francés que planteaba “la paridad como un proceso estratégico de lucha contra el monopolio masculino del poder”. Este movimiento surgió en Francia a principios de 1990, cuando comenzó a cuestionarse la legitimidad de la democracia por la exclusión de las mujeres.

La primera vez que se utilizó formalmente el término “democracia paritaria” fue en la I Cumbre Europea “Mujeres en el Poder”, realizada en Atenas el 3 de noviembre de 1992. La declaración que surgió de esa cumbre establecía la paridad como un paso elemental para lograr una “verdadera democracia” y garantizar la presencia de estas en las entidades estatales. Además, cuestionaba la capacidad del sistema político de reconocer y responder a las necesidades de toda la población.

La democracia paritaria hace referencia a la necesidad de que exista una igual representación de hombres y mujeres en todas las áreas, no solo a escala legislativa. Autoras como Candela (1999) y Cobo (2002) establecen los Estados paritarios como un nuevo sistema que garantiza la participación igualitaria de hombres y mujeres en las instituciones gubernamentales, especialmente en el Poder Legislativo.

2. ¿Cuál es la necesidad de implementar la democracia paritaria en los Estados?

La necesidad de implementar la paridad de género en los Estados democráticos surgió producto de las desigualdades y la exclusión de la mujer en las instancias gubernamentales. Es importante resaltar que el concepto de democracia se manifiesta a favor del acceso y la participación igualitaria de todos los ciudadanos en estas instituciones. No obstante, la necesidad de establecer mecanismos que garanticen la participación y representación de las mujeres dentro los espacios de decisión es evidente.

La paridad política no aporta beneficios exclusivamente a la mujer, sino que trata de asegurar la igualdad a todas las personas que hasta el momento se encuentran en desventaja producto del patriarcalismo del sistema político.

Francisco Laporta (2000), en su texto El cansancio de la democracia, habla sobre el concepto de “representación-reflejo”, y hace referencia a cómo deberían estar estructurados los órganos del Estado, principalmente, los poderes legislativos. De forma implícita, esta concepción plantea que si un Estado está formado por hombres y mujeres, esto debe reflejarse en las estructuras institucionales.

Cuando se hace referencia al concepto “democracia paritaria”, se habla de aquellos Estados que comprendieron la necesidad de fomentar la participación y representación de todos los ciudadanos en los espacios de decisión, la necesidad de enfrentarse a los problemas políticos causados por las acciones afirmativas o cuotas de género, así como a los prejuicios culturales y sociales. Además, de que es necesaria la formación política de las mujeres para escalar posiciones en la esfera política, tarea correspondiente a los partidos políticos.

3. Latinoamérica hacia un Estado paritario

En las últimas décadas América Latina ha pasado por un proceso de transformación en los aspectos social, cultural, económico y político. Desde este punto surgen diversos debates sobre la calidad de la democracia y la necesidad de que se integre a las mujeres en los órganos del Estado para lograr la implementación de una democracia paritaria.

En el año 2007 se celebró la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. En esta actividad se trató únicamente el tema de la mujer y su exclusión, y, por primera vez, los países de la región y parte de los países del Caribe trataron el tema de la paridad de género, considerando que es una herramienta imprescindible de la democracia y que lograría en gran manera erradicar la exclusión de las mujeres en estas instituciones.

Más tarde, en 2010, se realizó la XI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe. En esta ocasión se ratificó el llamado hacia la paridad explicando, una vez más, la necesidad e importancia de implementar políticas afirmativas y asegurar no solo una estructura paritaria en las listas electorales, sino también la “paridad de resultado en los cargos y el acceso igualitario de las mujeres a los espacios de decisión de los partidos políticos, y al financiamiento de campañas y la propaganda electoral”.

Estas conferencias propiciaron que gran parte de los parlamentos del mundo occidental integraran en sus agendas el tema de la equidad de género, así como la implementación de mecanismos que garantizaran la participación y representación igualitaria entre todas las personas.

La Tabla No. 1 presenta los países de Latinoamérica que cuentan con acciones afirmativas y aquellos que establecieron la paridad política en su sistema. De igual forma, indica el porcentaje de mujeres presentes en los organismos de decisión.

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De acuerdo con la Tabla No. 1, dos países llaman la atención: Bolivia, que sobrepasa el porcentaje que tiene establecido, y Cuba, que a pesar de no tener una ley de paridad de género, presenta un porcentaje de participación femenina de 49 %, es decir, aproximadamente la mitad del Poder Legislativo.

A pesar de los avances alcanzados con las acciones afirmativas, estas leyes no son suficientes porque no se ha logrado la equidad de género, lo que deja en evidencia la necesidad de que se implemente un sistema que garantice la igualdad entre mujeres y hombres en la política. De aquí nace la paridad política.

Países como Bolivia (2009), Costa Rica (2009), Ecuador (2008), Honduras (2012), Venezuela (2013), Argentina (2014) y México (2014) concibieron la necesidad de resolver las desigualdades presentes dentro de sus instituciones; por ello, implementaron la paridad política en sus formas de gobierno. Con la medida garantizan la participación no solo de las mujeres, sino de todos aquellos grupos que de alguna manera eran excluidos.

De igual forma, y con el mismo objetivo, Argentina, Chile, Ecuador, El Salvador y República Dominicana implementaron desde sus espacios de decisión programas de capacitación para contribuir a promover y estimular la participación de la mujer dentro de la política. También, con miras a incluir a aquellas que aun haciendo vida política, no han logrado ocupar un espacio dentro de estas instituciones.

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Chile, a pesar de ser uno de los poderes legislativos más transparentes y funcionales de América Latina, es el cuarto país con menor cantidad de mujeres y no posee cuotas de género. Con este programa busca capacitar a las legisladoras e incrementar su cantidad. En este último punto es evidente, por la representación de las mujeres en el Poder Legislativo, que no ha logrado los resultados esperados.

Cabe destacar que en algunos países existen cuotas voluntarias. Estas cuotas son medidas establecidas por los partidos políticos en naciones que no cuentan con cuotas de género, o mediante las cuales se pueden incrementar los porcentajes mínimos de mujeres a incluir en las listas electorales por encima de lo dispuesto por las leyes electorales. Entre estos países se encuentran Chile, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.

4. República Dominicana: primeras legisladoras y paridad política

Como ha sido expuesto, a comienzos de los años 70 surgió el movimiento feminista que exigía igualdad de oportunidades y mayor participación de la mujer en la vida económica, social y política. Este movimiento, que inició en sociedades desarrolladas como Estados Unidos y Europa, se extendió por el Occidente y llegó hasta América Latina y, por supuesto, a República Dominicana.

Para esos años, uno de los elementos más importantes que produjo el proceso electoral celebrado ese año fue la integración de nueve mujeres al Congreso Nacional de República Dominicana. Aún no existía cuota alguna que garantizara la participación femenina en la vida política del país.

Sin embargo, para el período 1970-1974 fue la primera vez que una cantidad tan extensa de mujeres formó parte de ambas cámaras legislativas. Ellas fueron Carmen Mendoza de Cornielle, Fidias Vólquez de Hernández, Carmen Dolores Jiménez de Ginebra, Josefina Portes de Valenzuela, Julia Caridad Báez viuda Russo, Jacqueline Chahín de Cornielle, María Luisa Guerrero, Sonia Torres de Mallén y María Caridad Rodríguez de Sobrino. De igual manera, durante ese mismo período de gobierno, el Dr. Joaquín Balaguer nombró gobernadoras en todas las provincias.

Anterior a esto, en el período 1966-1970 solo cinco mujeres formaron parte de esta institución: la senadora era Yolanda Pimentel de Pérez (única senadora) y las diputadas Aida Núñez de Villalona, Caridad Rodríguez de Sobrino, Lesbia Amaro y Miriam Abreu.

Aquí se inician las luchas por lograr una mayor participación e integración de las mujeres en el Congreso Nacional. A finales de 1986 surgió la verdadera novedad: la diputada Rafaela Alburquerque realizó declaraciones sobre la integración y participación de las mujeres en la Cámara Baja. Estas afirmaciones causaron conmoción en toda la población y fueron respaldadas por ocho legisladoras que para esa época era el total de mujeres en esa institución.

Las declaraciones de la diputada surgieron debido al evidente desamparo y la desigualdad que existía para el sector femenino en ese entonces, donde a pesar de pertenecer a los órganos legislativos, no tenían la posibilidad u oportunidad de participar en los procesos de toma de decisiones de la Cámara Baja.

Diez años después, producto de un acuerdo entre la facción perredeísta y la reformista, Alburquerque fue seleccionada para presidir la Cámara de Diputados durante el período 1999-2003, cuando Partido Revolucionario Dominicana (PRD) dominaba esa cámara. Fue la primera vez en República Dominicana que una mujer resultaba escogida para presidir la Cámara Baja. La nueva presidenta contaba con el apoyo de todos los integrantes de la Cámara Baja.

Este hecho abrió las puertas y esperanzas de que las mujeres pudiesen participar de forma activa en los órganos legislativos. Sin embargo, a partir de entonces, la representación femenina ha sido paulatina pero constante en las cámaras legislativas, pudiendo notarse el efecto de las cuotas legislativas o cuotas de género en estas instituciones y las actividades realizadas por los legisladores y organismos internacionales para promover la participación de las mujeres en estos organismos.

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En un estudio denominado Mujer y política en la República Dominicana: consensos y disensos entre las líderes y la ciudadanía (2009), las legisladoras relataron sus experiencias en los partidos políticos y el Congreso Nacional e identificaron los principales obstáculos que dificultan el incremento del número mujeres en el Poder Legislativo. Entre estos se encuentran:

- La educación, la cual debería fomentar la participación de las mujeres en el sistema político. El sistema educativo, al igual que el sistema de partidos políticos de República Dominicana, es patriarcal.

- La posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos, el mito de que ser madre es un impedimento para poder participar libremente en la política.

- La distribución y disponibilidad de los recursos financieros para realizar las campañas electorales no es equitativa en cuanto al género de los candidatos.

- Por último, la falta de unión entre las legisladoras para luchar por problemas que afectan a la población femenina del país. Muy pocas veces las legisladoras dominicanas han trabajado en conjunto para lograr un objetivo en común.

Con relación a esto, Guadalupe Valdez, diputada nacional de República Dominicana indica:

Hay factores generales de la sociedad que obstaculizan el avance de la mujer en la política. Está el poder en todos los órdenes, y de poder político, económico, militar, empresarial, físico, religioso…, la cultura patriarcal en la sociedad, que siempre ha estado y está, salvo excepciones de los últimos años, en manos de hombres; están las leyes, muchas de ellas discriminatorias de las mujeres, y está la educación que históricamente ha servido para diseñar dos roles diferenciados entre hombres y mujeres, donde el hombre es fuerza, poder, decisión dentro y fuera del hogar, y la mujer es servil, consejera, sin decisión de mando”.

Hasta la fecha, el Congreso Nacional está integrado por 190 diputados y 32 son senadores, un total de 222 legisladores de los cuales, solo 42 son mujeres (19 %).

La Cámara de Diputados solo cuenta con 39 diputadas, cinco de las cuales presiden igual número de las 40 comisiones encargadas de estudiar, analizar u observar los proyectos que son sometidos en la Cámara Baja.

La situación en el Senado es más alarmante: a pesar de que es dirigido por una mujer, este órgano está integrado por 32 senadores y solo tres son mujeres. De las 32 comisiones conformadas en la Cámara Alta, tres son coordinadas por estas.

De su parte, el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) tiene 30 mujeres entre los 128 diputados: solo el 23 % de los miembros de esta institución son diputadas. El PARLACEN tiene en su estructura 13 comisiones y solo cuatro mujeres presiden alguna de estas. República Dominicana cuenta en esta

institución con 22 legisladores, de los cuales seis son mujeres y solo una preside una comisión.

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De acuerdo con el Mapa A, las provincias con mayor número de legisladoras son Santo Domingo (9), Santiago (4), San Cristóbal (4) y Distrito Nacional (3). En otras localidades como La Vega, Dajabón, San Juan de la Maguana, Valverde, Monseñor Nouel y El Seibo cada una cuenta con dos diputadas, mientras que Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Duarte, La Romana, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, Peravia y Monte Plata apenas poseen una diputada por provincia. Actualmente, 13 demarcaciones del país no cuentan con ninguna representación femenina.

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Según datos aportados por la Cámara de Diputados y estadísticas elaboradas por el Observatorio Político Dominicano (OPD), las legisladoras han participado como co-proponentes o firmantes en el 25 % de los proyectos de ley sometidos a la Cámara de Diputados desde 2010 hasta finales de 2014, lo cual es una buena cifra, debido a que cubren solo el 21 % de los escaños en el Congreso Nacional.

En cuanto a las iniciativas legislativas sometidas, el 85 % de los proyectos de ley son propuestos por los legisladores y apenas el 6 % son exclusivamente introducidos por ellas, lo que indica que cada legisladora ha sometido en promedio dos proyectos de ley. Mientras, los diputados y senadores han sometido aproximadamente seis iniciativas en lo que va de este período legislativo.

Es importante resaltar que en el Congreso Nacional son pocas las iniciativas legislativas sometidas que buscan garantizar la participación política igualitaria de hombres y mujeres. Entre estos se encuentra el Proyecto de Ley de Paridad Política entre Hombres y Mujeres, con participación juvenil sometido por el diputado Alexis Jiménez, que busca reemplazar la actual cuota de 33 % por un porcentaje de 40 a 50 % de hombres y mujeres en todas las instituciones gubernamentales; dentro de este porcentaje debe garantizarse al menos el 12 % para los jóvenes.

Conclusiones

Las cuotas de género implementadas en los partidos políticos buscan erradicar la exclusión que sufre la mujer dentro de estos organismos. En los últimos años las cifras han asegurado y demostrado que la implementación de estas acciones afirmativas ayudó a aumentar la cantidad de mujeres, especialmente en los órganos legislativos.

Pero aún no se ha logrado la equidad política entre todos los ciudadanos, lo que indica que, verdaderamente, queda mucho camino por recorrer para lograr la equidad de género en los espacios de decisión; por ello, nace la paridad como una forma de organización política y social que busca establecer la representación y participación igualitaria dentro de todos los organismos gubernamentales.

Hay que tomar en cuenta que los legisladores y legisladoras forman parte de la opinión pública y que representan en los organismos de decisión a una parte de la población, por lo que sería recomendable que las cámaras legislativas se conviertan en instancias fundamentales en las luchas contra las tendencias discriminatorias.

Particularmente, en el caso dominicano a pesar de los avances que se han logrado, la situación amerita impulsar en materia legislativa la equidad e igualdad de género. Dentro de los aspectos a mejorar se encuentra asegurar de alguna manera una mayor representación en el Senado, que es la institución que cuenta con menor cantidad de legisladoras en su estructura.

De igual forma, es necesario establecer la importancia de introducir proyectos de ley que favorezcan los asuntos de género. Actualmente en el Congreso Nacional son pocas las leyes que se están presentando que tratan de manera específica el tema, entre estas, el Proyecto de Ley de Paridad Política entre Hombres y Mujeres, con participación juvenil.

Otro de los aspectos a analizar es que, si bien es cierto que se necesita mayor participación e integración en la política, también es cierto que es imprescindible que las legisladoras participen de manera más activa en el sometimiento y análisis de los proyectos que son introducidos en las cámaras.

Finalmente, está claro que la implementación del Estado paritario en América Latina es un paso inevitable, un paso para garantizar la evolución y permanencia de la democracia. De igual forma, es bueno recordar que el Estado paritario viene de la mano de un conjunto de pasos que garantizan la permanencia y efectividad del mismo, alguno de estos pasos son la educación, la formación y la concientización de las mujeres.

Referencias

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Candela, M. (2002). Panel “Democracia paritaria, recorrido histórico y planteamiento actual” en el seminario Hacia una democracia paritaria: análisis y revisión de las leyes electorales vigentes, organizado por la Coordinadora Española para el Lobby Europeo de Mujeres (CELEM). Recuperado de http://www.celem.org/prog_europeos/mujeres_ciudadanas2000/libro_demo/capitulo%20i.pdf

Cobo, R. (1999). Democracia paritaria y sujeto político feminista: Revista Anales de la Cátedra Francisco Suárez. Recuperado de http://www.ugr.es/~filode/pdf/contenido36_2.pdf

Duarte, I. y Hasbún, J. (2009). Mujer y política en la República Dominicana: consensos y disensos entre las líderes y la ciudadanía. Santo Domingo: Editora Ortega.

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